Edmundo López Gómez
El Nuevo Siglo, Bogotá
Noviembre 27 de 2009
HAY documentos que, al conocerse, merecen comentarse sin tardanza. Eso me ha pasado con la carta del procurador Alejandro Ordóñez al director de El Tiempo, en respuesta a un sesudo editorial de dicho diario.
El Procurador acepta adelantar la gestión conciliadora en la pugna declarada entre la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República. En buena hora.
Quienes hemos tomado partido a favor de una de las partes -yo lo he hecho a favor de la postura presidencial, con argumentos que expuse en esta misma columna de opinión-, debemos, sin embargo, propiciar que se produzca un entendimiento entre quienes representan la majestad de las dos instituciones: la de la administración de Justicia y la del Gobierno. Faltaba más que no se pudieran superar las diferencias, tirando las llaves al mar. ¡Cuán insensato sería!
El procurador Ordóñez ha demostrado condiciones para ser el gran árbitro en este caso de interés nacional. Ha sido riguroso y ha demostrado independencia al tomar decisiones en el ejercicio de su cargo.
Comenzó ya haciendo un diagnóstico acertado de la situación, según este elocuente párrafo de su carta, referente al impasse creado alrededor de la no elección del Fiscal General de la Nación: “Creo no exagerar -dice- si afirmo que nunca en la historia de nuestra institucionalidad la interinidad se había cernido tan dramáticamente sobre uno de los órganos más importantes de la estructura del Estado; si a ello se agrega la creciente pérdida de legitimidad de nuestro órgano legislativo, por razones bien conocidas de la opinión pública, y el encendido ambiente de confrontación política, las consecuencias para la credibilidad de nuestro sistema político están siendo devastadoras…”.
Palabras mayores, las del señor Procurador. Prestar oídos sordos a ellas, no cabe imaginarlo siquiera. En verdad, no pueden caer en el vacío tan autorizadas reflexiones y los principales destinatarios de esa carta, más allá de los directores de El Tiempo, son los miembros de la Sala Plena de la Corte y el propio Presidente de la República, a quienes sus compatriotas demandamos grandes dosis de sindéresis para poner el espíritu en un estadio superior de racionalidad, con el fin de poder superar la crisis planteada alrededor de la elección del Fiscal General de la Nación.
El procurador Ordóñez, como él lo sugiere, debe recibir un mandato claro tanto de la CSJ como del presidente Uribe. Mandato que ojalá se le otorgue en la audiencia que solicitará para ponerlos al tanto de su interés de ser el gestor de ese necesario entendimiento; imperativo, además, si no queremos extender la crisis a otros sectores de la vida pública.
Un buen síntoma de que se está recuperando el centro de gravedad y de que hemos hecho un alto en el camino inclinado de la desestabilización, fue el resultado obtenido en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde el Gobierno recibió respaldo contundente en al manejo de su política exterior, por encima de las confrontaciones domésticas de la política interna.
Hay que confiar en la gestión del procurador Ordóñez. Pero ayudémoslo todos, pensando en Colombia
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