Revive la venta de Isagen

Editorial

El Mundo, Medellín

Noviembre 23 de 2009

Conviene revisar la tesis según la cual no debe permitirse que alguna empresa pudiera llegar a controlar el 25% de la capacidad de generación instalada en el país

El conocimiento (¿una filtración?), al finalizar la semana pasada, del contenido del concepto del Consejo de Estado sobre la no vigencia de la norma de 1999 que establecía la franja para las empresas generadoras de energía eléctrica, ha reavivado el proceso de enajenación de las acciones que la Nación posee en Isagen, y que representan el 57,66% del total de la propiedad de la generadora. Como viene sucediendo desde que el presidente Uribe dio a conocer el interés del Gobierno Nacional de realizar esa venta, el proceso ha desatado una puja entre EPM y las generadoras del sector privado, representadas por Acolgen y los más radicales simpatizantes de las doctrinas neoliberales, algunos de ellos con asiento en la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, Creg.

Sea lo primero manifestar nuestro acuerdo con la solicitud presentada por el gerente de EPM, doctor Federico Restrepo, para que los ministros de Hacienda y Minas renuncien al privilegio de mantener reservado el concepto del contencioso-administrativo por cuatro años y lo den a conocer de inmediato, generando así transparencia en el proceso de venta que ha entrado en una etapa definitiva, según el interés reiterado del Gobierno por contar con esos recursos presupuestados.

En la discusión sobre cuál debería ser el comprador de Isagen, y con ella el control del 16% de la capacidad instalada del sistema interconectado nacional, los voceros de las multinacionales privadas que en los años noventa adquirieron la mayor parte de las empresas públicas generadoras de energía, se valen de una confusa resolución de la Creg para intentar frenar las intenciones de EPM, que es su principal competidor no sólo en esta compra sino en la regulación del mercado eléctrico nacional. Ahora que se conoce el concepto del Consejo de Estado sobre potencia instalada, conviene revisar la tesis según la cual no debe permitirse que alguna empresa pudiera llegar a controlar el 25% de la capacidad de generación instalada en el país, que le daría posición dominante en el mercado nacional, en el supuesto de que toda esa generación se destinara exclusivamente a la demanda interna.

Contra esa determinación, con visos de ilegalidad en tanto tendría nombre propio, se alega el perjuicio que traería a empresas que pretendan legítimamente crecer aumentando su capacidad de generación eléctrica en un país que tiene en ese sector uno de sus potenciales más prometedores. Pero muy especialmente se señala que el problema de la posición dominante no estaría en que una empresa pudiera llegar a tener la mayor capacidad de generación sino en que abusara de esa situación, lo que se podría evitar mediante el adecuado ejercicio del control por parte de la Creg, o, como lo ha propuesto la Gerencia de EPM, mediante operaciones de comercialización realizadas a través de terceros de los porcentajes de energía superiores al 25% restringido. Así las cosas, y en la eventualidad en que se considere que la totalidad de generación se dedicaría al mercado nacional, el riesgo de abuso de la posición dominante sólo sería posible si la debilidad del responsable del control lo permitiera. Pero el más contundente argumento a favor de esta operación es que EPM, a diferencia de los inversionistas privados, no tiene como objetivo generar –y mucho menos maximizar- utilidades.

Confiamos, pues, en que la preferencia manifestada hace varios meses por el presidente Uribe en el sentido de que EPM adquiera a Isagen, se pueda concretar ahora que se ha resuelto el principal escollo jurídico planteado por los Ministerios de Hacienda y Minas. Y aunque seguimos lamentando que sea necesaria la enajenación de activos para enfrentar el déficit fiscal de la Nación, también seguimos esperando que en este caso se escoja el menor de los males, que es la venta de esas acciones a EPM, que quedaría así con el 71% de la propiedad de Isagen.

Como lo habíamos manifestado el pasado agosto, esta venta implica el riesgo de ingreso de nuevos dólares por la vía del endeudamiento público, que también es el menor si el comprador es EPM, por la presión que tal hecho ejercerá sobre el revaluado peso. Pero dada su inminencia, es preferible que se haga de manera tal que evite que el Estado se desprenda del control de empresas que “tienen ese gran valor añadido de pertenecer a sectores estratégicos de cuyo control no debería desprenderse jamás por estar en juego la seguridad y la estabilidad del país y, en el caso en comento, nada menos que en el espinoso tema de las tarifas de energía eléctrica para mover la industria y atender la demanda de los hogares colombianos, que no pueden estar a merced de los intereses particulares, cuanto más si son extranjeros”.

Ahora, con la compra de Isagen por EPM “se mantendría al menos un equilibrio entre privados y públicos en el control de la generación y la distribución de energía eléctrica” y se conservaría para el país la posibilidad de convertirse en exportador a los vecinos. Son estas, pues, razones de sobra para que se atienda la solicitud que ha hecho EPM para que se aprovechen las garantías de ley para hacer la venta directa y para el Gobierno la solución de su problema de caja sin poner en riesgo activos estratégicos para la seguridad y el desarrollo del país.