María Isabel Rueda
El Tiempo, Bogotá
Noviembre 29 de 2009
Igual de despistada estaba el 18 de agosto del 2007, cuando explotó este escándalo. El asunto pintaba, y lo sigue haciendo, como un 50-50. Y escribí en mi columna de Semana que si Arango Bacci resultaba inocente, quedaría gravemente en entredicho la credibilidad del ministro Santos y del comandante de la Armada, el almirante Barrera, por haber confiado en una información de inteligencia tan chimba. "¡Cuántas cabezas tendrían que rodar por ello!", dije. Pero, si resulta culpable, Arango Bacci no solo quedaría como un inmoral que prefirió botar por la borda el prestigio de la Armada colombiana, sino como "un estúpido por haberse mezclado con la mafia y dejado su huella como prueba". En ese entonces no oculté que por conducto del almirante Barrera había tenido acceso al recibo incriminatorio que contenía la huella supuestamente auténtica de Arango Bacci.
Dos años después, la Corte Suprema me ha llamado a declarar. En un comienzo me negué a hacerlo mediante una carta en la que expresé que lo que sabía del caso era producto del ejercicio de mi trabajo como periodista y que, por consiguiente, me amparaba el secreto profesional. La Corte no me aceptó la excusa alegando que sus preguntas se iban a basar en la columna publicada. Acudí entonces a ratificar lo que había escrito dos años atrás en la revista.
Pero lo que ha sucedido después con mis declaraciones en la Corte es el motivo de esta columna. El almirante Barrera se ha mostrado sorprendido ante algunos círculos por que yo hubiera revelado que, por su conducto, tuve acceso al recibo con la huella. Jamás habría cometido la falta de ética profesional de revelar mi fuente, por la cual me haría matar. Ese reclamo nunca me lo han hecho en 35 años de vida profesional. Tampoco tiene derecho de hacerlo el almirante Barrera, puesto que acudí a él en calidad de instancia institucional, no sometida a reserva alguna, como superior del almirante Arango Bacci. Él solo se limitó a mostrarme el documento, sin emitir un juicio de responsabilidad, pero evidentemente con gran preocupación sobre su eventual autenticidad. Cuando interrogué inmediatamente después al almirante Arango para escribir la columna que menciono atrás, le manifesté mi sorpresa por la existencia de una prueba tan torpe como la huella en un recibo de la mafia. Lo que hice ante la Corte fue ratificar exactamente lo que acabo de explicar.
Por su parte, el abogado del almirante Arango Bacci, el doctor Jaime Granados, ha pretendido convertir mi declaración en la prueba de que contra su defendido se fraguó un complot dirigido por sus superiores. No creo que de la actitud del almirante Barrera de responder el requerimiento profesional de esta periodista pueda deducirse ni lejanamente un ánimo de enlodar la carrera militar del procesado. Él no me buscó. Fui yo quien le pregunté por el recibo.
A ambas partes les voy a solicitar que no manipulen las declaraciones que di ante la Corte. Porque ni he violado la reserva de ninguna fuente, ni lo dicho por mí permite suponer que al almirante Gabriel Arango le tendieron una trampa sus propios superiores.
Ahora: si la huella fue sobrepuesta en el papel, según parece, lo dirá el dictamen judicial. Aunque tengo entendido que esa no es la única prueba que obra en el proceso, lo cual es evidente por la seguridad con la que el embajador de los Estados Unidos ha calificado lo sucedido como un gravísimo caso de narcotráfico.
Lo cierto es que alguien vendió las coordenadas de las rutas de navegación de la Armada colombiana. Ojalá lo descubran. Y lo castiguen ejemplarmente.
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