De mal en peor

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Noviembre 4 de 2009

Preocupante, por decir lo menos, es el más reciente enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia ante la negativa de esta última a considerar la terna remitida por el primero con los candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. Si bien para algunos los episodios más frescos son un capítulo similar a otros previos en lo que constituye una larga historia de desencuentros, la verdad es que lo ocurrido en los días recientes empeora una situación que ya era muy mala. En consecuencia, no está de más volver a hacer un llamado para que prime la cordura y ambas partes puedan trabajar en forma independiente pero armoniosa, que es lo que les corresponde.

Una prolongación de las tensiones, en cambio, resulta francamente dañina para el equilibrio institucional del país. Para comenzar, porque la interinidad en la Fiscalía no le sirve a una nación con tan graves problemas en materia de crimen e impunidad. Además, porque resulta muy peligroso entreabrir siquiera la puerta de acusar a la Corte de quebrantar la Constitución, tal como lo planteó el Ministro del Interior en la noche del lunes. Eso, aparte del daño a la imagen de Colombia, que trata de demostrarle al mundo que sigue en trance de resolver sus profundos desafíos, sobre todo en materia de aplicación de justicia.

Frente a ese escenario, vale la pena recordar que, durante el proceso de discusión de la actual Carta Política, hace 18 años, la Asamblea Constituyente decidió desechar la propuesta hecha por el gobierno de ese entonces, en el sentido de dejar en cabeza del Presidente de la República la designación del encargado del ente acusador. A cambio, se prefirió un sistema mixto, y bastante original, que dejaba en la Casa de Nariño la nominación de la terna, pero en la Corte Suprema la decisión final. En el pasado, ese método funcionó relativamente bien, así en ocasiones el abanico de candidatos no incluyera pesos pesados, ni especialistas en derecho penal.

Sin embargo, todo ello cambió en esta ocasión. En medio de un ambiente que ya venía pesado, el Ejecutivo propuso tres nombres, que fueron mal recibidos en el alto tribunal, que conceptuó sobre su inviabilidad. En respuesta, y después de muchos ires y venires, el Gobierno aceptó la renuncia del candidato más controvertido, con lo cual todo apuntaba al fin del impasse. Como es conocido, ese no fue el caso y, de este modo, el limbo sigue.

Ante lo ocurrido, los especialistas están divididos. La mayoría de los ex constituyentes de 1991 piensan que, así no les guste la baraja a los magistrados, la Presidencia se ha ajustado a las normas. Otros opinan que la tesis de la inviabilidad es válida y que la Corte tiene razones para pedir nuevos nombres.

Este periódico, a su vez, ha dicho y reitera que el alto tribunal debería escoger el nuevo Fiscal dentro de la terna remitida. Aun aceptando, en gracia de discusión, la hipótesis sobre la presencia de candidatos de 'peso liviano', es claro que la responsabilidad política por su designación recae en el Jefe del Estado. Pero, con su negativa a escoger el sucesor de Mario Iguarán, la Corte no solo está desviando el debate, sino alimentando la impresión de que ha perdido la imparcialidad en un tema fundamental. Eso puede llevar a que se cuestionen sus fallos futuros, sobre todo en asuntos en los que no puede haber dudas sobre veredictos emitidos en derecho.

Lo anterior no desconoce en absoluto el ejemplar trabajo de la Corte Suprema al desmontar el abominable y criminal maridaje entre paramilitarismo y política. Pero, así como este diario ha apoyado sin descanso esa valerosa labor, también debe pedirle al alto tribunal que haga lo que las normas le indican con respecto a la escogencia del Fiscal. Igualmente, debe solicitarle al Ejecutivo que no le eche más leña al fuego y alimente una hoguera que no puede ni debe tener cabida en las relaciones entre los poderes públicos.