Lionel Moreno Guerrero
El Nuevo Siglo, Bogotá
Noviembre 20 de 2009
Honduras entró en crisis cuando, el 28 de junio, la Corte Suprema y el Congreso de Honduras declararon que el presidente Manuel Zelaya había violado la Constitución, ordenaron su detención mientras el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, asumía la presidencia interinamente. El ejército, en lugar de simplemente arrestarlo y ponerlo a disposición de la justicia, lo deportó a Costa Rica. Esto generó un repudio internacional que, sin considerar la decisión de Congreso y Corte, consideró solo la expulsión militar como otro cuartelazo, en una región donde la democracia ha sido débil.
Zelaya fue elegido libremente pero al aproximarse el término de su mandato, en enero de 2010, su popularidad descendió al 25% principalmente por su fuerte inclinación hacia el chavismo y el castrismo, incorporando al país en el Alba, el pequeño grupo de naciones tributarias de Venezuela, también por sus limitaciones a la libertad de prensa (la OEA lo acusó de imponer una sutil censura). La gota que desbordó la copa fue su iniciativa de introducir una papeleta adicional en las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre y en la cual los electores decidirían sobre la convocatoria a un referendo para reunir una Asamblea Constituyente, lo que se interpretó como maniobra para evadir la norma constitucional que requiere de 2/3 del Congreso para convocar un referendo, todo con la intención de aprobar su reelección y aprobar una Constitución socialista.
Ante la imposibilidad de invadir a Honduras, por algunos deseado, para reinstalar a Zelaya, los Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones económicas, Venezuela y Nicaragua introdujeron a Zelaya furtivamente en Tegucigalpa y Brasil, contra las normas internacionales y en sus esfuerzos por constituirse en el líder regional (Unasur, crítica al convenio Colombia-Estados Unidos sobre utilización de bases, con una mano apoya a Chávez y con la otra lo contiene), le facilitó su embajada para, desde allí, dirigir su campaña contra el régimen transitorio. Se iniciaron los esfuerzos diplomáticos para lograr un acercamiento que solucionara la crisis, llegándose al Acuerdo de Tegucigalpa, al que Zelaya llamó un “triunfo de la democracia” tal vez sin leer que sus delegados habían aprobado, cláusula 5, que su reinstalación quedaba supeditada, sin fecha límite, a una decisión del Congreso en consulta con la Corte Suprema de Justicia, es decir, de quienes, precisamente, lo habían depuesto y que, sin violar el convenio, podían no reinstalarlo. Era obvio que no les corría prisa a estos cuerpos y, como sucedió, dejaron su decisión para después de las elecciones a fin de que estas no tuvieran la influencia de un presidente contrario.
Faltando nueve días para las elecciones, Estados Unidos ha reiterado que, apegándose al Acuerdo de Tegucigalpa, respetará su resultado si se garantiza su pureza. Zelaya, Venezuela y Nicaragua desde ahora las repudian. Brasil, Argentina y España dicen que no las reconocerán si Zelaya no es reinstalado. Interesante.
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