Paloma Valencia Laserna
El País, Cali
Noviembre 21 de 2009
La inteligencia es una función del Estado, cuyo objetivo es proveer información útil y veraz para la adecuada protección de la Nación. Los enemigos internos de nuestro país -el narcotráfico y la guerrilla- son poderosos y han hecho del terrorismo un arma para buscar la inestabilidad social. Este conflicto implica golpes aislados y eventuales y no combates militares continuos. En este contexto, la capacidad de anticipación de sus acciones es prioritaria.
Al mismo tiempo, el confuso escenario internacional deja claro que las amenazas pueden ser también externas. Es un caso complejo; la soberanía de los estados vecinos representa un coto. Será inevitable definir una posición sobre el espionaje internacional. Si no lo consideramos aceptable, es necesario mantener actualizada información que -sin ser secreta- es útil y contextualiza nuestras relaciones; por ejemplo: las compras militares y la capacidad de combate de los vecinos y el seguimiento del contexto político y las declaraciones públicas de los líderes.
El diseño de una nueva agencia de inteligencia constituye un reto para la Nación, no sólo por la necesidad imperiosa que imponen nuestras circunstancias, sino porque deben evitarse los vicios que las entidades de este tipo tienden a generar.
Las actividades de las centrales de inteligencia se balancean en la tensión entre la necesidad de información y los mecanismos legítimos para obtenerla. La limitación -necesaria en todo ente democrático- no puede imposibilitar el acceso a los datos, pero éstos tampoco pueden justificar todas las acciones. Es posible distinguir varios niveles en los cuales los linderos merecen un análisis.
La inteligencia en muchos casos implica su trasgresión al derecho de intimidad de los ciudadanos. Más aún, la información -al ser secreta- imposibilita la posibilidad de controvertirla. La protección del colectivo debe ser moderada frente a los derechos individuales y viceversa.
Ahora bien, el Estado, como estructura de la que hace parte, también involucra cuestiones significativas. La función reglada de la administración pública -sólo puede hacerse lo que está permitido- encuentra muchos obstáculos en la reserva y la imposibilidad de predecir los escenarios del crimen. Pero será necesario diseñar procedimientos provistos de términos y controles internos muy severos para que se reduzca la injerencia del arbitrio del funcionario. Lo importante no es sólo que lo que se reporte debe ser fiable, sino que haya seguido conductos regulares.
El control plantea desafíos, pues el carácter confidencial de la información aleja la actuación de entes externos de vigilancia. Además de controles internos, debe haber una adecuada división de funciones.
La nueva agencia debe estar limitada a la consecución y reporte de información, que ha de ser previamente definida por otras instancias estatales y destinada a unas distintas. Esta división supone tener un plan de inteligencia que priorice objetivos y una última instancia de toma de decisiones en cuerpos distintos.
Equívocos o falsedades en lo reportado pueden tener graves efectos sobre la estabilidad social, por eso será ineludible vestir a la entidad con funcionarios del más alto nivel académico y seleccionados para que tengan estándares morales muy definidos. No debemos olvidar que la corrupción no es un mal abstracto, se trata de la conducta específica de un funcionario.
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