La nueva terna

Editorial

El Mundo, Medellín

Noviembre 5 de 2009

Creemos que la CSJ, específicamente su Sala Penal, está ad portas de incurrir en un golpe de Estado.

Una vez más la Corte Suprema de Justicia notificó, por boca de su presidente, el magistrado Augusto Ibáñez, que le seguía pareciendo “inviable” la terna para Fiscal General de la Nación, completada por el Primer Mandatario con el magistrado Marco Antonio Velilla, luego de la renuncia del cuestionado ex magistrado Jorge Iván Palacio. Entre tanto, se completan tres meses de injustificada interinidad en la Fiscalía, con efectos perversos en la marcha de la justicia y dejando, ante propios y extraños, la impresión de que aquí los afanes politiqueros y el apetito de poder de los nuevos adalides del “gobierno de los jueces” están dando al traste con la estabilidad de las instituciones.

El Gobierno, a través de un comunicado del Ministerio del Interior y de Justicia, rechazó el lunes la actitud de la CSJ y reiteró los argumentos que ya había expuesto, plenamente acordes con la Constitución y la Ley. Es verdad que el doctor Uribe pecó de efervescencia verbal en sus alusiones a la negativa de la Corte durante el Consejo Comunal del sábado, pero como a nosotros no nos gustan las medias tintas ni las posiciones vagarosas de ciertos comentaristas que buscan quedar bien con ambas partes, tenemos que decir que, a nuestro juicio, en este pulso no es el Ejecutivo sino el más alto órgano de la Justicia ordinaria el que ha cometido o está en curso de cometer un abuso de poder, si persiste en su posición claramente inconstitucional e ilegal de descalificar la terna enviada por el Presidente de la República.

Dice el doctor Ibáñez que “la Corte siempre ha sido respetuosa del fuero presidencial”. Eso fue verdad hasta cuando él llegó a presidirla, y el mejor ejemplo de eso es que en este enfrentamiento por la elección de Fiscal se configura una intromisión en la competencia del Presidente. A propósito de la primera vez en que rechazaron la terna, en septiembre pasado, sugerimos que si la CSJ quería un cambio de las reglas de juego para elegir Fiscal General, bien podía presentar un proyecto de Ley para que fuera el Congreso el que dijera la última palabra, pero, mientras tanto, tenía que limitarse a cumplir lo estipulado en la Constitución, como se lo reitera el Gobierno en su nuevo comunicado. Es función exclusiva del Presidente conformar la terna y en ello no puede intervenir otra rama del poder público. “No hay margen de discrecionalidad para la Corte Suprema, cuya decisión está condicionada únicamente por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución”.

Sobre este punto es muy esclarecedor y cargado de autoridad el comentario del ex magistrado de la Sala Penal de la CSJ, Édgar Saavedra, quien participó como tal en la elección de los fiscales Gustavo De Greiff, en 1992, y Alfonso Valdivieso, en 1994, y recordó que en ambas oportunidades ninguno de los ternados por los presidentes César Gaviria y Ernesto Samper, eran penalistas. “Es más. Ninguno de los nombres enviados en esas oportunidades nos gustaban, pero la Corte tuvo que votar y elegir a uno de ellos”. También contó que, como ahora, se discutió en ambos casos la posibilidad de devolver la terna, pero “después de examinar con rigor la Constitución llegamos a la conclusión de que la Corte estaba obligada a elegir uno de los ternados”.

Por eso es categórico el doctor Saavedra en que, “cuando la Corte objeta la terna más allá de los requisitos constitucionales, como está ocurriendo, se invade la órbita del Presidente de la República... Ese concepto de inviabilidad, esbozado por la Corte, no existe en la Constitución, se lo inventaron”. Eso mismo dice el comunicado del Gobierno: “La inviabilidad que predica la Corte Suprema de Justicia de la terna presentada por el Presidente de la República, se basa en un requisito inexistente, y no puede ser un argumento invocado por el más alto tribunal del país. Decir que la terna es inviable, es quebrantar el orden institucional”.

Nosotros creemos que la CSJ, específicamente su Sala Penal, está ad portas de incurrir en un golpe de Estado, que es todo desconocimiento, por la fuerza, del cumplimiento de normas constitucionales, en este caso, la competencia del Presidente de pasar una terna con juristas que cumplen plenamente las condiciones fijadas en la Carta, y que ya el Presidente tuvo el valor cívico de modificar, en cuanto había unas objeciones, discutibles pero razonablemente aceptables, con respecto a uno de los ternados y con eso demostró que daba un paso en la búsqueda de una solución al choque institucional con la Corte. Pero ésta, ensoberbecida, no lo ha querido aceptar, excediendo su propia competencia, y eso, en parte, se debe a la gestión de su presidente, que en el fondo es un político ambicioso que no tuvo éxito en el intento de llegar al Congreso.