Muchas veces en la guerra se combate por una bandera y cientos se juegan la vida por un escudo. Hay otras banderas, y otros escudos, diseñados específicamente para que no sean atacados y pretenden ejercer el lado “humano” de la guerra.
Según el Derecho Internacional Humanitario, esos símbolos humanitarios no pueden ser utilizados por los bandos en confrontación ni mucho menos para engañar al enemigo e infringirle daño. Es decir: hay un acuerdo en que no todo se vale en la guerra y que ambas partes acatan unas mínimas reglas de juego.
¿Ocurre todo lo anterior en Colombia? Veamos. Las reglas están diseñadas para la guerra, es decir, para la confrontación de dos ejércitos que disputan un territorio o que pretenden demostrar el mayor poderío después de agotadas las instancias diplomáticas, es decir, citando a Carl Von Clausewitz, “la guerra es la continuación de la política por otros medios”.
En Colombia no existen dos ejércitos enfrentados, así los áulicos del terrorismo pretendan seguir vendiendo esa idea: hay un Ejército legal que combate a un grupo de individuos que detrás de una máscara política, se esconden para delinquir y cometer actos de terror. El aparato militar de las Farc, así intente seguir ostentando el apellido de ejército del pueblo, es una banda desesperada por llamar la atención y hacer exhibiciones de fuerza que dejen una imagen –siempre sangrienta- de que siguen vigentes. Y como no son un ejército, pues tienen que recurrir al terrorismo que requiere un menor número de unidades, no confronta al enemigo, es relativamente más barato y causa un enorme impacto en la ciudadanía.
Así las cosas, si las Farc no son un ejército y están dedicadas a conseguir éxitos de imagen a partir de la siembra del terror, pues no se puede hablar de guerra sino de una persecución de los organismos del Estado contra una banda terrorista. Esta situación es particularmente crítica, pues no existen normas, ni tratados, ni acuerdos para combatir al terrorismo y sus nuevas expresiones y hasta ahora el mundo está intentando ponerse de acuerdo en el concepto de terrorismo. Si todavía no se ha logrado un consenso ni siquiera en este aspecto básico, mucho menos se puede aspirar a reglas y marcos de acción en el combate contra esta forma de agresión a la sociedad.
De otro lado, la persecución contra las Farc se ubica en el terreno de la seguridad y no en el de la defensa, es decir, se rige por las normas de acción policial en el marco de una amenaza criminal contra la ciudadanía.
En Colombia, por cuestiones de presupuesto y otras consideraciones, la línea que divide la seguridad y la defensa se ha desdibujado y por tal motivo, las Fuerzas Militares han asumido tareas de seguridad para respaldar las labores de la Policía Nacional. Esto significa que nuestro país ha concentrado la mayor parte de recursos en el tema de seguridad –enfrentar amenazas internas- y ha dejado de lado el de defensa –salvaguardar la soberanía nacional- al punto de depender de la buena fe de los vecinos y de la solidaridad de otros en caso de algún abuso en las fronteras.
Esta situación conduce a equívocos como el que estamos presenciando por el uso de un peto de la Cruz Roja en una operación humanitaria que realizó el Ejército para rescatar a 15 secuestrados que estaban en poder de las Farc. Esa tarea no se puede inscribir bajo ninguna circunstancia en una operación militar de guerra sino en una acción humanitaria para arrebatar a unos secuestrados de las manos de una banda de criminales y narcotraficantes y no de un ejército como las Farc y sus secuaces quieren ser reconocidos.
A lo anterior se suma la ignorancia que existe sobre las labores de inteligencia, cuyas acciones siempre se desarrollan con engaños, generación de confianza para salvaguardar la integridad de los operadores de campo y conseguir el objetivo con la mayor limpieza posible, pero con la convicción de que en toda operación de inteligencia hay puntos oscuros que se ejecutan al límite de la legalidad.
Otro aspecto importante de la aplicación del DIH tiene que ver con la aceptación de las normas por parte de los dos bandos enfrentados. Desde la edad media, los caballeros acordaban las reglas que regían los combates y las guerras se desarrollaban acatando dichas normas, pues de por medio estaba el honor de los ejércitos en disputa. En cualquier caso, si uno de los bandos violaba las reglas, además de la deshonra, se abrían las puertas para que el otro ejército desatendiera los acuerdos.
El Estado, y sus Fuerzas Armadas, nunca podrán equipararse a una banda criminal como las Farc. De hecho exigir que el Estado cumpla con las normas del DIH es reconocer la superioridad moral de las Fuerzas Armadas. Es más: aquellos que ven a las Farc como un ejército en guerra y que exigen que solo el Estado acate el DIH, también están reconociendo esa superioridad sobre una banda que siempre ha considerado al DIH como una “creación de la burguesía” a la que tanto repudian.
Sin embargo, en el terreno práctico, la exigencia del acatamiento de las normas del DIH solo por parte del Estado, pone en desventaja a las Fuerzas Armadas y por ende a la población que están defendiendo de la amenaza. Los mismos que hoy se rasgan las vestiduras por la utilización del emblema del CICR en la operación humanitaria de rescate de los secuestrados, han guardado un silencio cómplice frente a las constantes violaciones que han cometido las Farc contra dicho emblema. ¿Cuántas ambulancias han sido atacadas por las Farc? ¿Cuántos civiles y uniformados han sido asesinados al interior de vehículos que portaban emblemas de misión médica? ¿Acaso Alan Jara no fue secuestrado cuando se desplazaba en un campero señalizado con los emblemas de Naciones Unidas?
Aquellos que pretenden darle estatus de beligerancia y de ejército del pueblo a las Farc no son coherentes, pues el camino de ese reconocimiento pasa necesariamente por el acatamiento de las normas del DIH y como saben que las Farc, en su demencia, no aceptarán acogerse a esas reglas, entonces se centran en la presión y en la crítica al Estado para conseguir una ventaja estratégica a favor de la banda criminal.
De igual forma, mienten descaradamente los que argumentan que la utilización del emblema pone en riesgo a las víctimas, pues las Farc no han permitido ni siquiera las misiones médicas de la Cruz Roja para verificar la situación en la que se encuentran los secuestrados. Tampoco las Farc han considerado a la Cruz Roja como un mediador válido y en muchas ocasiones los terroristas han utilizado a los funcionarios del organismo humanitario como idiotas útiles.
Así las cosas el reclamo sobre el uso del emblema y el acto de contrición del gobierno es válido para evitar presiones internacionales innecesarias, pero si se trata de salvar la vida de uno o varios de los más de 700 secuestrados que tienen las Farc en su poder, esas presiones serán un mal necesario en aras de conseguir la libertad de centenares de colombianos que nunca debieron padecer la tortura del secuestro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario