Edgar Polo
El Heraldo, Barranquilla
Noviembre 19 de 2009
No conozco al almirante Gabriel Arango Bacci. Me llama la atención que a un alto oficial de la Armada Colombiana después de dos años de tortuoso proceso criminal con privación de la libertad (lo que eventualmente constituye crimen) tanto la Fiscalía, entidad acusadora, como la Procuraduría, vigilante del proceso no solo pidan la absolución del incriminado sino que solicitan se investigue el origen y la verdadera razón de las infundadas acusaciones.
La carga de profundidad que le habían mandado al Almirante era suficiente para hundir al acorazado más poderoso. Concierto para delinquir agravado, Revelación de Secreto Militar, Cohecho Propio, Prevaricato por Omisión y Enriquecimiento Ilícito. Fundamentados básicamente en un recibo por valor de 115 mil dólares con huella dactilar de Arango Bacci, la declaración de Jaime Pérez Charry, testigo estelar de la parapolítica, y una declaración del sanandresano Eissyn Mattos.
El recibo de pago fue aportado a las autoridades por el capitán de Navío Luis Tovar Neira, a la sazón Jefe de Contrainteligencia de la Armada, quien dijo haberlo recibido de una “persona anónima”, con membrete del “señor de la herradura”, aparentemente contenía una huella dactilar del acusado. En octubre de 2007, un dictamen pericial de la Fiscalía determinó que la huella era falsa.
Jaime Pérez Charry, después de caer en una serie de imprecisiones, se retractó de la declaración inicial. Había procedido así porque agentes de la Fiscalía le habían ofrecido protección y dinero.
Con relación a Eissyn Mattos, se pudo establecer en el proceso que había actuado así presionado por dos miembros de Inteligencia de la Armada.
Así las cosas, con cargos sin sustento probatorio, la Corte Suprema de Justicia debería proceder a declarar mediante sentencia la inocencia de Arango Bacci, conforme a la lógica y las conclusiones de los entes investigadores. Salvo que, en el ‘milenio del gobierno de los jueces’, los supremos magistrados salgan con una trastada al inferir la responsabilidad con base en las pruebas desmentidas por aquellos.
Sorprende que una vez conocidas las actuaciones del Fiscal como del agente del Ministerio Público, el almirante Barrera, Comandante de la Armada, y el Embajador de los Estados Unidos salgan a los medios de comunicación, el primero para pedir a la Fiscalía explicaciones por haber concluido en la inocencia del acusado cuando “había 30 folios de pruebas”. Imagino que estaría arrepentido de no haber aportado 30 mil, ignorando que las pruebas son valederas en razón de su aptitud demostrativa y no de su volumen. Como diría Sherlock, elemental, mi querido Almirante.
Por su parte, el Embajador de Estados Unidos, indelicadamente mete baza para indicar que mirará con lupa el proceso, preocupado por las actuaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, cuando lo que le debería interesar es la justicia y la verdad.
Si al final todo sale como debe ser, ¿quién responde por los platos rotos? Será que al almirante Arango Bacci se le restaura su honor militar y personal después de la humillación pública y su descalificación. ¿Qué de los costos familiares y económicos? ¿Quién responde por los ingentes costos para la Nación de semejante proceso urdido por quién y quién sabe con qué intenciones?
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