El caso de Francisco Santos

José Miguel Alzate

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 2 de 2009

Tiene razón la columnista María Isabel Rueda cuando afirma que la reapertura de una investigación contra el vicepresidente, Francisco Santos, por supuestos vínculos con los paramilitares le hace a Colombia un daño internacional inmenso. ¿Qué busca un funcionario de la Fiscalía General de la Nación al reabrir un caso que ya había sido archivado por medio de un acto inhibitorio? Simplemente, poner en tela de juicio la integridad de un hombre que como periodista se comprometió en la lucha frontal contra el secuestro. Porque lo que hizo Francisco Santos, después de ser víctima de este flagelo, fue trabajar para hacer menos doloroso el drama de las familias que tienen algún miembro en poder de los delincuentes.

Toda Colombia sabe que al recuperar su libertad después de haber estado secuestrado por el cartel de Medellín, Francisco Santos creó la Fundación País Libre, una institución que promovió marchas de protesta contra el secuestro. El hoy Vicepresidente de la República logró que en 1996 un millón de colombianos salieran a las calles para pronunciarse contra este crimen de lesa humanidad. En octubre de ese mismo año, cerca de tres millones de niños realizaron un plebiscito por la paz y la convivencia. Al año siguiente, el entonces jefe de Redacción de este diario promovió el Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad. Logró así que, a través del voto, diez millones de ciudadanos dijeran ¡No al secuestro!

Es imposible pensar que un líder de opinión con este trabajo en contra de un flagelo que asolaba a Colombia pueda estar incurso en delitos contra los derechos humanos. ¿Qué es lo que trata de establecer la Fiscalía General de la Nación al querer dar como ciertas las acusaciones de un delincuente como Salvatore Mancuso? ¿Qué busca esa entidad al reabrir un proceso que fue archivado por falta de pruebas? No queremos pensar que, como lo dice María Isabel Rueda, se trate de una argucia jurídica inventada por un vicefiscal interino que atiende sugerencias de quien desde la Corte lo postuló a ese cargo, para cobrarse el hecho de que fue requisado como cualquier ciudadano cuando ingresaba a un acto público donde estaba el Presidente.

Francisco Santos fue el artífice de la Primera Gran Marcha Nacional por la Paz, una movilización sin precedentes en la historia colombiana que, en octubre de 1999, comprometió a 12 millones de compatriotas para (con el eslogan del ¡No más!) exigirles a los actores del conflicto armado el cese de hostilidades y la liberación de todos los secuestrados. El mismo que el 23 de enero del 2000 promovió el "Primer Apagón Nacional por la Paz", que, según las electrificadoras, logró que 18 millones de personas apagaran las luces de sus casas en protesta contra los grupos armados por su estrategia de derribar torres eléctricas en diferentes sectores del país.

El vicepresidente, Francisco Santos, debe estar viviendo un drama humano. Que una acción para tratar de profundizar como periodista en las raíces de la violencia colombiana sea interpretada como un acto de simpatía con un movimiento fuera de la ley es algo indignante. Sobre todo cuando se sabe que en el momento de su reunión con Carlos Castaño no tenía ningún poder político, es decir, era apenas un orientador de la opinión pública preocupado por la cantidad de masacres que se presentaban en el país. A Santos debe dolerle en el alma que todo su trabajo para condenar el secuestro quede borrado por la acusación temeraria de un delincuente que fue extraditado por este gobierno para que pagara con justicia por todos sus crímenes.

El Vicepresidente dijo, en el reportaje con Yamid Amat, que ya le habían advertido cómo, para frenar la extradición a los Estados Unidos, en la cárcel de Itagüí se estaba fraguando por parte de los jefes paramilitares un plan en su contra. Esto debe valorarlo la Fiscalía General de la Nación cuando estudie la acusación de Salvatore Mancuso. Porque no puede permitirse que un delincuente juegue olímpicamente con la honra de un funcionario probo. Tampoco, que de esta forma trate de mancillar un gobierno que para evitar condenas ridículas en Colombia tomó la valerosa decisión de extraditarlos para que paguen por todas las atrocidades cometidas.