lunes, 23 de febrero de 2009

¿Entregas reales o ficticias?

Por Eduardo Pizarro Leongómez

El Tiempo, Bogotá

Febrero 23 de 2009

 

El ex jefe de las Auc debe precisar qué bienes devueltos se han deteriorado.

En el mes de noviembre del 2008, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso le envió una carta al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. En esta carta, Mancuso, tras reconstruir el itinerario que lo condujo de la cómoda vida de hacendado a la guerra y de esta a la firma de los acuerdos de Santa Fe de Ralito y la desmovilización de sus dos bloques (Catatumbo y Norte), reafirma su voluntad de continuar colaborando desde Washington con la Ley de Justicia y Paz. Es más, sostiene que continuará no solamente revelando la verdad, sino entregando bienes para la reparación de las víctimas.

La semana pasada afirmó, sin embargo, que su voluntad de entregar bienes enfrentaba dos barreras: por una parte, la ausencia de voluntad de distintos funcionarios del Estado para recibirlos y, por otra, la incapacidad del Estado para administrar estos bienes, lo cual conducía a su rápido deterioro patrimonial. Es decir, que él entregaba un bien evaluado en un valor X y al cabo de un tiempo valía Y, una cifra muy inferior.

Cuando un grupo de periodistas me preguntó esta semana qué opinaba sobre estas declaraciones reaccioné molesto. Le pedí al jefe extraditado de las Auc que respondiera tres preguntas. Primero, qué bienes precisos estaba ofreciendo. Segundo, qué funcionarios del Estado se mostraban renuentes a recibirlos. Y tercero, qué bienes entregados en el pasado habían sufrido detrimento patrimonial y cuáles eran los funcionarios responsables de este hecho.

Mi argumento era que los jefes paramilitares no pueden continuar entregando bienes ficticios a través de los medios de comunicación y generar la impresión de una voluntad de cooperación con la justicia que choca con la desidia del Estado. Lo cierto es que, actualmente, el Fondo de Reparación de las Víctimas que administra la Agencia Presidencial para la Acción Social dispone de bienes entregados voluntariamente por un valor de 25.000 millones de pesos. Esta cifra puede multiplicarse por diez o más cuando los bienes en posesión de la Dirección Nacional de Estupefacientes extinga el dominio de otras propiedades y traslade estos bienes al Fondo de Reparación.

En plata blanca: los jefes desmovilizados han hecho una entrega muy insatisfactoria de bienes al Fondo de Reparación. Y el sueño de la mayoría de los colombianos es que la reparación se haga fundamentalmente con los bienes de las Auc, el Eln y las Farc (es decir, con los bienes de los victimarios) y no con los impuestos de los ciudadanos.

En Chile y en Argentina -dos de los pocos países en los cuales ha habido una política de reparación decorosa-, la reparación se hizo con los recursos del Estado. Los bienes de los victimarios no fueron perseguidos. Incluso, estos, en su inmensa mayoría, 20 o 30 años después del tránsito a la democracia, no han sido siquiera juzgados.

El mayor aporte de Colombia a la justicia internacional ha sido la obligación impuesta a los victimarios para reparar a sus víctimas con sus bienes de origen ilegal e, incluso, legal. Por ello, no podemos desfallecer en la lucha para la entrega voluntaria de estos bienes o, en su defecto, en la acción decidida de las autoridades para detectar a los testaferros que los controlan.

Por ello, es importante que Salvatore Mancuso le aclare a la opinión pública qué bienes ha ofrecido y qué autoridades los han rechazado o los han administrado de manera irregular. Esto nos permitiría, de ser cierto, introducir correctivos en las agencias responsables, enriquecer con nuevos recursos el Fondo de Reparación e, incluso, el fondo de tierras para la población desplazada y dispuesta a retornar al campo.

Lo que es inaceptable es hacer entregas ficticias a través de los medios. Debemos pasar de las denuncias en abstracto a las denuncias en concreto. Por ello, yo le demando a Mancuso que, título en mano, nos muestre estas supuestas propiedades que ha ofrecido y las autoridades negligentes que las han rechazado.

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