Quién espía a quién

Editorial

El Mundo, Medellín

Noviembre 2 de 2009

Confundir el derecho a informarse con el delito de espionaje no es más que manipulación interesada de hechos que ocurren a la vista de todos.

En capítulo que reedita el repetido libreto en el que los ataques a Colombia son arma preferida para defenderse de la oposición interna y las críticas internacionales, el gobierno de Hugo Chávez ha salido con la falacia de que en nuestro país se teje un entramado de espionaje en contra suya. Un informe robado de los archivos del DAS es el único sustento de una campaña mediática iniciada por el ministro del Interior, Tarek El Aissami, ante la Asamblea Nacional, y escalada gracias a los medios de comunicación de ambos países.

Habida cuenta de la complejidad de las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador, este problema exige la mayor atención de las autoridades, que en primera instancia tendrán que ocuparse de ordenar lo que el gobierno vecino quiere enredar. Se impone, en primer lugar, reconocer el legítimo derecho que tienen los gobiernos de buscar información confiable sobre los países que les merecen especial interés. Esa es una de las principales funciones de las agencias diplomáticas, que han de valerse para tal efecto de fuentes civiles confiables, y para nada puede ser confundida con un acto de espionaje. Tal ejercicio es más legítimo y resulta casi imprescindible cuando, como en el caso de Venezuela, no se puede tener confianza en la información que ofrecen los medios de comunicación, pues esta es sesgada, presionada o censurada por el gobierno. Confundir el derecho a informarse con el delito de espionaje no es más que manipulación interesada de hechos que ocurren a la vista de todos.

Para el que es imposible ocultar que está incurso en el delito de espionaje es para el gobierno venezolano. Ello es palpable con el solo acceso a documentos internos del DAS, escritos como parte de sus funciones como órgano de inteligencia del Estado colombiano, en filtración que deja muchas dudas sobre las estratagemas usadas por ese gobierno y sus aliados para acceder a documentos reservados, como lo manifestó el director de inteligencia colombiano, doctor Felipe Muñoz. La exhibición de los documentos secretos colombianos hizo evidentes las injerencias malintencionadas de un gobierno hostil en los organismos de seguridad colombianos y puso sobre alerta a las autoridades, que han encontrado serios indicios de una actitud sistemática de infiltración en Colombia.

En su edición de ayer, El Tiempo publicó un facsímil de la cédula de la ciudadanía venezolana de José Antonio Sánchez Herrán, nombre falso de Rafael García Torres, el ex jefe de informática del DAS condenado a once años de prisión por haber puesto su cargo en el organismo inteligencia al servicio de sus amigos paramilitares e investigado actualmente por tentativa de extorsión. Desde la situación de libertad de que disfruta gracias a la decisión de un juez de garantías que premió su “colaboración con la justicia”, consistente en la delación de sus socios, García se convirtió en agente doble del gobierno venezolano, que le ha brindado abundantes garantías, según la información periodística.

Habida cuenta del pasado judicial del señor García y a sabiendas de que todavía tiene abierto un proceso por un delito grave, no entendemos como el Estado colombiano permite que ande por el mundo listo a convertirse en aliado de gobiernos hostiles, a los que engatusa con información privilegiada y sus fantasías delirantes sobre nuestros dirigentes. Razón tiene nuestro columnista Alfonso Monsalve cuando lamenta la debilidad y los descuidos del servicio de inteligencia colombiano en casos como este en el que está en juego la seguridad nacional.

Un capítulo más de la intervención agresiva del gobierno de Venezuela contra Colombia, lo constituye la participación camuflada de un coronel y dos suboficiales adscritos a la agregaduría militar de su Embajada en nuestro país en las marchas contra el presidente Chávez.

Documentos revelados en Colombia los muestran haciendo sospechosas fotografías de ciudadanos que libremente participaban de la convocatoria y que así ejercían su derecho de expresión. Este hecho, las actuaciones irregulares de otro coronel que fue deportado tras haber ingresado irregularmente a Colombia y la existencia de firmes sospechas de que oficiales venezolanos han venido siguiendo al exiliado golpista venezolano Pedro Carmona muestran que las acciones de espionaje sistemático y como actuación hostil frente al otro país corren por cuenta del gobierno venezolano.

El episodio sobre la falsa denuncia contra Colombia, que se suma a la infame masacre de once vendedores ambulantes, diez de ellos de nacionalidad colombiana, ocurrida la semana pasada en el Estado Táchira, muestra que el presidente Chávez comienza a pasar de las hostilidades políticas y comerciales contra Colombia a un despliegue de agresiones en el delicado campo de la seguridad nacional. Dada tan riesgosa situación, a nuestro gobierno le tocará desplegar sus mejores habilidades diplomáticas y de inteligencia, a fin de enfrentar el nuevo campo de ataques de un gobernante que no deja dudas de su condición de enemigo de Colombia, así con ello contraríe la voluntad de nuestros hermanos venezolanos.