¿Es aceptable una versión única y homogénea de la violencia colombiana?

Darío Acevedo Carmona

Ventanaabierta.blogspirit.com, Medellín

Noviembre 22 de 2009

La verdad en países que han vivido situaciones de guerra y violencia generalizada es una aspiración muy respetable y un requisito para sanar las heridas. Pero, si en su búsqueda se impone un criterio de venganza, unilateral y sesgado, el resultado puede ser tan desastroso como la misma impunidad que se pretende combatir. En principio es necesario tener presente que no es lo mismo la verdad jurídica que debe ser establecida por las autoridades judiciales y acatada por la ciudadanía y que se caracteriza porque cierra una pesquisa, que las interpretaciones políticas y académicas donde prima la polémica y el debate acerca de las circunstancias que desataron los hechos de violencia y que en vez de clausurar pueden abrir el espectro a múltiples versiones e interpretaciones según intereses y ópticas de análisis. Ahora que la misión de la ONU en Colombia apoya la conformación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del paramilitarismo, vale la pena pensar acerca de su alcance y su propósito, saber qué pretende, cuál sería su orientación y a quienes va dirigida su mirada. No vaya a ser que se nos pretenda vender la clásica versión de la izquierda que sufrió la persecución de dictaduras criminales en el Cono Sur y en Centro América donde la violencia fue propiciada por el estado y sus agentes como parte de una política concientemente adoptada por gobernantes que apelaron a métodos de terror y de guerra sucia para combatir a los grupos revolucionarios y de izquierda.

Porque resulta que para buena parte de la izquierda colombiana ya existe la gran clave del conflicto colombiano, la versión definitiva, la verdad final y absoluta. No hay diversas interpretaciones sino una sola, la única y verdadera es la verdad construida a lo largo de muchos años por la izquierda comunista y por académicos funcionales a esta tendencia. La teoría no es muy compleja, más precisamente, no es una teoría, ni siquiera una hipótesis de trabajo o un punto de partida para realizar una indagación. Se trata más bien de un relato incuestionable que se va llenando de datos, de casos, de ejemplos y de razones con el paso del tiempo.

Lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos cincuenta años, según esta versión, es que un estado autoritario, antidemocrático e ilegítimo gobernado por una minoría oligárquica ha adelantado contra “el pueblo” colombiano una vasta ofensiva económica, militar y política para privarlo de sus derechos y asfixiarlo económicamente. Los distintos gobiernos han sido insensibles al “clamor popular” por justicia, empleo y democracia, se han burlado de sus reivindicaciones y han reprimido las “justas luchas populares”. El responsable de muertes y asesinatos contra líderes populares, sindicales y políticos de izquierda es el Estado colombiano que se mueve según un plan de exterminio dirigido e impuesto por el imperialismo yanki. El responsable de la masiva violación de los derechos humanos es ese estado asesino que ha organizado bandas paramilitares para atacar a las organizaciones de izquierda, a los sindicatos y a los líderes populares.

Según este relato, las guerrillas de izquierda son expresión de los intereses populares y luchan por fines altruistas. Ellas no están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario y mucho menos los derechos humanos porque ni son gobierno ni son Estado y los derechos humanos son responsabilidad exclusiva de los estados firmantes, según teóricos de algunas Ongs.

El relato parece copiado de las experiencias de sus camaradas en casos de violencia sistemática que en el marco de la guerra fría arrasaron con los derechos humanos y desvirtuaron la función del estado como órgano garante de las libertades y de la democracia. En países como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay sí hubo una política, un plan y unas conspiraciones para usar la fuerza del estado de manera ilegal e ilegítima. Por eso, en tales países era pertinente que la lucha por los derechos humanos, por la verdad y la reparación de las víctimas se orientara claramente a ubicar toda la responsabilidad en el Estado.

El problema de los camaradas colombianos es que piensan que pueden trasladar mecánicamente tales experiencias y hablar y actuar aquí como se hablaba y actuaba allá. Según ellos, en Colombia no hay democracia, hay en cambio una dictadura sanguinaria, el paramilitarismo es política de estado, todos los últimos presidentes son criminales de guerra y Uribe es, además, un mafioso y el gran capo del paramilitarismo. La cuestión es así de simple: en Colombia hay un victimario, el Estado y quienes lo han gobernado, y unas víctimas, la UP, dirigentes sindicales, dirigentes populares, en fin, el pueblo. Para ellos, el partido comunista y su Comité Central, que ha agitado la fatídica “combinación de todas las formas de lucha contra el Sistema”, están exentos de culpa, no tienen velas en este entierro y sus muertos son héroes y mártires inmaculados, los guerrilleros detenidos son presentados como presos políticos. Un libreto aplicado con éxito en otros lares. No descansan, no dan tregua, insistirán con terquedad sin importar los costes para el país y los daños a la convivencia y la afectación de procesos de reconciliación. En su lógica no tiene cabida el perdón sino la venganza. En sus denuncias no hay alusión a los crímenes de las guerrillas. Persiguen a los agentes del estado que suponen culpables de delitos horrendos como si fuesen perros salvajes. Empapelan al estado, al gobierno, a los militares y funcionarios públicos en tribunales nacionales e internacionales. Reciben grandes sumas de dinero, presentadas como solidaridad, de organizaciones extranjeras. Pululan en todo tipo de foros y reuniones con sus carteles y publicidad simplista. Hacen lobing en el congreso norteamericano, con el gobierno de Canadá y con los de la Unión Europea y su Parlamento para que nos bloqueen comercialmente y para que se abstengan de firmar tratados de libre comercio con Colombia.

Para ellos sólo hay víctimas de crímenes de Estado, las familias, las viudas y los huérfanos de los soldados muertos en atentados terroristas de la guerrilla no existen o no valen la pena o no tienen ese carácter porque fueron dados de baja en combate de naturaleza militar con guerrillas que persiguen fines positivos para la sociedad. Para ellos no existen las víctimas de secuestro que se cuentan por decenas de miles, no hay secuestrados sino “retenidos”, los sindicalistas de Urabá fueron asesinados sólo por paramilitares y no también por las guerrillas, no valen los miles de soldados mutilados por minas quiebratas ni los habitantes arruinados de pueblos míseros ni los padres de niños reclutados a la fuerza por las guerrillas. Sólo tienen ojos para ver los crímenes de los grupos paramilitares y de la Fuerza Pública, a los que consideran una sola cosa. Piensen los lectores en el afán litigante de abogados que van tras jugosas ganancias producto de las demandas contra el Estado. De hecho, el discurso de los derechos humanos, su carácter sublime y progresivo ha sido desnaturalizado por grupos y activistas que los han colonizado y marcado como si fuesen una filosofía de izquierda o como si las víctimas de su violación fuesen solamente los militantes de izquierda o como si los responsables de su vigencia, garantía y respeto sólo fuesen los estados y los gobiernos y no todo tipo de organización estatal y civil, militar y gremial que tenga entre sus funciones el liderazgo de procesos de construcción de ciudadanía y convivencia.

Lo correcto entonces, es pensar el drama de la violencia colombiana en términos más amplios, más complejos y no tan sesgados. Las víctimas han sido propiciadas por grupos armados ilegales y personas que han realizado ataques infames contra la población civil y servidores públicos. El Estado ha hecho esfuerzos para combatir y desarticular esta violencia y a sus agentes, incluidos aquellos que han mancillado el uniforme militar y la función estatal. A diferencia de otras experiencias, en Colombia hay presos de todas las tendencias, hay generales detenidos e investigados, políticos que tuvieron nexos con paramilitares están siendo investigados y juzgados. Se procura, en medio de limitaciones propias de nuestra economía, hacer justicia, reparar a las víctimas, establecer las verdades judiciales y estimular la investigación académica con el fin de alcanzar la mejor comprensión posible, pero sin hacer demagogia ni populismo como los que hacen politiquería y manipulan a las víctimas encarándolas contra el estado. Nadie sensatamente se puede oponer a que haya justicia y castigo, pero, si se quiere avanzar hacia salidas de reconciliación y poner fin a tanta destrucción, lo más inconveniente es presentar los hechos como si hubiesen sido producto de una política del estado colombiano y no como consecuencia de un desgarrador y desaforado enfrentamiento entre diversos actores y proyectos. En el campo de la reflexión cabe esperar, incluso, un ejercicio de autocrítica de intelectuales y académicos que dimos legitimidad sociológica y justificación teórica al uso de la violencia y de las armas por parte de grupos revolucionarios que desvirtuaron con sus acciones criminales el carácter político inicial de sus luchas.