Por: Libardo Botero C.
Publicado en: http://debatenacionalconaltura.blogspot.com/
Febrero 11 de 2009
Se ha vuelto recurrente que cuando se avecinan ciertos eventos en nuestras relaciones internacionales algunos críticos inveterados despliegan su arsenal de invectivas y despropósitos. Esta semana se están iniciando las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea, a la vez que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU adelantará una sesión este jueves sobre la violencia contra promotores de derechos laborales en Colombia. Motivo propicio para que Claudia López –en su columna de El Tiempo de ayer 10 de febrero*- se ocupe de repetir conocidas muletillas sobre la situación laboral en Colombia, con el ánimo de impactar negativamente en dichos escenarios, muy seguramente.
No es que no existan dificultades y problemas en este frente en nuestro país, como en tantos otros. Pero hay una deliberada tendencia de algunas personas a resaltar cifras viejas a conveniencia, desconocer los avances, ocultar informaciones relevantes. Como con la honra de las personas ocurre en estos terrenos que es demasiado fácil crear suspicacias o deformaciones, mientras que desmentirlas es una labor dispendiosa. Vamos a procurar, en todo caso, en el corto espacio de unos párrafos esclarecer algunas de las tendenciosas afirmaciones allí lanzadas.
Avances notorios en protección a sindicalistas
Examinemos antes que nada el problema de la violencia contra sindicalistas. Partamos, como premisa, del sustancial avance de Colombia en la reducción de la violencia en general durante los últimos años. Desde finales de la década pasada y hasta hace unos seis años éramos el país con la más alta tasa de homicidios del Continente y una de las más elevadas del mundo, bordeando los 70 homicidios por cien mil habitantes. Hoy esa tasa se ha reducido a menos de la mitad, llegando a 33 homicidios por cien mil habitantes en 2008, el mejor resultado en los últimos 30 años. Hemos pasado del primero al sexto lugar en tasa de homicidios en el Continente, por debajo de El Salvador, Jamaica, Guatemala, Venezuela y Honduras, y es previsible que sigamos bajando en esa escala. De ser también por aquellas épocas el país con mayor número de secuestros en el Hemisferio y el mundo, hemos pasado al sexto lugar y todo indica que seguiremos mejorando en esta materia. Afirmar que el Estado es uno de las fuentes de la violencia es un infundio grave; por el contrario, el Estado ha sido el artífice de este mejoramiento ostensible del clima de seguridad en el país.
En ese marco debe analizarse la violencia contra los sindicalistas. Aquí debemos considerar que se ha estigmatizado demasiado, y con falacias evidentes, a Colombia. Conocidas ONG, algunas centrales obreras locales y extranjeras, ciertos intelectuales y políticos, han ayudado a crear esa imagen deformada. Su consigna principal es que Colombia es el país más peligroso del mundo para el ejercicio del sindicalismo. Y empiezan por repetir la cifra de sindicalistas asesinados desde 1985, extraídos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), cuyo número ascendería a un poco más de 2.500 sindicalistas. O a lanzar afirmaciones temerarias como la de Claudia López en su artículo, cuando asevera que una “tercera parte de esas violaciones, incluyendo 482 homicidios, han ocurrido en los seis años de gobierno del presidente Uribe”.
Decantando las cifras encontramos otro panorama. De acuerdo con la misma ENS el número de sindicalistas asesinados fue 237 en 1995, 275 en 1996, 182 en 1997, 101 en 1998, 80 en 1999, 137 en 2000, 197 en 2001 y 186 en 2002 (Uribe asumió en agosto). A partir de allí las cifras son las siguientes, según el Ministerio de Protección Social (las de la ENS son un poco más altas, pero a veces incluyen personas que no eran sindicalistas): 101en 2003, 89 en 2004, 40 en 2005, 60 en 2006, 26 en 2007, 38 en 2008. Es obvio que la tendencia es a la reducción drástica y sostenida de dichos homicidios; y si bien hubo un rebrote excepcional la primera mitad del año pasado, que elevó el número total de 2008, durante los últimos seis meses la reducción ha sido aún más acentuada que en los años anteriores. Y cualquiera que sepa aritmética encontrará que es mentira que la “tercera” parte de los homicidios de sindicalistas desde 1985 se han presentado durante los dos gobiernos de Uribe: tratándose de 7 años, casi la tercera parte del período, no ascienden a más del 15% del total, mucho menos de la sexta parte.
Sea este el momento de manifestar también lo siguiente: no existe en el mundo ninguna fuente fidedigna conocida que lleve el registro de sindicalistas asesinados país por país, para aseverar que el nuestro ostenta el campeonato en la materia. La Central Sindical Internacional (CSI) publica anualmente un registro de sindicalistas asesinados, de acuerdo con información de sus federaciones afiliadas, y de allí podría deducirse que tenemos la más alta cifra en el orbe. Pero en la mayoría de los países lo que se lleva es un registro de asesinados por su actividad sindical, sin que exista una entidad especializada en recopilar esa información como lo hace entre nosotros la ENS. Sin embargo, es conveniente puntualizar que cuando se habla de sindicalistas asesinados no lo son necesariamente por ser sindicalistas. Aquí hay una confusión que alimentan los magnificadores de este asunto en el caso colombiano. En un porcentaje importante son personas asesinadas por otras causas, ligadas en buena medida a la barbarie de los grupos armados ilegales, cuando no a problemas personales, de delincuencia común u otros. Es más, partiendo de que numerosos países ostentan tasas de homicidios altas –mayores o similares a las nuestras- y varios de ellos también mayores tasas de sindicalización que nosotros, simplemente por estimación matemática puede colegirse que pueden tener mayor número de afiliados a sindicatos asesinados que nosotros.
Los críticos de marras se han ideado una estratagema para sostener que bajo el gobierno actual persisten encumbradas tasas de violaciones de derechos a sindicalistas, o que se han elevado más, como la señora López repite sin ruborizarse a sabiendas de que es una deducción arbitraria. Me explico. Por “violaciones” incluyen diversas categorías, que van desde homicidios y torturas, hasta desplazamiento forzado, amenazas, hostigamientos y otros. Pues bien, en varios de estos rubros, confiesa la misma ENS, antes del gobierno actual la información era escasa porque la gente no denunciaba por temor. Situación que se ha superado gracias a la política de seguridad vigente. En el caso de “desplazamiento forzado”, por ejemplo, explica que “no era tan visible en años anteriores tras el temor de las víctimas a denunciar su situación de desarraigo forzado” (ENS, Cuaderno de Derechos Humanos, No. 20, p. 8). En esa sola categoría, por ejemplo, se pasó de 7 casos registrados en 2006 a 101 en 2007. Únicamente la categoría de “amenazas” durante el gobierno de Uribe suma 1.573 casos de un total de “violaciones” de 2.765. La misma ENS, con el ánimo de ensombrecer la caída radical de asesinato de sindicalistas, establece la curiosa teoría de que el problema sigue igual de grave porque esa forma de violencia ha sido reemplazada por otras: “la tendencia del asesinato de sindicalistas mutó en otras formas de violencia durante el año 2007, como el incremento de desplazamientos forzados, los allanamientos ilegales, los atentados, las detenciones arbitrarias y la persistencia del nivel de amenazas” (Ibid., p. 8). Podría sonar fuerte esta pregunta, pero no resistimos la necesidad de expresarla: ¿si los asesinatos “mutaron” en amenazas, no hay allí un avance?
Otra faceta del asunto tiene que ver con los autores de crímenes contra sindicalistas. Claudia López –al igual que no pocos detractores de nuestras instituciones y gobernantes- lo establece de manera tajante: “en Colombia ha existido una práctica gubernamental y empresarial obstructiva, e incluso violenta, contra el sindicalismo”. Gobierno y empresarios son los causantes, para ellos. Gravísima acusación. No solo sin fundamento, sino que oculta el hecho fehaciente de que los crímenes contra la vida de los sindicalistas, al menos los que han sido develados, tienen unos responsables claros: los paramilitares y la guerrilla. Fue la segunda la que inició la racha criminal con el asesinato por el M-19 de José Raquel Mercado, en los años setenta del siglo pasado. Como la ENS misma lo reconoce, una tercera parte, más o menos, de los sindicalistas asesinados desde 1985 lo son de Sintrainagro (sindicato bananero de Urabá): de acuerdo con estudio de DDHH de la Vicepresidencia, más de dos tercios de esos crímenes fueron cometidos por las FARC. Estamos hablando, según la ENS, en el caso de Sintrainagro, de 844 trabajadores bananeros asesinados, de los cuales más de 500 habrían sido ejecutados por las FARC. Las estadísticas de la misma ENS ratifican dos hechos cruciales: uno, que un alto porcentaje de los crímenes no tienen autor conocido, por lo cual es aventurado establecer responsables (talvez el 80%); y dos, que en aquellos casos en que se conoce o presume autoría, más del 95% corresponde a paramilitares y guerrilla, y los atribuibles a agentes estatales o a empresarios no alcanzan al 5%.
Nos atrevemos también a discrepar de la señora López cuando afirma que “ser dirigente sindical en Colombia, en particular de la CUT, incrementa sustancialmente el riesgo de ser asesinado”. Extraña conclusión si se observa que -como ella lo reconoce en su escrito- talvez la tasa de homicidios más baja del país por sectores sociales es la de los sindicalistas: apenas 6 por cien mil, frente al promedio nacional de 33 por cien mil, o a la de policías que asciende a 86 por cien mil. No es difícil calcular la de concejales, jueces, indígenas, ganaderos, comerciantes u otros sectores sociales, para comprobar que, por el contrario, la probabilidad más baja de ser asesinado en Colombia es la que acompaña a los sindicalistas. Alfredo Rangel, especialista en la materia, sitúa más baja la tasa de los sindicalistas, en 4 por cien mil, al nivel de la tasa de homicidios de los países más seguros del mundo, como los del norte de Europa (El Tiempo, “Contra Obama y Vivanco”, 19 de octubre de 2008). Lo que sí nos asombra es la tasa que atribuye la señora López a “dirigentes” sindicales, de 48 por cien mil, como sacada de un cubilete mágico. De acuerdo con la misma ENS los dirigentes asesinados en 2006 fueron 12 y en 2007 fueron 10. Pues bien, en Colombia para 2005 estaban reportados 2768 sindicatos, y cada uno debe contar con unos 12 líderes (junta directiva y encargados de reclamos), a lo cual deben sumarse los directivos de federaciones, confederaciones, subdirectivas de sindicatos nacionales, etc.: de suerte que pueden bordear los 35.000. La tasa de homicidios resultante sería, aplicando una sencilla regla de tres, inferior a la nacional para esos dos años.
No menciona la articulista un hecho protuberante: los líderes sindicales son el sector más protegido en Colombia por el Estado. De un poco menos de 10.000 personas que gozan de esquemas de seguridad en el país, casi 2.000 son sindicalistas, y el 30% de los recursos presupuestales de ese rubro se destinan a ellos. Pero lo más importante y contundente es esto: en los últimos siete años en Colombia, ni un solo dirigente sindical protegido por el Estado ha sido asesinado. ¿De dónde acá es el Estado la fuente de riesgo para la vida de los sindicalistas?
La impunidad ha sido otro de los fenómenos más comentados en el caso colombiano, razón por la cual merece cierto análisis. Se reitera permanentemente que más del 95% de los crímenes sigue sin esclarecer y que el Estado patrocina semejante aberración. Empecemos por decir que desde hace casi tres años, en el marco de la Conferencia anual de la OIT, se firmó un pacto tripartito (gobierno-empresarios-trabajadores) para abrir una oficina del organismo internacional en el país, que vigilara los procesos judiciales contra asesinos de sindicalistas entre otras funciones. Esa labor se ha venido cumpliendo, lo mismo que el apoyo del gobierno con recursos a la Fiscalía: 126 personas están destinadas a esta labor, entre ellas 19 fiscales. Los sindicatos se comprometieron a vigilar el proceso y aportar las listas de sindicalistas asesinados para que la Fiscalía asumiera su investigación. Pese a que se habla insistentemente de 2.694 asesinados en 23 años, a la unidad respectiva de la Fiscalía solo se le han asignado 1.297. Los resultados no son despreciables: mientras en el período que va de 1986 a 2002 se cometió cerca del 85% de los asesinatos registrados, solo se produjeron 7 sentencias condenatorias; durante los dos gobiernos de Uribe, entre 2002 y 2008, se han producido 166 sentencias condenatorias en 126 casos, con 233 personas condenadas y 159 privadas de la libertad, según información a diciembre 31 de 2008. Luego insistir en que sigue la impunidad, alegando que más del 90% de los crímenes no ha sido aclarado ni castigado es una deformación. Claro que la mayoría de los homicidios se cometieron hace muchos años y es difícil su esclarecimiento. Pero se está haciendo un gran esfuerzo con resultados cada vez más palpables.
Derecho de asociación
Menciona también la señora López el descenso de la tasa de afiliación sindical, atribuyéndolo a intransigencia gubernamental y empresarial. Sin descartar que existan casos de esa índole, que los hay, no atina en la explicación del fenómeno. En primer término, durante décadas, incluyendo el período de “la Violencia” de los años 50 del siglo pasado, o las décadas de los sesentas y setentas, esa tasa creció significativamente, sin que podamos decir que nuestros gobiernos y empresarios de entonces fueran mejores o peores que ahora. Basta repasar las declaraciones sindicales de aquella época para encontrar la misma monserga contra unos y otros, con las mismas sindicaciones de hoy día. Valdría la pena investigar mejor el fenómeno para no extraer conclusiones apresuradas.
En segundo término, no es un fenómeno colombiano exclusivamente, sino universal. Hay un debilitamiento ostensible de la afiliación a los sindicatos en las mecas del movimiento obrero, Europa y Estados Unidos, lo mismo que de la contratación colectiva, en virtud de causas complejas entre las cuales se mencionan por los especialistas sobre todo el cambio científico y tecnológico y la globalización. Algunos han postulado la tesis de que buena parte de ese debilitamiento obedece a que el movimiento sindical no ha evolucionado y sigue atado a viejos esquemas, inflexibles y ortodoxos. Una reflexión sobre este particular: entre 1995 y 2005 el número de afiliados a los sindicatos en Colombia se mantuvo casi idéntico (lo que bajó fue la tasa de afiliación), pero la fuerza laboral creció significativamente, ¿no hubo, en buena medida, incapacidad del sindicalismo para atraer a las nuevas generaciones de asalariados a sus filas?
En tercer lugar, advirtamos algo singular. De los 830 mil sindicalistas colombianos, más de 500 mil son del sector público. Si tenemos en cuenta que en éste laboran apenas un poco más de un millón de personas, la tasa de sindicalización obviamente debe estar por encima del 50%, un porcentaje envidiable. Por la misma razón, la dirigencia sindical dominante en las centrales obreras es la del sector público, la que precisamente más agita contra la baja tasa de sindicalización. ¿No convendría que reflexionaran sobre su papel histórico en el abandono de los trabajadores del sector privado? No es difícil, por ejemplo, encontrar acontecimientos históricos que pueden haber afectado esta tendencia. En 1993, cuando se aprobó la Ley 100 para reformar la seguridad social, ajustando la cotización y otras variables del sistema pensional a fin de hacerlo sostenible, la cúpula sindical le dio pase a la reforma a cambio de que se excluyera al sector público y los sacrificios se cargaran a los trabajadores del sector privado. ¿No se sacrificó de esa manera la suerte del sindicalismo del sector privado, en los altares del sindicalismo del sector público?
La contratación laboral
En cuanto a la contratación laboral, la señora López se concentra en el tema de la llamada “desregulación”. Es cierto, este es un fenómeno acusado, que se acentuó con la crisis económica de finales de los noventa y comienzos de este siglo. Pero yerra la señora López, al parecer por ignorancia, cuando afirma que “la legislación laboral se modificó para (…) exigir la existencia de un contrato laboral como requisito para pertenecer a un sindicato”: no se ha modificado en eso nuestra legislación, puesto que siempre esa ha sido la condición sine qua non para hacer parte de un sindicato y poder acceder a la contratación colectiva. Ni es malo, sino todo lo contrario.
Capítulo aparte merece el tema de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). Es bien conocido que algunas (no todas) han sido instrumento para una intermediación laboral que escape a las normas del código del trabajo y permita explotar descaradamente vastos núcleos de trabajadores. Aunque no sea la causa única, una de las que impulsó a muchos empresarios a adoptar esta forma de vinculación extra-laboral fue la intransigencia de no pocos sindicatos en acomodar viejas conquistas laborales a las nuevas realidades de la producción, y en particular en períodos de crisis y fuerte competencia externa. ¿Cuántas empresas se han cerrado por la intransigencia sindical en nuestro país? Podríamos enumerar varias decenas. Como, en sentido contrario, podríamos destacar que un sindicalismo responsable en otros casos ha logrado superar a dirigencias gremiales y propuestas anquilosadas para salvar empresas emblemáticas del país, como los conocidos casos de Paz del Río o Coltejer.
Pero peca en materia grave la señora López cuando da a entender que en el país se ha modificado la legislación laboral para impulsar la intermediación laboral a través de las CTA. Todo lo contrario. El año pasado el Congreso, a instancias del Ejecutivo, aprobó una ley que prohibe ese tipo de intermediación y pagar salarios por debajo del mínimo, a la vez que obliga a las CTA a afiliar a los trabajadores (o asociados) a todo el sistema de seguridad social. Se trata de la Ley 1233 de julio 22 de 2008, que modificó y complementó el Decreto 4588 de 2006, que había establecido las primeras estipulaciones en esa dirección. Habrá que hacer esfuerzos importantes, sobre todo de concertación entre gobierno, empresarios y trabajadores, para que esta norma se cumpla a cabalidad; pero el marco legal está creado y es sumamente positivo.
Los derechos laborales no se han disminuido sino fortalecido en los últimos años. Una breve enumeración de otras normas nuevas lo patentiza. Empecemos por la Resolución 04448 de 2005, que prohíbe las peores formas de trabajo infantil, a tono con lo dispuesto por la OIT. Sigamos con el Decreto 657 de 2006, que reglamenta el contrato sindical, una de las formas de contratación colectiva prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, que puede cumplir un papel importante para responder a los retos de la modernización y la globalización. Está también el Decreto 4369 de 2006, que regula las Empresas de Servicios Temporales para, entre otros cometidos, evitar que sustituyan trabajo permanente. Resalta, igualmente, la Ley 1149 de 2007, llamada de oralidad en juicios laborales, que permite agilizarlos y hacerlos expeditos, según lo recomienda la OIT. Y finalmente, la Ley 1210 de 2008, que reforma el derecho de huelga, trasladando de las autoridades administrativas a las judiciales la ilegalización de las huelgas, y a empresarios y trabajadores la convocatoria de los tribunales de arbitramento, también por recomendación de la OIT.
Finalmente, la señora López pontifica sobre la relación del tema laboral con los acuerdos comerciales y da serios consejos a empresarios y gobierno, sobre todo para el caso de tratados con EEUU y la Unión Europea. “Las negociaciones comerciales deberían comprometer al Gobierno colombiano y a los empresarios nacionales y extranjeros”, sermonea, a que se contrate directamente a los trabajadores, se pague la seguridad social, y se permita la creación de sindicatos y negociaciones colectivas. Qué pena, señora López. Si usted revisa el TLC con los Estados Unidos, esas y muchas más condiciones ya fueron acordadas, y se establecieron sanciones por incumplimiento.
Como remate digamos algo que nos parece trascendental. Durante muchos años Colombia estuvo incluida en la que se ha denominado “lista negra” de la OIT, que incluye a los países que más violan los derechos laborales en el mundo. Desde hace casi tres años fuimos excluidos de esa lista, decisión que volvió a ratificar la OIT el año pasado, en atención a los significativos avances en estas materias en Colombia. ¿Por qué si la OIT -que es el máximo organismo internacional que vigila los derechos laborales- certifica de esa forma contundente nuestros avances, tenemos que seguir sometidos a las descalificaciones gratuitas de tantas personas y organismos especializados en la difamación y tergiversación de nuestra realidad?
* Ver: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudialpez/sindicalismo-y-libre-comercio_4804348-1
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