El Mugabe de América Latina

Por Carlos F. Chamorro*

El Tiempo, Bogotá

Febrero 15 de 2009

 

Como miles de nicaragüenses, voté para elegir alcalde de Managua en las elecciones locales del pasado noviembre. Después de votar, las autoridades de mi jurisdicción depositaron una copia del certificado de los resultados en la puerta de la Junta Electoral, que registraba 155 votos para el candidato de la oposición, 76 votos para el candidato del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) y dos para otros candidatos.

Al día siguiente los resultados de mi junta no se incluyeron en el sitio de Internet del Comité Supremo Electoral (CSE) con los resultados de Managua, y se adjudicó la victoria al candidato del FSLN.

Descubrir esto llevó meses, pero lo mismo sucedió en otras 660 juntas locales: cerca de 120.000 votos –el 30 por ciento del total– nunca se hicieron públicos. Si se hubieran contado los resultados de estas juntas, la oposición habría ganado la alcaldía de la capital por un amplio margen. Este mes asumieron los nuevos alcaldes sin que la comisión electoral (CSE) hiciera públicos el 100 por ciento de los votos, una violación abierta de la ley electoral nicaragüense.

El mismo modus operandi tuvo lugar en todo el país, afectando a más de 40 municipalidades. A pesar de las quejas ante la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, cámaras de comercio y partidos políticos, el CSE negó un recuento de los votos o un escrutinio por parte de observadores imparciales.

Y, cuando los ciudadanos protestaron de forma pacífica, el gobierno recurrió a la violencia para refrenarlos.

El gobierno del FSLN se proclamó ganador en 109 de las 153 municipalidades.

Esto culminó un proceso de fraude electoral iniciado cinco meses antes con la suspensión del carácter legal del opositor Partido Conservador y el Movimiento de Renovación Sandinista, un rival del FSLN del presidente Daniel Ortega. Los observadores nacionales e internacionales se vieron impedidos de monitorear la elección hasta último momento.

Hasta noviembre, Nicaragua iba camino de desarrollar una tradición electoral saludable, respaldada por altos niveles de participación. Irónicamente, la apertura democrática comenzó con Ortega, quien sin buscarlo inauguró una era de competencia electoral cuando perdió poder en 1990. Pero las elecciones locales robadas del otoño pasado retrotrajeron al país a 50 años atrás, a los tiempos de la dictadura de Somoza.

La política en Nicaragua se deshilacha peligrosamente. ¿Por qué Ortega decidió robar las elecciones municipales, a pesar de los riesgos que este fraude implicaba para su gobierno? La única explicación posible es la necesidad de allanar el camino para su reelección como presidente, a cualquier costo. A diferencia de Chávez o Evo Morales, que llegaron al poder por elección mayoritaria, Ortega recuperó la presidencia de Nicaragua en 2007 a pesar de recibir sólo 38 por ciento de los votos en la primera ronda.

Superó el umbral de la mayoría gracias a un pacto que hizo con el ex presidente Arnoldo Alemán, alguna vez rival de Ortega, en la cárcel en ese momento por corrupción.

Después de dos años de mandato, Ortega necesitaba obtener una mayoría en las elecciones locales para imponer una reforma constitucional que le permitiera aspirar a un segundo mandato consecutivo. Si no hubiera ganado en la capital y las principales ciudades del país, habría tenido que reconocer el fracaso de su modelo político autoritario, que tampoco logró reducir la pobreza.

Ortega corrió el riesgo de cometer fraude electoral y ahora el país está pagando el precio. La UE suspendió una ayuda de 70 millones de dólares, mientras que la saliente administración de E.U. congeló 64 millones de dólares en asistencia, dejando la decisión final sobre qué hacer en manos de la nueva administración Obama.

Sin embargo, a pesar de su aislamiento internacional y su descrédito interno, Ortega de todas maneras renovó su pacto con Alemán para preservar su desgobierno. El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Alemán de los cargos de corrupción que lo habían enviado a prisión por 20 años. Una hora después, Alemán le devolvía el favor a Ortega con creces: sus representantes le dieron a los Sandinistas de Ortega control del Parlamento, poniendo fin a la parálisis legislativa causada por las protestas contra el fraude electoral. Al aliarse con las fuerzas de Alemán, Ortega sólo ganó tiempo para elaborar una respuesta ante el apremiante desastre económico originado por la recesión mundial. Pero perdió la batalla por la legitimidad política.

Para América Latina, hay pocos indicios de que el fraude electoral al estilo sandinista se esté propagando. Más bien, el caso de Ortega –a quien los europeos ya llaman el Mugabe de América Latina– parece ser una excepción. Y debería recordarse que los embaucadores electorales más recientes –Manuel Noriega de Panamá en 1989 y Alberto Fujimori de Perú en 2000– fueron expulsados del poder.

*Periodista, director del semanario Confidencial de Nicaragua © Project Syndicate, 2009