Elección de Fiscal General de la Nación

Luz Esther Castellanos Barón

El Frente, Bucaramanga

Noviembre 6 de 2009

Ocupa la atención de los colombianos por estos días el llamado “choque de trenes” entre los poderes Judicial y Ejecutivo, que merecen ser objeto de un análisis.

En Colombia el poder Legislativo, compuesto por Congresistas, Diputados y Concejales se elige por voto popular. En igual forma son elegidos el Presidente, de la República, los Alcaldes y Gobernadores. Como corolario de lo anterior y encontrándonos en un país democrático donde la voluntad del pueblo es la que ha de prevalecer, propongo que los integrantes del poder Judicial, incluido el Fiscal General de la Nación deban ser elegidos mediante el voto popular, en virtud del principio constitucional de la igualdad de conformación de poderes. Este modelo lo aplican en algunos estados de los Estados Unidos y ha dado resultados positivos.

Este ha de ser un proceso de democracia responsable organizado, apolítico y transparente. Previa a la elección popular propuesta, los candidatos se avalarán de listas emanadas de una junta muy ética, compuesta por el Gobernador, Alcalde del municipio respectivo, y prestantes directivos profesionales del derecho que estén colegiados.

Para cargos de rango nacional como el del Fiscal General, al Presidente de la República, junto con los Ministros, le competerá la labor de postulación más no de elección, la cual le corresponderá al pueblo. La mentada junta deberá valorar que los candidatos cumplan a cabalidad las exigencias legales requeridas para el cargo a proveer. Tendrán en cuenta también los nombres de quienes figuren en listas de elegibles de los concursos del poder judicial que ya han presentado. Diría que es algo así como una ‘meritocracia’ con elección popular. Quienes salgan electos se mantendrán en su cargo salvo que sean destituidos por contrariar la ley en su ejercicio laboral.

Esto es democracia, y sobre ella debe girar el eje funcional dentro de un Estado de Derecho como el nuestro. Esta noble opción integradora demanda tiempo y dedicación. Confío que sea viable en un futuro no muy lejano, si asiste voluntad legislativa para llevarla a cabo. No obstante demanda la elaboración de la respectiva reforma constitucional, y busca garantizar la tan anhelada seguridad jurídica de esta sociedad cambiante. Téngase claro que la presente es una fórmula integradora entre poderes con participación ciudadana y gremial, en la que una vez elegido el operador jurídico o el Fiscal será independiente e imparcial en el ejercicio de sus funciones.

Sea la oportunidad para invitar a los abogados para que se agremien en colegios de abogados, o mejor aún en Federaciones para lograr, con el apoyo estatal, un mejor servicio a la comunidad a la cual se deben y además participar del proceso selectivo arriba propuesto. (No se interprete como discriminación, con la que no comulgo. Es sencillamente disciplina gremial.)