Juegos de espías

Editorial

El Nuevo Siglo, Bogotá

Noviembre 3 de 2009

El permanente estado de tensión entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez entró, de nuevo, en instancias muy críticas. Días atrás advertimos desde estas páginas que la insólita e inaceptable politización en que terminó imbuida la investigación de los móviles y autores materiales de la masacre de una decena de colombianos, secuestrados a comienzos de octubre en un corregimiento fronterizo venezolano y cuyos cadáveres fueron encontrados tres semanas después, evidenciaba hasta qué punto estaban deterioradas las relaciones entre Bogotá y Caracas.

Paradójicamente, la reacción de las autoridades del vecino país a los llamados de las del nuestro para que se esclarecieran las circunstancias en que se cometió el múltiple crimen, lejos de llevar a una colaboración en ese aspecto hicieron que el gobierno Chávez volviera a poner sobre el tapete el desgastado tema de un presunto complot para sacarlo del poder o incluso asesinarlo, que habría sido orquestado desde Colombia, mediante una alianza entre grupos paramilitares y sectores del DAS en momentos en que Jorge Noguera estaba al frente. Todo ello con anuencia de agentes estadounidenses.

Si bien ese asunto siempre sale a relucir, a manera de cortina de humo distractora, cada vez que Bogotá le hace algún reclamo a Caracas, ahora se le han sumado nuevos y graves ingredientes relacionados con operaciones de espionaje a distinta escala entre ambos gobiernos.

El escenario es así: las autoridades venezolanas, basadas en informaciones suministradas principalmente por un ex jefe de Informática del DAS en épocas de Noguera, que en Colombia fue clave para develar la infiltración criminal en ese organismo de seguridad y también resultó condenado judicialmente por esos hechos, aducen que hay toda una operación de seguimientos e infiltración a su Gobierno por parte de agentes de Inteligencia de nuestro país. Además, Caracas dice tener documentos reservados colombianos, incautados a presuntos agentes del DAS capturados en esa nación, que probarían la megaoperación de espionaje, que incluiría también a Ecuador y Cuba. Con base en todo ello, Caracas presentó una nota de protesta a Colombia y anuncia que llevará el caso a instancias internacionales.

Colombia, a su turno, niega tajantemente las denuncias venezolanas sobre seguimientos e infiltraciones, advierte que García es un delincuente condenado, reitera que no hay agentes del DAS capturados recientemente en esa nación vecina -y que incluso hay una prohibición expresa de que ingresen a ese territorio- y denuncia lo grave que es que Caracas pueda tener acceso a documentos reservados de Inteligencia de nuestro país. Al mismo tiempo pone de presente cómo el gobierno Chávez se empeña en no colaborar con la investigación de la masacre en la frontera y esquiva responder a las denuncias de mandatarios regionales, como las del Gobernador del Estado Táchira, en torno de que en la zona en que se produjo el múltiple crimen hay campamentos de la guerrilla del Eln y que ésta se mueve libremente por la zona sin que las autoridades nacionales lo impidan.

Como si fuera poco, el fin de semana las autoridades colombianas detuvieron a un oficial militar venezolano que vestido de camuflado y armado transitaba por La Guajira. El uniformado, que fue expulsado hacia su país en cuestión de horas, tenía “información sensible para la seguridad de Colombia, la cual está siendo evaluada”. A la par de las denuncias de Caracas, en nuestro país la prensa empezó a denunciar presuntas acciones de agentes de Inteligencia venezolana en Colombia y la forma en que sectores del chavismo insisten en tratar de intervenir en política interna colombiana.

Como se ve, señalamientos y acusaciones van y vienen. De un momento a otro, la prevención entre ambos gobiernos degeneró en una especie de juego de espías. Se habla de detenciones de agentes encubiertos, incautación de documentos reservados y toda una tramoya de presuntos planes de desestabilización e infiltración. En pocos días, la controversia llegará a la OEA, la Unasur y el ALBA, en donde es evidente que los países del continente, más allá de a quién le crean o a quién no, ya están cansados del permanente rifirrafe entre Bogotá y Caracas.

Sin saber cómo va a terminar la actual polémica, sobre todo por la siempre imprevisible y, por lo mismo, peligrosa, reacción de Chávez, lo cierto es que poco a poco las relaciones entre la Casa de Nariño y el Palacio de Miraflores se acercan a un punto de no retorno y éste, ya sea político, económico o -lamentablemente no se puede descartar la opción- militar, no traerá nada bueno para dos naciones hermanas. Eso sí es seguro.