Mientras dure el conflicto

José Félix Lafaurie Rivera

El Universal, Cartagena

Noviembre 29 de 2009

La enconada discusión sobre el impuesto al patrimonio se ha producido con más saliva que argumentos de fondo. Causa desazón que sectores beneficiados históricamente, reviren porque deben seguir aportando a la política de defensa y seguridad nacional, de la que se han favorecido.

Nunca como ahora, habíamos tenido la urgencia de mantener el gravamen, en momentos en que se ciernen graves amenazas sobre el país desde el frente externo y para no bajar la guardia en la lucha contra los diezmados grupos irregulares.

La propuesta para 2011 y 2014 considera una tarifa progresiva, con una disminución del 50% en el aporte para patrimonios superiores a $3.000 millones –de 1,2% a 0,6%– y una plena de 1,2% para los mayores a $5.000 millones. Un cambio sustancial, que afecta positivamente la equidad y aumenta los ingresos del Gobierno, sin mayores efectos sobre los grandes capitales, que para 2011 estarán cosechando la senda de recuperación de la economía.

Al cierre de esta vigencia, este recaudo ascenderá a un poco más $2 billones, contribución que realizarán no más de 1.700 personas naturales y 2.700 jurídicas, que poseen un patrimonio líquido igual o superior a $3.000 millones. Una estadística que habla, además, de la enorme concentración de la riqueza en el país. En honor a la justicia, el gravamen podría ser permanente, aumentar más su tarifa a medida que asciende la escala del patrimonio líquido e inclusive ampliar su base gravable.

En la medida en que el impuesto se haga más progresivo, sería factible disponer de recursos adicionales, para acompañar la Política de Seguridad Democrática con programas sociales en zonas vulnerables al conflicto. Seguridad Democrática y gasto social, son piezas del mismo engranaje. Así, estaríamos asegurando la financiación del presupuesto de las Fuerzas Armadas –que tenderá a descender–, mayor redistribución de la riqueza y beneficios para sectores deprimidos y abatidos por la violencia.
No podemos desfallecer en el camino recorrido. La Política de Seguridad Democrática ha sido definitiva en los últimos ocho años, para modernizar e incrementar la capacidad de maniobra de nuestras Fuerzas Armadas. Pero debemos reconocer que es preciso consolidar los descensos en criminalidad, asumir que pervive la inseguridad, que la guerrilla no ha sido vencida y se requiere afianzar la seguridad ciudadana, que tanto reclaman los alcaldes de las principales ciudades. En este proceso, el aporte de los colombianos vía impuesto al patrimonio –que ha oscilado entre 10% y 12% del presupuesto de nuestra Fuerza Pública– es fundamental.

Mientras dure el conflicto, la pertinencia del gasto militar estará a la orden del día. Cualquier movimiento en falso, que genere inflexibilidades o restricciones al esquema de la operación de la Política de Seguridad Democrática, podría significar el retorno a un escenario de violencia y derrotas militares, que creímos superado y, lo que es peor, frustrar el fortalecimiento militar e institucional, favorable a la consolidación democrática. Este debate es insoslayable si no queremos ver frustrado el camino a la paz.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.