Un debate necesario

Cecilia María Vélez *

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 7 de 2009

El tema de la financiación de las universidades públicas se ha tomado el debate sobre la educación en Colombia en el último mes. El debate es bienvenido. Es innegable que las universidades públicas han crecido y que gracias a su dinamismo entre el 2003 y el 2008 aumentaron 30 por ciento su matrícula. Tenemos así mismo un número mayor de estudiantes en la educación superior, lo que nos ha permitido alcanzar un 35,5 por ciento de cobertura, tasa que supera el promedio latinoamericano. Las instituciones han hecho una tarea meritoria en términos de calidad e investigación.

El país puede estar orgulloso de estos logros. Y el Gobierno reconoce de manera pública que este resultado ha sido posible gracias al esfuerzo de las instituciones y al liderazgo de sus rectores.

Estas son buenas noticias. Como también lo es el mayor número de bachilleres que se graduarán en los próximos años. En el 2008, el total de bachilleres pasó de 471.254 a 647.997 y probablemente alcanzaremos los 700.000 este año, lo que incrementará la demanda por educación superior.
Por ello, entiendo que el punto de partida de esta reflexión debe ser la manera de garantizar que ese dinamismo de las universidades públicas se sostenga y continué.

Empecemos por el debate coyuntural. Para el 2010, los rectores le solicitaron al Gobierno, mediante carta pública, un crecimiento real de su presupuesto de 4,5 por ciento, equivalente a 90.000 millones de pesos adicionales. Luego elevaron su demanda a 150.000 y, finalmente, el Congreso de la República aprobó 160.000 millones, que representan un crecimiento real del 7,06 por ciento de los recursos del 2009. La discusión que plantean ahora los rectores tiene que ver con la forma como se van a distribuir esos recursos.

Estos recursos son adicionales para los presupuestos de las universidades públicas y se distribuyen así: 70.000 millones para ampliación de cobertura a través de un fondo en el Icetex, que van a las universidades públicas de acuerdo con un plan y se garantizan a largo plazo; 30.000 millones que se adicionan al presupuesto de Colciencias para proyectos de investigación en las universidades públicas; 18.000 para el reconocimiento de los descuentos por votación que vienen efectuando las universidades en sus matrículas a los jóvenes sufragantes. Y los 42.000 millones restantes, que hacían parte del presupuesto del Icfes, van a cubrir los desequilibrios generados por el crecimiento de la matrícula y por cambios normativos asociados a la remuneración de los docentes.

En este último punto, en el cual han hecho el mayor énfasis los rectores, necesitamos clarificar las cuentas con las universidades, por cuanto aún no se han allegado cifras consistentes y confiables, y se deben descontar los crecimientos reales que han tenido los recursos en los últimos años. Si contamos desde la aprobación de la Ley 30 en el 92, los aportes del Gobierno Central se han incrementado en 47 por ciento en términos reales.

Pasemos ahora a la discusión estructural y de largo plazo. Como país, para el 2019 nos propusimos el gran reto de alcanzar una cobertura del 50 por ciento y metas exigentes en calidad.

Debemos garantizar el acceso de por lo menos 500.000 nuevos estudiantes y fortalecer el trabajo en investigación e innovación. Debemos pensar en el desarrollo de un sistema público armónico, con presencia de universidades de investigación y de docencia. Se debe reconocer en la financiación el desarrollo en investigación de algunas universidades líderes, pero garantizar que esta actividad llegue a todas las instituciones y a los estudiantes de las regiones a través de la articulación del sistema público. Con tal fin, hay que aumentar los recursos y encontrar formas de distribuirlos con los incentivos correctos, lo que nos lleva a la reforma del artículo 86 de la Ley 30.

Para empezar esta discusión, proponemos preservar el espíritu de la ley en el sentido de garantizar la autonomía y los recursos a las universidades en pesos constantes, pero abrir nuevas fuentes para el sector, con indicadores que permitan la asignación de los recursos de una forma eficiente, eficaz y equitativa. Se oyen propuestas.

* Ministra de Educación Nacional