Otra ‘salvajada’ de las Farc

Editorial

El Mundo, Medellín

Noviembre 22 de 2009

Así calificó el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, el crimen de lesa humanidad cometido por guerrilleros de una columna de las Farc, que con descaro y cinismo denominan ‘Mariscal Sucre’, que quemaron vivas a seis personas e hirieron a otras 15, entre ellas varios niños, pasajeros de un bus de servicio público que cubría la ruta entre Pasto y Tumaco.

La descripción que hace de los hechos el cronista de El País, de Cali, basada en testimonios de testigos y autoridades, es suficientemente reveladora del grado de sevicia y crueldad con que actuaron los criminales: En la noche del jueves pasado el bus, con 40 asientos, de la empresa Transipiales, salió con 18 pasajeros del terminal de Cali hacia Pasto y Tumaco, Nariño. Horas después llegó a Pasto, donde recogió a otras cuatro personas. Allí se hizo relevo del motorista. Cuando el vehículo llegó a la vereda Palpis, jurisdicción de Ricaurte, un grupo de guerrilleros disparaba contra otro bus que alcanzó a seguir su camino. Luego, intentaron detener al vehículo de Transipiales, con disparos. En ese momento el automotor frenó y un grupo de guerrilleros lo rocío con gasolina y le prendió fuego. Además de las víctimas fatales, otras quince personas resultaron heridas con quemaduras y disparos de arma de fuego. Los impactos de bala alcanzaron a una mujer y a su hija. Los lesionados fueron atendidos en un hospital de Ricaurte... Una de las once personas heridas es una bebé de tan sólo cinco meses de nacida. “A la bebé la salvo la mamá, que en su afán por sacarla del bus la tiró por una ventanilla, lo que le ocasionó una fractura en la clavícula. La señora salvó la vida de la niña y la suya”, narró el médico Henry Rodríguez, director del Hospital de Ricaurte.

Ese caso no es el único pero sí el más trágico de los que han ocurrido en lo que va del año contra el transporte público de pasajeros en el departamento de Nariño, por cuenta de los mal llamados “retenes” de las Farc. El 27 de enero, dos busetas de servicio interdepartamental fueron incineradas en los sectores de El Amarillo y Alpán, cercanos a la localidad de Túquerres. El 1 de abril, en la vía Pasto-Tumaco, en el municipio de Mallama, las Farc quemaron un bus de servicio público de Transipiales. El 13 de mayo, terroristas de la misma organización quemaron otra buseta que cubría la ruta Pasto-Tumaco, a la altura del Kilómetro 71, en el sector comprendido entre las localidades de Vaquería y El Pinde. Esa ruta entre la capital de Nariño y su puerto en el Pacífico ha sido la más azotada por incursiones de las Farc en los últimos meses, provocando cierres temporales y obligando al Ejército y a la Policía Nacional a intensificar sus operativos para proteger a transportadores y viajeros.

Escasean las palabras para condenar un crimen como el de Palpis, Ricaurte, y lo que uno se pregunta es cómo es posible que dentro de la opinión mundial todavía haya gobiernos y organizaciones civiles que guardan alguna consideración o albergan dudas sobre el carácter terrorista de las Farc y su inveterada y permanente violación de las normas del derecho internacional humanitario, y en este caso, que ataca en forma alevosa a civiles inermes, prendiendo fuego al vehículo en que se transportaban y luego disparando su fusilería contra los que, en medio del pánico, intentaban salvarse de las llamas. Esperamos que este crimen merezca la reprobación de organizaciones como Amnistía Internacional, que en sus informes llama a las Farc con el eufemismo de “grupo de oposición armada”, lo mismo que de sus homólogas en Colombia, bastante cicateras a la hora de condenar las acciones terroristas y los crímenes de la narcoguerrilla.

También quedamos pendientes del pronunciamiento sobre esta matanza de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, pues es evidente que se trata de “un crimen de guerra”, por cuanto sus autores mataron a civiles en total estado de indefensión e inferioridad. Ahora que ya no existe la salvedad formulada al Estatuto de Roma, que limitaba la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Colombia, nos parece que el Gobierno debería denunciar los hechos de Nariño ante los organismos internacionales de Derechos Humanos y pedir a la CPI que nos ayude a perseguir a los cabecillas de ese grupo donde quiera que se encuentren.

De nuestra parte, un rechazo categórico al vil ataque contra esos compatriotas, nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y el llamado al bravo pueblo de Nariño a no dejarse doblegar por el narcoterrorismo y a colaborar en forma eficaz con las autoridades para derrotarlo. Cuentan para ello, en la persona del doctor Navarro Wolf, con un guardián aguerrido, que condena sin ambages a las Farc y su contubernio con el narcotráfico, con la autoridad que le da el hecho de haber militado en una organización extremista y de haber renunciado a la violencia contra las instituciones democráticas para emprender, dentro de ellas, una exitosa carrera política y administrativa.