Deterioro fronterizo

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 5 de 2009

En los últimos días, la situación de orden público en la frontera entre Colombia y Venezuela ha venido deteriorándose. A las tensiones producidas por la masacre aún no esclarecida de ocho colombianos en territorio del Táchira se sumaron el asesinato de dos miembros de la Guardia Nacional, la detención de agentes del DAS por cargos de espionaje, la condena de la Asamblea Nacional venezolana a una supuesta infiltración y la deportación de un militar vecino encontrado en La Guajira.

Como si eso fuera poco, el doble homicidio generó el pasado lunes el cierre de los puentes internacionales entre Cúcuta y San Antonio. Así, a la crisis política se suman severas consecuencias económicas a raíz del desplome del comercio formal e informal, del cual dependen los habitantes de la zona. La falta de entendimiento entre Bogotá y Caracas ha impactado duramente la posibilidad de cruzar la línea divisoria en Norte de Santander, a través de la cual se movilizan unas 250.000 personas cada semana. Además, según la Cámara Colombo-Venezolana, sólo en septiembre las exportaciones colombianas al vecino país cayeron a la mitad, en comparación con el mismo mes del 2008.

Todo esto en medio de destempladas declaraciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de su número dos, Ramón Carrizález, acerca de un "plan de desestabilización" en contra de su gobierno. Una vez más, es evidente la insensible manipulación que el gobierno bolivariano está haciendo de las muertes violentas de ciudadanos de ambos países para impulsar su agenda, tanto exterior como doméstica. Por un lado, Caracas insiste en que la masacre de hace unos días fue perpetrada por paramilitares colombianos que amenazan su seguridad, mientras que, por el otro, acusa al gobernador del Táchira, el opositor César Pérez, de estar aliado con estos grupos ilegales.

Sin embargo, brilla por su ausencia el interés de esclarecer los crímenes. Tanto así que la cancillería colombiana le pidió a Venezuela evitar "el prejuzgamiento político" y ofreció nuevamente su colaboración en las investigaciones. Al acusar a las víctimas de ser integrantes de grupos paramilitares, las autoridades del vecino país estarían justificando su inacción y falta de interés y, al mismo tiempo, engrosando el dossier contra Colombia como factor de amenaza regional, que es el argumento central de Chávez para rechazar el acuerdo de cooperación militar entre Bogotá y Washington.

A pesar de la acostumbrada actitud provocadora del mandatario venezolano, quien sostiene que "Colombia es una especie de colonia, de país intervenido", el Palacio de San Carlos está asumiendo la crisis con acertados instrumentos diplomáticos. El contraste con los positivos avances logrados con Ecuador, con el cual se definió la designación de encargados de negocios en Bogotá y Quito, es elocuente. No hay que caer, entonces, en la trampa de recoger el guante que lanza el Palacio de Miraflores y dejar que lo sucedido cause una confrontación mayor. Mejor dicho, estos crímenes son más de la órbita de la investigación policial, como insiste Colombia, y no de la seguridad nacional, como afirma Venezuela.

Lo más lamentable es que la situación de la zona fronteriza es lo que menos parece importar en esta crisis. En vez de estar buscando espías, la lógica debería impulsar a Chávez a trabajar por un plan conjunto para combatir las verdaderas amenazas a la seguridad regional: los grupos ilegales que actúan en más de 2.200 kilómetros de una frontera porosa. El problema es que la distensión no le ayuda a un gobierno que ahora somete a los habitantes de Caracas a racionamientos de agua y luz y que busca ocultar con los hechos ocurridos en la línea limítrofe su incapacidad para mejorar la calidad de vida diaria de los venezolanos.