José Manuel Restrepo Abondano
El Nuevo Siglo, Bogotá
Noviembre 5 de 2009
Acaba de salir publicado el más reciente sistema de referenciación (Ranking) de las universidades del mundo. Me refiero al famoso “Ranking de The Times” que agrupa a las mejores instituciones de educación superior a la luz de resultados de sus publicaciones, del impacto académico de las mismas y de una evaluación objetiva de la reputación del centro académico. En este ejercicio a pesar de que la número uno en el mundo sigue siendo Harvard University, inquietan algunos cambios adicionales.
La supuesta mejor universidad de América Latina, la UNAM de México, desciende 40 puestos y se sitúa ahora en el puesto 190. Sorprende positivamente también el mejor posicionamiento de las universidades europeas y asiáticas, que recuperan los mejores lugares. Como casos representativos de dicho logro sorprenden los avances de las universidades de Toronto, la Técnica de Munich, la de Alberta, la Aarhus de Dinamarca, la Lund de Suecia, la Nacional de Taiwán, la Nagoya de Japón, la de Hong Kong, entre muchas otras.
Se nota pues un esfuerzo importante de mejoramiento de las universidades asiáticas (japonesas, chinas, coreanas y malayas). Este mejoramiento ha sido el resultado de un alto nivel de inversión en el sistema, relacionado con mejores profesores, internacionalización, apoyo a la publicación y mayores niveles de pertinencia curricular. En todos los casos, construcciones de largo plazo y con visión estratégica que ahora cosechan sus mejores resultados.
Esta reflexión viene como anillo al dedo en la discusión que se adelanta entre las universidades estatales y el gobierno por el financiamiento de la educación superior pública, una discusión sobre la escasez creciente de recursos para soportar mayores niveles de calidad en educación superior en Colombia.
Una discusión que ni siquiera tiene un bloque unificado entre las universidades oficiales, pues allí aparecen intereses diversos, que hacen pensar que los acuerdos no serán sencillos.
No se trata sólo de aumentar los recursos a la educación superior pública, sino llegar a un acuerdo respecto de cuánto le corresponderá a cada una de las universidades interesadas, y allí no hay criterio definido.
Nadie puede negar que en educación superior siempre serán bienvenidos nuevos recursos. Siempre serán indispensables. Siempre tendrán donde gastarse. El problema radica en que dichos recursos son cada vez más escasos y suponen un esfuerzo adicional de las universidades estatales por mayores niveles de eficiencia y productividad. La realidad de los sistemas de educación superior en el mundo, tal como lo demuestra un informe reciente de Cinda para toda Iberoamérica y algunos países representativos (ver tabla f.3.2. del Informe 2007), es que las universidades deben cada vez depender menos de los aportes de gobierno, y necesitan modernizar, actualizar y redimensionar sus fuentes de financiamiento, logrando muchos más recursos propios.
Aquí pues se requiere un esfuerzo que no se circunscribe al gobierno. O las universidades elevan sus niveles de eficiencia y diversificación de fuentes de ingresos, o nos seguirá pasando en estos sistemas de referenciación lo que ya les pasa a otras universidades latinoamericanas.
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