Raúl Lombana Hernández
Blog El Caribe Manifiesto, eltiempocom, Bogotá
Noviembre 21 de 2009
Durante décadas el país tuvo que soportar una violencia indiscriminada. Todos los actores armados involucrados en esta guerra le han generado dolor a la sociedad. Los gobiernos de turno de esa época daban la impresión de que cohonestaban con las estructuras criminales. No se entiende de otra manera, debido a que el fortalecimiento de estos grupos se debió exclusivamente a la ineptitud de los gobiernos pasados. Éstos, actuaban ajenos al clamor popular. La sociedad civil indefensa y vejada les exigía el restablecimiento del orden y la paz para la nación. Durante años, el país se vio inmerso en el enfrentamiento entre dos estructuras armadas con marcadas diferencias ideológicas. Por un lado estaban las guerrillas de izquierda, quienes con el paso del tiempo se convirtieron en carteles de la droga, y por el otro lado estaban los grupos de justicia privada conformados para enfrentar a las guerrillas ante la incapacidad del estado por frenar su avance. A esta última estructura, autodenominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los enemigos del estado colombiano les dieron el remoquete de Paramilitares. Durante años, el país vivió azotado por los enfrentamientos entre ambos bandos. Miles de compatriotas fueron asesinados durante esa época aciaga en que vivió sumergida la república.
Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la república las cosas empezaron a cambiar. El restablecimiento de la seguridad se hizo evidente hasta el día de hoy. La política de Seguridad Democrática implantada por este gobierno le cambió la cara al país. Aún persisten los grupos terroristas de izquierda empecinados en seguir atacando a la población civil a pesar de los esfuerzos de las fuerzas armadas por evitarlo. El gobierno empeñado en liberar del yugo de la violencia a la sociedad colombiana decidió combatir a los grupos armados ilegales y al mismo tiempo les ofreció su voluntad de hacer la paz. Para tal fin, se logró que la iniciativa gubernamental, para lograr un proceso de reinserción de los actores armados, se aprobara en el Congreso de la República a través de la ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Al tenor de esta ley se logró la desmovilización de los grupos de Autodefensas permitiendo la dejación de armas por parte de esta estructura. El sometimiento a ella produce unos beneficios directos a los ex miembros de esas organizaciones que confiesan su participación en los delitos que se les imputan. Ésta permitió la desmovilización de sus jefes, algo que años atrás era inimaginable.
Ahora, los logros del gobierno en materia de seguridad, es decir, logrando la desmovilización de los miembros de las AUC como también diezmando significativamente a los grupos terroristas de izquierda, parecen haber logrado el rechazo.de un sector de la sociedad colombiana. Curiosamente, los mismos que parecen haber sacado dividendos de la época aciaga en que vivió sumergido el país. Los líderes de la izquierda colombiana y los opositores al gobierno no han querido aceptar que a la ley 975 se le debe la desmovilización de las Autodefensas. Además, el incumplimiento por parte de los ex jefes de esta estructura al sometimiento de ésta fue lo que motivó a que fueran extraditados a Estados Unidos, lo que paradójicamente suscitó el rechazo de la izquierda colombiana. Pregunta el colombiano del común: ¿Quién los entiende?
No se puede ocultar que la Corte Suprema de Justicia utilizó el sometimiento a la ley 975 de los ex jefes de las AUC para iniciar una cruzada en todo el país dirigida a juzgar los vínculos que hubo entre la clase política y los miembros de esta estructura. Esta acción de la Corte se ha rotulado como el proceso de la Parapolítica. Los recursos de la máxima instancia judicial fueron puestos en pro de la gran cruzada nacional. Aún más, el gobierno a través del presupuesto nacional adicionó unos recursos para satisfacer las exigencias en materia financiera que hizo el órgano judicial.
Pues bien, este proceso, denominado Parapolítica, ha sido el culpable de que la Ley de Justicia y Paz no haya sido aplicada conforme al tenor de la misma. Es decir, el espíritu de la norma lo que busca además de la desmovilización de los miembros de los grupos ilegales, es la verdad y reparación de las victimas de estos grupos. De ahí, que para obtener los beneficios de dicha ley se hace necesario que los ex miembros de estas organizaciones confiesen su participación en los hechos materia de investigación como además la ubicación de fosas comunes. Luego del cumplimiento de estos dos presupuestos sigue la reparación patrimonial a las familias de las víctimas. Para lo anterior se creó en su momento el Fondo Para la Reparación de las victimas.
La sensación que deja la ley 975 después de 4 años de su promulgación es que a las victimas no se les ha permitido el acceso a la verdad ni a la reparación. Pero, hay que decir que esta ley, pensada para favorecer a las victimas, ha sido usada como caballito de batalla político por parte de la Corte Suprema de Justicia para "quitar del camino" a sus contradictores. La parapolítica más allá de arrojar beneficios directos a las víctimas de los grupos ilegales, lo que ha ocasionado es la vulneración de los derechos de miles de hogares colombianos, enlutados por los grupos ilegales, a saber la verdad.
Lo anterior se sustenta en que todo el tiempo en que estuvieron acogidos los ex jefes de las AUC a la susodicha ley, sólo fue usado por la Corte Suprema para "sacarles" información sobre la clase política colombiana. Todo el tiempo en que estuvieron detenidos en cárceles colombianas, sólo fue usado para que estos ex jefes denunciaran a políticos del país. Más allá de conocer la verdad que beneficiara a las victimas, a la máxima instancia de la justicia ordinaria colombiana, lo que realmente le importaba era acumular una cantidad de material obtenido a veces de manera ilegal, según denuncias existentes, para fustigar a la clase política colombiana cercana al gobierno. Los derechos de los familiares de las víctimas fueron vulnerados por la Corte al desviar las investigaciones con el único propósito de obtener "ventaja" frente al poder legislativo y de paso frente al poder ejecutivo, debido a que éste contaba con el respaldo político de los implicados en tales investigaciones. Aún más, el pueblo colombiano vio como los magistrados de la Corte se convirtieron en las vedettes de los medios de comunicación. Emperifollados por la atención que acaparaban de las cámaras de televisión, descuidaron alevosamente el objetivo de la Ley de Justicia y Paz. Hoy vemos cómo muchas familias se han quedado viendo un "chispero", cómo dirían en la Costa Caribe, mientras algunos miembros de la Corte han usufructuado las investigaciones y las han convertido en trampolín para hacer proselitismo político.
La Corte Suprema de Justicia no puede negar ante la comunidad nacional e internacional que las investigaciones llevadas a cabo sólo buscaban convertirla en contradictor político del gobierno y de su coalición en el congreso. Por eso produjo desconcierto al escuchar las declaraciones dadas por el órgano judicial posteriores a la extradición de los ex jefes de las AUC a Estados Unidos. Una vez el gobierno hizo efectivas las solicitudes de extradición, ahí sí salieron a lanzar acusaciones en contra del gobierno porque, según ellos, se les estaba violando el derecho a las víctimas a conocer la verdad. Lo paradójico es que dichas extradiciones fueron autorizadas meses antes por la mismísima Corte: ¡Qué tal!
Por último, los familiares de las víctimas de los grupos ilegales deberían protestar ante los organismos internacionales por la vulneración de sus derechos a que fueron objeto por parte de la Corte Suprema de Justicia. Hoy no se puede seguir lamentándose y excusándose en que los ex jefes extraditados no han confesado sus crímenes. El poder judicial colombiano tuvo todo el tiempo necesario para obtener las confesiones de los líderes de esa organización cuando éstos se encontraban en cárceles de máxima seguridad de Colombia. Por eso es fundamental que se le haga un juicio moral a la máxima instancia de la justicia ordinaria para que responda por su negligencia y por haberse convertido en el escollo insuperable de la ley 975.
La ñapa: La no elección del Fiscal de la terna enviada por el ejecutivo, motiva a denunciar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por prevaricato. Parece ser que las denuncias en su contra por ser prevaricadores como que tienen su sustento. La decisión del órgano judicial de no elegir el Fiscal parece ratificar que la Corte es un fortín de prevaricadores.
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