Editorial
El Heraldo, Barranquilla
Noviembre 28 de 2009
El próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina, se celebrarán elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes, amén de las de Presidencia de la República.
Si bien durante estos ocho años el Presidente ha tenido en sus manos un poder abrumadoramente superior al del Legislativo, los congresistas aún conservan una capacidad nada despreciable de influencia en los asuntos públicos.
Esa capacidad está en proporción directa a los asuntos que requieren de su aprobación formal. Así, entre más importante sea un proyecto de ley o un acto legislativo, mayor será el poder que tengan los congresistas al momento de decidir esa aprobación.
Poder que se acrecienta cuando el Ejecutivo tiene un interés muy particular en sacar adelante una determinada ley, o unas facultades extraordinarias. Entonces, los congresistas apelan a toda clase de subterfugios para dilatar al máximo el momento en que deban decidir al respecto.
En esos avatares que tienen lugar durante cuatro años que dura el período para el que son elegidos, los congresistas van acumulando un silencioso poder que no vacilan en ejercer, especialmente en sus departamentos de origen, donde tienen mayor influencia.
Además de ese poder que deviene por tener la capacidad de aprobar las leyes y los actos legislativos, los congresistas tienen la prerrogativa de acceder a información privilegiada, lo cual también representa una fuente invaluable de poder.
No es, pues, un cargo de poca monta el que goza quien logre obtener los votos necesarios para sentarse en los salones del Congreso de la República y posar ante las cámaras de televisión durante los debates que se transmiten en directo al pueblo colombiano.
Detentar la capacidad de influencia que tiene un congresista moviliza por ello grandes sumas de dinero para financiar sus campañas, las cuales por esa misma razón se han vuelto cada vez más costosas.
Cómo evitar la presencia de dineros de origen ilícito en la financiación de las campañas políticas ha sido una de las principales preocupaciones de los partidos y uno de los temas que han estado en el centro de los debates de quienes buscan proteger la democracia.
De no erigirse controles, prohibiciones y filtros en las campañas electorales, los partidos podrían terminar siendo simples apéndices de otras organizaciones que no necesariamente buscarán el bien común al momento de expedir las leyes.
En tiempos recientes se han ensayado diversas fórmulas que buscan proteger la independencia del Congreso, pero sus resultados han sido inciertos, pues en más de una ocasión ha quedado en evidencia la influencia de intereses no muy claros en algunas de sus decisiones.
Es ante esa realidad que preocupa que hasta el momento no se hayan establecido reglas claras de cómo se van a reglamentar las elecciones que dentro de pocos meses tendrán lugar en todo el país.
Preocupación que se empieza a sentir con más intensidad y que ya han expresado organizaciones como Misión de Observación Electoral en comunicaciones recientes al Presidente de la República, en las que le solicitan le pida a los altos contratistas del Estado digan a quiénes van a financiar en las próximas campañas políticas.
La búsqueda de un mayor grado de transparencia en la financiación de esas campañas es vital para la gobernabilidad del país y para la legitimidad de nuestras instituciones democráticas.
No podemos olvidar el incalculable costo y desgaste que tuvo que pagar el país en el período 1994 - 1998 por la presencia de dineros del cartel de Cali en la campaña presidencial de aquel entonces.
Amenaza que siempre estará presente mientras el narcotráfico aún persista en la sociedad y movilice los inmensos recursos que tiene a su disposición.
Mas tampoco es sano para cualquier democracia que la capacidad del dinero de empresas o de personas naturales sea la que elija a quienes tendrán el poder en sus manos para decidir los asuntos más importantes de la sociedad, por ejemplo, el presupuesto general de la Nación.
No es, entonces, un asunto menor ni intrascendente que pueda ser desestimado a la ligera, como tampoco que se pueda aplazar para último momento, como suele ocurrir.
Ojalá que los afanes de fin de año no sean la excusa para que el Congreso no se ocupe de abocar este tema del que dependerá su propia legitimidad.
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