Editorial
La Patria, Manizales
Noviembre 3 de 2009
El país necesita que la Corte Suprema de Justicia deje la tibieza y diga, con motivaciones claras y precisas, por qué la terna para Fiscal es inviable. Mientras eso no pase la sensación es que hay una pugna con el Presidente y que le quiere pasar una factura de cobro.
Ya no sabe el país cómo calificar el triste episodio que se ha generado alrededor de la elección del nuevo Fiscal General de la Nación en el que cada vez queda más en evidencia el pulso desafortunado que mantienen los poderes ejecutivo y judicial, representados específicamente en su orden por el Presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Otra vez este último ha desechado la terna ajustada que le presentó el Jefe de Estado luego de una reunión entre las partes que se cumplió en supuesta armonía y que daba por superadas las diferencias frente a la misma. Pero una semana después las cosas cambiaron y la Corte expresa que la terna no es viable. Esto exacerbó los ánimos de Álvaro Uribe que ya se había tragado su primer sapo cuando en medio de tanta polémica tuvo que cambiar a uno de los candidatos, el renunciado Juan Ángel Palacio, por Marco Antonio Velilla.
Sin embargo eso no fue suficiente para la Suprema de las cortes que, quizás haciendo valer esa característica y con un listado de cuentas por cobrarle al Presidente, guardó silencio en esa reunión, lo cual se tomó como una aceptación, para unos días después salir a decir que ninguno de los tres nombres es viable.
Pero qué es lo que en realidad quieren decir los magistrados, ¿que ninguno de los ternados es apto?, ¿que se viola la Constitución si alguno de los que se elige no es penalista?, ¿que tienen reservas frente a sus nombres?, ¿que están inhabilitados para ser Fiscal? Sea lo que sea el país necesita que el máximo órgano judicial deje la tibieza de una vez por todas y diga, con motivaciones claras y precisas, por qué la terna actual es inviable. Mientras eso no pase, la sensación que va a quedar es que está en una pugna con el Presidente y que le quiere pasar una factura de cobro por algo que no se sabe.
Tenemos que repetir aquí que si de algo está lleno el Estado colombiano es de gente que tiene capacidades de desempeño, así su perfil no sea el indicado para un cargo. Pero otra cosa es que las exigencias legales determinen que las personas tienen que tener una especialización definida, para lo cual no hay vuelta de hoja y la única salida es que se cumple o se cumple esa exigencia. En el caso del Fiscal General no, nadie ha salido a mostrar la condición exclusiva de penalista.
Claro que lo ideal es que conozca las profundidades del derecho penal, eso está bien, nadie quiere que el manejo de la Selección Colombia de Fútbol se lo den a un diseñador de modas sin recorrido en ese deporte. Sin embargo está demostrado que la Fiscalía la han manejado abogados sin nada de experiencia como penalistas. Solo basta mirar tres de los últimos que han pasado por allí: Mario Iguarán, Luis Camilo Osorio y Alfonso Valdivieso. Que sus resultados sean cuestionados es otra cosa, entonces ahí sí que se abra el debate frente al tema.
¿Pero quién dijo que semejante monstruo como es la Fiscalía General de la Nación, con unos 22 mil funcionarios, con un presupuesto deficitario y con tantos procesos penales como obligaciones administrativas y laborales, similares a las de cualquier otro organismo público, no la pueda gerenciar un abogado? Para eso están los pesos y los contrapesos, ¿o acaso no hay vicefiscales para uno y otro campo específico?
En ese sentido creemos que sí vale la pena entonces un debate público alrededor de la elección del Fiscal General a ver si así podemos darnos cuenta de cuáles son las objeciones reales para su escogencia hoy. Por lo pronto y sin que ello signifique que le estemos dando la razón al presidente Uribe, la Corte Suprema no puede seguir dilatando más un asunto de extrema urgencia para el país. Claro que si la posición es la de no elegir un Fiscal de bolsillo para el ejecutivo, pues que lo diga claramente, al fin de cuentas las peleas y las polémicas ya están encendidas. Lo que no podemos tolerar los colombianos es que las necesidades del país en materia penal se manejen entre soberbia y vanidades.
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