Rafael Guarín
Blog Política y Seguridad, Bogotá
Noviembre 16 de 2009
A pesar que el llamado de Hugo Chávez a prepararse para una guerra generó nerviosismo continental, no es una novedad. Amenaza con ella desde 1999 y no está improvisando.
La política de seguridad y defensa de la revolución bolivariana se formuló para enfrentar ese posible escenario. A eso responde el Concepto Estratégico de Defensa Integral y el Concepto Estratégico Militar, el fortalecimiento bélico, los vínculos con Rusia e Irán, la adopción de la llamada guerra asimétrica, al igual que la constitución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Nacional, que operará en las áreas donde “ante la materialización de alguna de las hipótesis de conflicto les corresponderá actuar”, es decir, en la frontera con Colombia.
Desde esa perspectiva, un primer análisis sugiere que las advertencias de guerra y la compra de armamento, son expresiones de los factores psicológico, técnico y político que requiere una buena disuasión, siguiendo a Raymond Aron.
Pero la cuestión no es tan simple. Primero, porque es evidente que el Pentágono no tiene en su agenda planes de invasión en Latinoamérica. Segundo, porque en el absurdo caso de querer intervenir en Venezuela, técnicamente no necesita del territorio colombiano y, tercero, porque si bien los acuerdos suscritos entre Washington y Bogotá consolidan una alianza política y militar, son contra el narcotráfico y el terrorismo y no contra ninguna nación.
Son otras las verdaderas explicaciones. El poder militar cumple dos funciones: es clave en el mantenimiento y entronización de la revolución en la propia Venezuela y se concibe como bastión de la expansión del modelo bolivariano y de la construcción de la “Patria Grande”. El discurso de la disuasión esconde la ambición de convertirse en potencia militar, con capacidad de hacer operaciones más allá de sus fronteras, en alianza con otros gobiernos y hasta con organizaciones terroristas.
En ese contexto, cuando Chávez habla de guerra hay que creerle, así convenientemente después baje el tono, como acaba de suceder. Entre otras cosas, porque su gobierno declaró hace mucho tiempo una guerra irregular a Colombia, al apoyar activamente a las Farc en el propósito de derrumbar la democracia liberal e imponer el socialismo del siglo XXI.
Si bien es inviable una guerra convencional, no así un evento bélico, más aún cuando en el Palacio de Miraflores se elabora una historia ficticia que pretende dar vuelta a la real situación y pasar de agresor a agredido y de acusado a acusador, con la falsa denuncia de que la administración Uribe envía cuadrillas de paramilitares para asesinar al teniente coronel y desestabilizar la revolución.
El asesinato de jóvenes en la frontera, la sindicación de que eran paramilitares (lo que sus familias niegan), la utilización de mentirosos testimonios sobre una supuesta conspiración hecha desde la Casa de Nariño y la redacción de una novela de espionaje, que afecta además a Cuba y Ecuador, demuestra que se está montando un tablado para justificar una acción militar.
Otra opción es el escalamiento de la guerra irregular contra Colombia. El teniente coronel calificó la firma del acuerdo de cooperación como una declaración de guerra y le preocupan los efectos militares que tendrá en sus aliados, las golpeadas guerrillas. Adicionalmente, las Farc le ofrecieron ayuda militar a Chávez y este nunca la rechazó, por el contrario, le pidió entrenamiento a las Farc en guerra de guerrillas, conforme a lanueva doctrina militar bolivariana.
Es urgente que la comunidad internacional actúe para evitar el conflicto y desescalar la crisis. La iniciativa de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA es el camino, no UNASUR. Estas organizaciones deben garantizar la seguridad y la paz internacionales, sobre la base de proscribir la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, precisamente, cuestión en que está empeñada la revolución chavista.
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