Editorial
El Colombiano, Medellín
Noviembre 21 de 2009
Respetar la población civil es un principio del Derecho Público Internacional y de todo hombre y sociedad civilizados. Por eso rechazamos la acción del Ejército venezolano de volar dos puentes peatonales, en el municipio de Ragonvalia, Norte de Santander, que han unido por años a las comunidades fronterizas de Colombia y Venezuela. Y es más grave aún que el Palacio de Miraflores reconozca como legítimo este acto de fuerza, máxime cuando estos dos puentes tienen el inigualable valor de la hermandad, pues fueron construidos por los mismos pueblos.
Resulta obvio que ahora la estrategia de Chávez es escalar las diferencias con Colombia, supuestamente originadas como consecuencia del acuerdo de cooperación militar suscrito entre Estados Unidos y nuestro país. Esta es la excusa que Chávez hábilmente da para tratar de desviar la atención de su verdadero calvario: la pérdida de popularidad y su enredada gobernabilidad, por el desabastecimiento en productos básicos, la falta de servicios públicos esenciales, el aumento en la criminalidad, en la corrupción, la ineficiencia de sus empresas y una economía en creciente recesión.
El Presidente Uribe entiende bien este juego de Chávez. Sabe que no conviene responderlo ni dejarse provocar por su altisonante verbo y las escaramuzas bélicas. Ante la ausencia de un diálogo bilateral, Colombia debe reforzar la diplomacia y volver a los organismos internacionales encargados de velar por las buenas relaciones entre los Estados. Y esos entes multilaterales también deben hacer prontamente su oficio, en pro de la paz y la seguridad regionales.
Tienen la palabra la OEA, la ONU y Unasur. Nadie comprendería su silencio ante las amenazas de guerra de Venezuela, y menos frente al hecho ya concreto de la voladura de una infraestructura, donde la perjudicada es la población civil. La indiferencia de los organismos internacionales bien podría tomarse como una aceptación tácita de la barbarie y un retroceso del Derecho Internacional Público, instaurándose de nuevo la "ley de la selva", una verdadera hecatombe no sólo para Colombia sino para la humanidad.
Si bien el Presidente Uribe reitera que "Colombia no produce gestos de guerra, ya que nuestra determinación es la derrota del terrorismo", esta batalla no puede librarse en solitario. Se necesita la solidaridad y el apoyo efectivo de otros influyentes países. Es preciso que Estados Unidos se pronuncie sobre las constantes agresiones del mandatario venezolano, importante labor que demanda una más visible y eficaz intervención de nuestra Embajadora ante la ONU, Claudia Blum. De igual forma esperamos una acción más contundente de Brasil, gran líder y promotor de Unasur. ¡Ya son insuficientes los abrazos de solidaridad y las resoluciones de comprensión!
Debemos obrar con prudencia pero con total firmeza para defender nuestro país y rodear al Presidente de la República actual, y a quien sea elegido en mayo de 2010, pues el máximo deseo del mandatario venezolano es perpetuarse en el poder y expandirlo al vecindario.
Quizás Hugo Chávez no esté loco. Sus actos, premeditados, son concertados con otros gobiernos regionales y de otros continentes, con el fin de instaurar, consolidar y expandir el mal llamado Socialismo del Siglo XXI. No podemos ser ingenuos, porque lo que está de por medio es la dignidad y supervivencia de la Nación colombiana y sus valores democráticos, principios que defendemos los colombianos de buena voluntad, es decir, la mayoría.
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