Diego Arias
El Tiempo, Bogotá
Noviembre 24 de 2009
La aspiración del Gobierno Nacional de consolidar la política de seguridad democrática tiene en la zona norte del Cauca y sur del Valle uno de sus mayores desafíos. Los hechos últimos en los que hubo un importante y lamentable numero de bajas en el Ejército y el curso mismo de la operación militar que allí viene teniendo lugar dan cuenta de una guerrilla aún muy bien posicionada militarmente y con niveles de apoyo nada despreciables.
Y es justamente por esa misma razón que en el marco de la campaña militar "El salto estratégico", la instancia más alta de conducción de la guerra, decidió que ese era uno de los sitios de todo el país en el que se buscaría "definir" la guerra con las Farc. No en vano esta amplia zona ha sido un bastión histórico de las Farc solo disputado en su momento por la exitosa presencia del M19 en la década de los 80.
Esta crucial área montañosa es un punto crucial desde el cual se accede a Huila, Caquetá o Tolima en medio de una región de gran importancia estratégica por su desarrollo agroindustrial, de vías principales y cercanía a centros urbanos de gran valor político-administrativo. Si a eso se suma una amplia presencia de cultivos ilícitos, laboratorios y rutas de narcotráfico que conectan con el Pacífico, se entenderá aún más lo que allí está en juego.
Pero, además, muchas ventajas militares que están ahora del lado del Estado en su guerra contrainsurgente -en la mayor parte del territorio nacional- resultan neutralizadas por factores de una topografía de alta montaña (que dificulta avances de infantería y elementos mecanizados) y climáticos (de lluvia y casi permanente niebla) que neutralizan los elementos de apoyo aéreo.
El Estado está en su legítimo derecho y obligación de recuperar la seguridad en estas zonas y ahora es obvio que buscará profundizar la ofensiva y pasar a recuperar la iniciativa militar luego de este serio revés.
Pero ese esfuerzo se vuelve aún más exigente cuando se trata de operar en un territorio de comunidades indígenas, para las cuales están determinados especiales deberes de protección por parte del Estado.
Por esta misma razón, el esfuerzo militar de largo plazo en que ahora están empeñadas las FF. AA. en el norte del Cauca demanda la mejor de las planificaciones para que en lo máximo posible se garanticen siempre la vida y la integridad de las comunidades. Y esto vale tanto para las operaciones en la alta montaña como en los centros urbanos, caso Toribio, en los que la presencia de milicianos de la guerrilla entre la propia población exige discernir quién es combatiente y quién no, evitando, de paso, injustas estigmatizaciones.
Pero, además del esfuerzo militar contra la guerrilla y el narcotráfico, resulta crucial también que en esas zonas se promuevan las oportunidades conforme el proyecto de vida de las comunidades allí asentadas, que hagan que para ellas las palabras "Estado de derecho", "seguridad", "derechos humanos" y "desarrollo" tengan un sentido positivo en su realidad concreta.
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