José Gregorio Hernández
La Patria, Manizales
Noviembre 19 de 2009
Contra reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha defendido la autonomía universitaria garantizada expresamente en la Constitución como uno de los postulados básicos del sistema educativo colombiano, hay jueces que insisten en conceder tutelas improcedentes y en ordenar a las universidades otorgar títulos sin cumplimiento de los requisitos exigidos, y en modificar calificaciones para que "pasen" estudiantes que no lo merecen.
Desde luego, los alumnos tienen derecho a la educación, al debido proceso, a la defensa -entre otros derechos básicos susceptibles de ser violados por los establecimientos de educación-, y las instituciones tienen que respetarlos y hacer que sus docentes los respeten, por lo cual en algunas situaciones las acciones de tutela tienen perfecta validez y aplicación con miras al amparo efectivo de los derechos fundamentales.
Pero los jueces deberían tener más cuidado. El ámbito de sus atribuciones no les permite desplazar a los educadores en su tarea, sustituir a los catedráticos en la función de evaluar los conocimientos y la preparación de los alumnos, ni favorecer -contra las reglas- a estudiantes que pretenden alcanzar en los estrados judiciales lo que no pudieron lograr académicamente; es decir, no puede hacer carrera aquello de que "si me rajo ante el profesor, puedo aprobar ante un juez".
No debe prosperar la vulneración -que necesariamente se produce en tales casos- del derecho a la igualdad de los demás alumnos, quienes se sometieron a sus pruebas académicas y las aprobaron con éxito, pero ven con sorpresa cómo compañeros que no estudiaron y perdieron le "ganan" la tutela a la Universidad y aprueban sin merecerlo, por orden judicial. Una orden que muchas veces se adopta sin conocimiento de causa, y sin la preparación del juez en la materia específica respecto de la cual se queja el estudiante.
Así, un juez -que es abogado- resulta sabiendo más de ingeniería o de arquitectura que los profesores universitarios especialistas en esas disciplinas, y descalifica sus notas.
El asunto es más grave cuando los jueces ordenan otorgar títulos. A ese respecto, es deplorable que una función tan delicada como dar fe de que quien cursó una carrera universitaria ya es apto y está preparado para ejercerla, se desempeñe por un juez desplazando a la institución y sin criterio.
Ojalá los jueces, con decisiones equivocadas y sin fundamento, no se conviertan en factor favorable a la mediocridad de nuestros profesionales.
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