Debatiendo con la Sra. Ministra

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Noviembre 8 de 2009

Leí con atención la columna de la ministra de educación, doctora Cecilia María Vélez White, sobre el presupuesto de las universidades, publicada ayer en El Tiempo. En ella, al final, pide soluciones que permitan reformar la Ley 30. Algunas ideas al respecto.

La primera, es que hay que reconocerle a las universidades públicas que han hecho el enorme esfuerzo de cobertura y de investigación no sólo con retórica sino con dinero. Ya es un avance que, por primera vez (que yo sepa), la máxima vocera de la educación en el gobierno admita que dichas universidades tienen algo (para ella) de razón. Pero tuvo que haber una protesta nacional, que pudo evitarse, más en estos tiempos turbulentos, para que lo hiciera.

Es verdad que este año hay 30.000 millones de pesos adicionales para investigación en estas universidades, adicionados al presupuesto de Colciencias. Pero también lo es que la oferta inicial del gobierno era de 4.500 millones y que si no hubiese sido por la gestión del representante Jaime Restrepo Cuartas, ponente de la recién este año aprobada ley de ciencia y tecnología, dicha cifra no se hubiese modificado.

Se trata, pues, de un avance que no es imputable al ministerio y siendo como es, significativo, se trata de una cifra pequeña, si se tiene en cuenta el esfuerzo presupuestal que hacen universidades como la de Antioquia y Nacional, que solas realizan más del 60% de la investigación del país, y las del Valle, Industrial de Santander y Cauca. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, puso el año pasado, en recursos frescos propios, más de 13.000 millones de pesos, a los que hay que adicionar lo que invierte la infraestructura, el tiempo de los profesores, etc, con los cuales superó fácilmente los cien mil millones.

Ahora bien, ese es un aporte para investigación exclusivo del presupuesto de 2010, que no se convierte en base presupuestal para los años siguientes. Un paño de agua tibia para intentar acallar la voz autorizada de rectores que, como Moisés Wassermann, tienen la autoridad moral y académica para reclamar un mejor tratamiento a las universidades públicas.

Lo que hay que hacer, en mi modesta opinión, son dos cosas: a) definir cuáles son las universidades públicas que hacen investigación sistemáticamente y a escala importante, y a estas, b) asignarles para esa actividad, dineros importantes ligados a la base presupuestal, condicionados a indicadores de calidad y pertinencia que se verifiquen y refinen anualmente, castigando la ineficiencia o el incumplimiento de las metas fijadas, con los recortes presupuestales a que se hagan merecedores. Sólo si hay base presupuestal para investigación, distinta a la asignada para cobertura, se abre una oportunidad de competir con estándares internacionales a las mejores universidades públicas del país. Esto, acompañado, por supuesto a las bolsas concursables, en las que cualquier grupo de investigación pueda participar.

La política no puede ser que todas las universidades investiguen por obligación, sino que haya investigación en las mejores universidades, aquellas que hayan alcanzado una importante tradición al respecto, que sirva al país y que forme e incorpore a investigadores de zonas y universidades donde esta actividad es débil o inexistente para que lleven a cabo proyectos que sirvan al desarrollo de dichas zonas, con la finalidad de que en ellas se creen las condiciones objetivas para que la investigación pueda darse con calidad, pertinencia y sistematicidad. Esta idea no excluye a universidades públicas que, sin tener un sistema de investigación consolidado, han avanzado en áreas específicas con estándares de calidad o están a punto de alcanzarlos. Habría que asignarle presupuestos de apoyo para esas áreas.

Todo el mundo sabe que los dineros de investigación tienen una procedencia externa importante, de las relaciones con las empresas, de la producción de conocimiento que genere valor en la economía y produzca regalías, de la cooperación internacional, etc; pero dichos dineros requieren de apalancamiento sin el cual, esas alianzas son imposibles.

La segunda, es que no es consistente que la funcionaria alegue que las cuentas de las universidades públicas no están claras. ¿Cómo puede ser posible que después de siete años en el cargo no haya podido conocer la realidad de tales cifras? Más cuando plantea que el salto en cobertura para el 2019 será de 500.000 nuevos estudiantes. ¿Cómo se va a financiar? Anuncia 42.000 millones “para cubrir los desequilibrios generados por el crecimiento de la matrícula y por cambios normativos asociados a la remuneración de los docentes”. De nuevo, no se trata de una partida de base presupuestal. Se hará en 2010, con una cifra que no cubre el hueco creado en los presupuestos de las universidades públicas hasta ahora. ¿Y luego, qué?

Si se aplica el sistema actual, el resultado final será el de unas universidades públicas reventadas, produciendo estudiantes sin asegurar la calidad de los mismos y minando el valioso activo de la investigación. Modelar el costo de esta meta y asignarle recursos, de manera concertada con los rectores, combinando las nuevas tecnologías con el aumento del número de profesores. Y como condición indispensable, complementando a Colciencias en la formación de doctores y magíster, porque no puede haber cobertura de pregrado a costa del aumento de la cobertura en posgrado, estratégico éste para el desarrollo de una economía de conocimiento en una sociedad con conciencia de sí, equitativa y plural.