Sobre el sistema pensional colombiano

Editorial

El Espectador, Bogotá

Noviembre 28 de 2009

El pago de pensiones por parte del Gobierno Nacional está aumentando de forma preocupante. En 2008 representaba el 3,5% del PIB, en 2009 representa el 4,1% y para 2010 se espera que este pasivo aumente a un 4,3%.

Para dar un orden de magnitud, puede decirse que lo que se dedica hoy al pago de pensiones del anterior régimen y de los regímenes especiales con recursos del presupuesto equivale a todo el recaudo del IVA. En otras palabras, todo lo que se recauda por ese impuesto se usa para subsidiar a cerca de un millón de pensionados del ISS y de las antiguas cajas de previsión social, que equivalen a cerca del 2,5% de la población.

Estas cifras evidencian una preocupante inequidad e ineficiencia en la destinación de los recursos destinados a financiar las pensiones del antiguo régimen y los regímenes especiales, pues la relación entre el pago total de pensiones a cargo del Gobierno Nacional y el número de pensionados es sorprendentemente baja, teniendo en cuenta que el anterior régimen de prima media debería tener pensionados a más de cinco millones de personas y no solamente a un millón que están concentrando el 20% de los recursos del presupuesto nacional. Y entre tanto, son numerosos los casos de quienes han trabajado el tiempo requerido para conseguir su pensión pero ésta les es negada durante años por cualquier motivo o disculpa administrativa.

Vale la pena preguntarse por qué el 4,3% del PIB se destina a financiar una cobertura tan baja de pensionados. La respuesta está en los subsidios implícitos que se reconocieron y que se siguen reconociendo en algunas pensiones contempladas por el ISS. Para 1993 la carga de subsidios respecto al valor de la pensión superaba el 78%. En el caso de aquellos que cotizaban el mínimo de semanas requeridas (500) y eran beneficiarios de la pensión mínima, se subsidiaba el 92% de la pensión. Esto significa que las personas tan sólo acumulaban para financiar su pensión un 22% o un 8% y el capital restante lo reconocía el ISS vía un subsidio a la pensión. Para los afiliados de salarios altos, además, el subsidio era mayor.

Infortunadamente, y a pesar de las reformas, esta situación se sigue presentando y es la causante en gran parte del aumento del déficit fiscal. Lo más rechazable es que la gran mayoría de las pensiones subsidiadas pertenecen a los quintiles superiores de ingresos. Por esta razón, el país debe cuestionar este modelo que beneficia a los de mayores ingresos y rechazar todas las iniciativas tendientes a crear beneficios especiales.

Recientemente se conoció el documento Conpes 3605, que les subsidia el 75% de la cotización a concejales de niveles 4, 5 y 6. Otras iniciativas como la pensión familiar, con buenos propósitos, pueden disparar este déficit. Y otras a todas luces injustas, como es el caso del proyecto de ley 126 de 2008, que pretende aumentar el promedio de las pensiones de los congresistas, deben ser rechazadas por todos los colombianos.

Es muy triste para el país evidenciar que las reformas impulsadas por el Gobierno nacional con la Ley 100 de 1993 y sus posteriores reformas en 2003 y en 2005 con el Acto Legislativo 01, promovidas con el fin de disminuir este pasivo pensional, se están esfumando. Con anterioridad a la Ley 100 la deuda pensional acumulada en valor presente como porcentaje del PIB ascendía al 260%, con la Ley 100 se disminuyó al 220% y con las reformas de 2003 y 2005 se logró reducir al 140%. Con los casos mencionados no tenemos certeza de cuánto será el aumento y además los beneficiados son unos pocos, en perjuicio de todos los colombianos que no saben que sus impuestos se están destinando a mantener unos privilegios.