Editorial
El Mundo, Medellín
Noviembre 19 de 2009
Por fin, después de 16 años de la llamada “guerra del banano” y de una colosal lucha diplomática y comercial por parte de los países latinoamericanos productores de la fruta, se llegó a un acuerdo con la Unión Europea para una reducción significativa del oneroso arancel con que hoy entra la fruta al codiciado mercado del Viejo Continente.
El nuevo acuerdo, que debe ser anunciado antes de la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio, OMC, prevista para el próximo 30 de noviembre, en Ginebra, deberá entrar en vigor el 16 de diciembre de 2009. Según un documento interno de la UE, divulgado parcialmente por varias agencias internacionales de noticias, la fórmula consensuada prevé una rebaja de 62 euros la tonelada entre el 2010 y el 2017. Los recortes de la tarifa arancelaria serán graduales, partiendo desde los 176 euros por tonelada métrica actuales, hasta 148 euros el 1 de enero de 2010, para pasar a 143 euros por tonelada en 2011, 136 euros en 2012, 132 euros en 2013, 127 en 2014, 122 en 2015, 117 en 2016 y, finalmente, 114 euros por tonelada en 2017. A cambio, los países latinoamericanos se comprometen a retirar sus demandas contra la Unión ante la OMC.
Para alcanzar este significativo triunfo, los productores latinoamericanos han librado una larga batalla diplomática por el derecho a competir en igualdad de condiciones, amparados en las normas del Derecho Comercial Internacional, y en ese trasiego han abierto brecha y sentando un precedente en la lucha por la defensa de los intereses de toda la región, apoyados en que la política arancelaria europea iba en contravía del compromiso suscrito en la Ronda de Doha de la OMC de alcanzar “mejoras sustanciales en el acceso al mercado de productos de interés para países en desarrollo” y de lograr “la más completa liberalización del comercio de productos agropecuarios tropicales”, y el banano lo es por antonomasia.
Por eso, cuando resultaron infructuosos los esfuerzos por llegar a un acuerdo, bloque a bloque, en el sentido de reversar una política paternalista, los países productores de banano de América Latina, a saber Ecuador, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, buscaron la intervención de la OMC, en la esperanza de que se aplicaran normas generales que obligaran a la igualdad de tarifas aduaneras, como corresponde a un verdadero mercado global de sana competencia. Además, porque tenían un argumento de mucho peso, en el sentido de que su política de favorecer al grupo ACP (África, Caribe y el Pacífico, en su mayoría ex colonias europeas), mediante un régimen preferencial para vender el banano en los mercados europeos, realmente no iba a beneficiar a los pobres de esas regiones sino, fundamentalmente, a las grandes transnacionales de la fruta.
Un capítulo memorable de esa contienda jurídica ante la OMC fue el que iniciaron en marzo de 2005 los nueve países productores contra la decisión de la Unión Europea de establecer, a partir del 1 de enero de 2006, un arancel para la fruta procedente de Latinoamérica de 230 euros, lo que significaba un 307% de aumento con respecto a los 75 euros por tonelada que se pagaban en ese momento. El anuncio había sido hecho en octubre de 2004 y desde entonces los productores latinoamericanos venían denunciando en todos los foros ese trato discriminatorio y de consecuencias ruinosas para estos países. En el caso de Colombia se argumentaba que la aplicación de esa medida provocaría la disminución anual de divisas en cerca de 250 millones de dólares, el muy probable cierre de empresas, la pérdida de miles de empleos y un retroceso en el desarrollo de regiones como Urabá y el Magdalena.
En un primer laudo arbitral, favorable a los productores del Área Dólar, como se llama a los latinoamericanos, la OMC determinó que ese arancel era excesivamente alto y dificultaba su acceso al mercado europeo de la fruta y, en consecuencia, la Comisión Europea debía negociar con aquellos una nueva tarifa, y en caso de no lograr un acuerdo, se convocaría nuevamente al tribunal de arbitramento. El conflicto se agravó luego de que la UE decidiera no aplicar un acuerdo alcanzado a mediados de 2008, en el marco de las negociaciones de la ronda de Doha, porque, según la Comisión Europea, la aplicación del compromiso dependía del éxito de esa ronda.
Es muy importante el acuerdo alcanzado, que esperamos sea definitivo, entre otras cosas porque se remueve el principal obstáculo en relación con los competidores europeos y de las ex colonias. En efecto, la Comisión Europea habría acordado, según los informes de prensa, una ayuda suplementaria al desarrollo, de 190 millones de euros, para facilitar su adaptación ante la liberalización de los aranceles. Se dijo también que el acuerdo no dejó muy contentos a las tres regiones europeas productoras de banano –Canarias, en España, Guadalupe y Martinica, en Francia – que reclamaban una baja de los aranceles más lenta de lo previsto, pero aceptan el objetivo final de congelar la tarifa en 114 euros la tonelada.
En realidad, aquí nos damos cuenta de lo duros y difíciles que son los europeos para la negociación de tratados económicos, pero, al final, hemos pasado ese obstáculo y se abre una buena perspectiva de una paulatina mejora en el mercado, que la requieren y les cae muy bien a los bananeros, dado el castigo que han recibido por la política revaluacionista de Colombia, que les ha disminuido sustancialmente sus ingresos. ¡Más vale tarde que nunca!
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