Seguridad nacional

Por Jorge H. Botero

El Colombiano, Medellin

27 de febrero de 2009

Las graves denuncias que, de nuevo, sindican al DAS de realizar tareas de espionaje ilegal a funcionarios judiciales, dirigentes políticos y periodistas, requieren la acción enérgica de la Fiscalía para establecer autores materiales e intelectuales de una actividad criminal de enorme gravedad. Sean cuales fueren los resultados de esas pesquisas, es evidente que estamos ante un mal endémico que no se resuelve con el cambio de su director, como ya se ha hecho otras veces sin resultados positivos; ni con la intervención de la Policía para establecer un grado mayor de control en las tareas de interceptación de comunicaciones, lo cual puede ser conveniente mientras se toman decisiones de fondo.

Porque lo que en realidad se requiere es una profunda reforma institucional que garantice, de un lado, que el Estado tenga la capacidad de recaudar información de buena calidad sobre eventos que puedan afectar la seguridad nacional, pero sin que esta actividad se convierta en una amenaza contra el legítimo ejercicio de la oposición, el funcionamiento autónomo de la Justicia y la libertad de prensa.

El DAS tiene a su cargo el desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Por supuesto, éstas tienen que ser las tareas de cualquier organismo que recaude y analice información sobre asuntos atinentes a la seguridad del Estado. Pero tiene, además, un conjunto de tareas que no hacen parte de este cometido principal. Me refiero al control migratorio de nacionales y extranjeros; al ejercicio de funciones de investigación criminal, compartidas con la Fiscalía sobre los delitos que afectan la seguridad nacional; a la preservación de los registros delictivos y, en consecuencia, a la expedición de certificados judiciales; a la actuación como enlace ante los organismos de policía internacional (Interpol); y a la prestación de servicios de seguridad a altos funcionarios del Estado.

La comisión creada por el Gobierno a fines del 2005 para analizar la reforma de la institución puso de presente la necesidad de fortalecer las tareas de inteligencia, en función de lo cual produjo recomendaciones sensatas, tales como mejorar los servicios de capacitación del personal dedicado a la investigación, una continua evaluación de la calidad del recurso humano y la rigurosa profesionalización de la carrera. Sin embargo, se abstuvo de proponer reformas radicales. Por el contrario, sugirió mantener las funciones actuales en el DAS, salvo la prestación de servicios de escolta con una importante restricción; la seguridad de los altos funcionarios del Estado debería continuar en cabeza suya. No lo dijo, pero lo deduzco, que consideró que la preservación de ese conjunto de funciones en la misma institución genera sinergias para el cumplimiento del cometido esencial: la producción de "inteligencia". Los recientes escándalos enseñan que esa tímida estrategia ha fracasado. La "Central de Inteligencia", que como consecuencia del desastre actual habría de crearse, implica desplazar hacia otras entidades todas las funciones que no hagan parte de este cometido esencial, así: las de policía judicial a la Fiscalía General; y todas las demás, a la Policía. Por supuesto, estableciendo buenos mecanismos de cooperación interinstitucional.

Cuando la Comisión que he mencionado produjo su reporte, menos del 15% del presupuesto y menos del 12% del personal se dedicaba a labores de inteligencia. Hay, pues, amplio espacio, para crear una entidad más pequeña -más fácil de manejar y supervisar- dedicada, de modo exclusivo y profesional, a las tareas de inteligencia.