Juan Carlos Pinzón Bueno
El Espectador, Bogotá
Noviembre 28 de 2009
El incremento de la inversión en seguridad ha contribuido a la disminución de todos los indicadores de criminalidad, a la reducción de la capacidad de violencia de los grupos armados, a una mayor gobernabilidad y presencia de la justicia y a crear las condiciones propicias para la reactivación de la inversión y la actividad económica y social en general.
Pero los niveles de inversión en seguridad escasamente han recuperado el rezago de las décadas anteriores, en que la baja asignación de recursos para seguridad coincidió con los peores momentos de crimen y desesperanza en el país. El promedio anual de recursos para seguridad en las décadas anteriores fue apenas del 2,5% del PIB, mientras en la década actual alcanza 4,1% del PIB. El apoyo del Plan Colombia en esta década ha sido en promedio anual 0,5% del PIB, pero está en declive.
Los recursos extraordinarios de los últimos años financiaron el mayor plan de inversiones en 30 años. Desde el primer momento se explicó que la sostenibilidad de equipos y personal estaba garantizada hasta 2010, con lo cual para esos fines se requerirían cerca de $500 mil millones anuales a partir de 2011. En consenso con varios sectores se determinó que se daría prioridad a fortalecer las capacidades para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Ello implicó que programas asociados a capacidades estratégicas fueran desarrollados por fases, con lo cual sería necesario completar esos proyectos en el futuro. Fue una señal de foco y de paz para la región.
Colombia sabe lo que cuesta descuidar la seguridad. Esperar a que los problemas estén encima sería cometer los errores del pasado reciente que resultan en un costo social y económico mayor.
La sociedad colombiana tiene importantes retos en seguridad en los próximos años. La era del terrorismo aún no ha concluido. Es necesario responder a la dinámica cambiante del crimen y sus nuevas expresiones. Se requiere mejorar la seguridad urbana, con lo cual la Policía debe seguir creciendo. Continuar el fortalecimiento de la inteligencia en coordinación con la justicia es vital en el escenario de multicriminalidad. Conviene desarrollar capacidades para la consolidación social del territorio y la prevención y atención de desastres en esta era de cambio climático. Por otra parte, lo deseable es la paz permanente en la región. Las naciones amigas ayudarán a disuadir una agresión e incluso ofrecerán su apoyo, pero la defensa es indelegable. Países neutrales como Suiza, Suecia o Austria invierten en su defensa. No se puede caer en una carrera armamentista, pero sí se deben completar programas estratégicos y desarrollos tecnológicos propios con una lógica de defensa asimétrica que mitiguen el riesgo de una agresión.
Es una buena decisión extender el impuesto al patrimonio para financiar la seguridad. Aunque comparto con los expertos la necesidad de una reforma tributaria estructural, se debe reconocer que este es el único tributo que el Congreso vota cómodamente, por su bajo costo político. Lo que sería negativo es que se le anuncie al país que estos recursos adicionales son para la seguridad y en realidad tengan otro destino. Se estaría abusando del prestigio de las fuerzas armadas, los contribuyentes quedarían frustrados y, peor aún, el país quedaría expuesto y sin fuente de recursos para atender las contingencias en materia de seguridad.
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