Editorial
Noviembre 1 de 2009
Dentro de dos días cuando se reinicie en el Senado de
El Gobierno Nacional quitó los subsidios de AIS a los grandes empresarios y la ayuda oficial sólo cobijará los proyectos de pequeños grupos campesinos que cumplan con las condiciones establecidas para determinar los propósitos de esta inversión social. Así se anunció esta semana que acaba de terminar, en una medida de reacción ante la polémica desatada por beneficios para familias pudientes que, entre otras cosas, fueron aportantes de dinero a las campañas presidenciales de Álvaro Uribe, la de elección y la de reelección.
Lo que se ha dicho alrededor de este escandaloso tema tiene tanto de largo como de ancho, así como mucho de cierto y de falso. Y lo es pues no se pueden esconder asuntos aberrantes como la entrega de millonadas de dinero, en cuantías diferentes, a varios integrantes de acaudalados grupos familiares de
Sin embargo tampoco se puede satanizar el programa porque le haya hecho concesiones legales a grandes empresas pues si lo que se necesita es generar producción y reactivar el campo, y los campesinos o propietarios de pequeñas parcelas de tierra no buscan acceso al beneficio porque no tienen capacidad de pago, no están interesados o no creen en las políticas públicas, pues hay que prestarles, no regalarles, a las empresas grandes, medianas o pequeñas que tengan planes agrícolas definidos y estén dispuestas a jugárselas por ellos.
En otras palabras, se debe mirar con detenimiento, más allá del calor partidista de oposición y del normal enojo por los abusos comprobados, si quienes no tuvieron acceso a los créditos en las distintas líneas que ofrece AIS fue porque no presentaron los proyectos con los requisitos exigidos, fueron descartados por incompetencia legal o financiera, querían aprovecharse de un beneficio oficial o fueron despojados de un derecho adquirido de manera insensible y sin argumentos justificables.
Y es que el tema es de tal complejidad que la propia Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que tantas diferencias ha tenido con el gobierno de Álvaro Uribe (aunque también coincidencias), protestó hace tres días al conocer la decisión oficial de quitarles los beneficios a las grandes empresas. Rafael Mejía, presidente de ese gremio, le pidió al Presidente “dejar que ese instrumento (AIS) siga apoyando a todos los productores del campo” pues según él eso afecta la confianza inversionista en el país.
De las distintas conclusiones que se pueden sacar frente a este espinoso tema la más clara y evidente, pero quizás la más difícil de ejecutar en el mediano plazo, es la necesidad de una reforma agraria. Claro que conociendo lo que es Colombia en este tema y los intereses, legales e ilegales, que hay de por medio en cuanto a la tenencia de tierras, más demora en plantearse el asunto que guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, terratenientes, congresistas y politiqueros de todas las pelambres en salir a pescar, a su manera, en el río revuelto que se formaría.
Al programa Agro Ingreso Seguro hay que hacerle una completa radiografía para saber dónde están sus puntos cancerígenos, los que hayan hecho metástasis y los que puedan ser extirpados. Para eso se necesita el concurso de
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