"Chuzadas" de primera

Por Fernando Londoño Hoyos

El Tiempo, Bogotá

Febrero 26 de 2009

 

El grotesco espectáculo que montó la revista Semana, a propósito de supuestas interceptaciones telefónicas que le filtró en exclusiva un ex detective del DAS que no da su nombre, no vale la pena. Lo que sí la vale es el escándalo mayúsculo que alrededor de esa trama se produjo en el mundo, como quiera que el mundo entero resolvió creer, a pie juntillas, lo que dijo la revista, y lo que a la revista le dijo su encapuchado informante.

La unánime indignación que las supuestas interceptaciones causaron entre la oposición al Gobierno es un manifiesto acto de fariseísmo. Porque los quejosos de hoy han sido enteramente impasibles ante hechos similares, con lo que queda claro que las 'chuzadas' no los indignan, sino que los indigna el ser 'chuzados'.

En el capítulo III de nuestro libro Con licencia para hablar, que hace rato pasó de su cuarta edición, publicado en el ya lejano 2004, denunciamos que el procurador general de entonces, Edgardo Maya Villazón, era campeón en eso de oír ilegalmente las llamadas de sus enemigos personales o políticos. Las pruebas corren entre las páginas 92 y 103 de la obra, y consisten en documentos cuya autenticidad nadie pudiera refutar. Pues silencio en las barras. No hubo una sola de las plañideras de hoy que censurara a Maya, o lo que Maya hacía abusando de su cargo de Procurador. Al parecer, nadie estaba dispuesto al riesgo de no ser invitado al próximo Festival Vallenato, o al de sufrir trato similar al comprobado. Tampoco dijeron los quejosos de hoy una palabra de la noticia que difundimos y probamos sobre la compra ilegal de costosos equipos para interceptar telefonía celular, perfeccionada desde la Procuraduría.

Pasaron los años. Y en octubre del pasado, fuimos sorprendidos con el lanzamiento al aire, desde Noticias 1, el informativo de Daniel Coronell, de una conversación privada nuestra con el general (r) Rito Alejo del Río, sobre tema periodístico de gran interés para la audiencia ávida de saberes sobre el modo como se maltrata a los negros de Urabá y del Chocó. Nadie dijo nada, ni siquiera cuando acudimos ante el Fiscal General de la Nación para exigir la protección de nuestros derechos y el castigo de los delincuentes, que fueron los que nos grabaron y los que usaron la grabación.

Se comprenderá lo poco que nos conmueven las lágrimas de cocodrilo de las supuestas víctimas de hoy, las mismas que nada se conmovieron con los crímenes de ayer. Por donde deducimos que, para ellas hay categorías entre las 'chuzadas', reservándose la primera, en exclusiva, para las que puedan afectarlas. El silencio del Fiscal, que también intercepta teléfonos sin orden previa, y el de la propia Corte Suprema de Justicia, que tampoco lo hace mal en la materia, nos traen al mismo llanito: lo que importa no es el delito, sino el que lo sufre.

Pero queda lo peor. Y es que nadie ha demostrado que las interceptaciones se hicieron. De modo que estamos en manos, o en boca, de un informante anónimo, que por lo mismo nada vale. Lo demás es teatro y del peor. El CTI corriendo desalado por los pasillos del DAS, buscando una evidencia que el informante secreto tuvo la precaución de advertir que estaba borrada, es una mala parodia de Ionesco. Con lo que nadie podrá demostrar el delito, ni su inexistencia.

Así probado, tanto para la ingenua tribuna y hasta para el candidote director del DAS, que ese organismo copia llamadas, por el dicho incontrovertible de un testigo que se guardará entre las sombras de la 'fuente' periodística, solo queda demostrar la responsabilidad del hecho. Que por supuesto es del Presidente, el Fujimori de la oposición. O de su Montesinos, o de ambos. La prueba en contrario es ontológicamente imposible, porque nadie puede demostrar que no hizo lo que nadie hizo. Y asunto concluido.