Por José Obdulio Gaviria
El Tiempo, Bogotá
Noviembre 4 de 2009
Cada que veo al presidente de la Corte Suprema en la pantalla, o sea, todos los días, me acuerdo de Eric Moussambani.
Eric, limpiador de la única piscina que había en Guinea Ecuatorial, decidió, en 1999, aprender a nadar, porque, ¡imagínense!, quería competir en los Olímpicos de Sidney (2000). Y, ¿quién lo creyera?, lo hizo. En la competencia, lo prudente hubiera sido que los jueces mandaran un salvavidas antes de que se ahogara, pero Eric logró llegar por sus propios medios a la meta. Cuando recuperó el conocimiento, Eric se puso a hablar como un campeón y a pontificar sobre los secretos técnicos que le habían permitido protagonizar la hazaña ("los quince últimos metros fueron los más difíciles", dijo, impertérrito).
Varias circunstancias hicieron el milagro de que Eric, quien no sabía nadar, pudiera competir oficialmente: 1) El populismo del Comité Olímpico, que abrió cupos para representación de países pobres, sin consideración a tiempos mínimos de clasificación. 2) Eric limpiaba la piscina de un hotel en un país pobre. 3) Un turista olvidó -o abandonó- su pantaloneta vieja y Eric tomó la cosa como una señal divina. 4) Los contrincantes, enfundados en sus modernos trajes de competición, cuando vieron a ese nadador con pantaloneta ancha, pensaron que estaban ante un desconocido fenómeno de la natación orbital. 5) El nerviosismo hizo que violaran el reglamento de salida. Todos fueron eliminados, menos Eric. 6) En consecuencia, corrió solo, no se ahogó, y, claro, ganó su ronda.
Cómo llegó el señor Ibáñez a la Corte y, luego, a la presidencia de esa corporación, es asunto que nadie en el medio judicial se explica -así como fue inexplicable que Moussambani lograra llegar a las piscinas olímpicas de Sidney-. Pero, paradójicamente, el que la Corte Suprema de Colombia esté presidida hoy por un abogado de ese nivel, comienza a explicar muchas cosas y a develar falencias de la Constitución de 1991, que ameritarían una reforma.
Me explico: con la Constitución del 86, la actual composición de la Sala Penal de la Corte Suprema hubiera sido impensable. Con el sistema anterior al 91, esa Sala siempre estuvo compuesta por jueces como los que describía Sócrates: que escuchan cortésmente, responden sabiamente, ponderan prudentemente y deciden imparcialmente. Basta repasar los nombres de la Sala Penal que asesinó el M-19 en la tragedia del Palacio de Justicia. En cambio, con la Constitución del 91, tenemos un bloqueo constitucional, como llamaría Loewenstein a nuestro "choque de trenes".
¿Por qué llegamos a tener la clase de jueces que hoy componen la Sala Penal de la Corte? ¿Por qué nos hundimos en el abismo? Porque el sistema de la actual Constitución politizó a la justicia colombiana; metió a las Cortes en cocteles y cálculos politiqueros; en juegos de poder para controlar burocracia; en elaboración de providencias destinadas a cambiar la correlación de fuerzas del Congreso; en hacer visitas a medios de comunicación exigiendo poner y quitar columnistas e involucrándose en sus contenidos informativos; en viajar al exterior para desprestigiar al Ejecutivo; en maniobrar para apoderarse de la Fiscalía como botín político y como mecanismo de coerción al Ejecutivo; en amedrentar a sus jueces naturales, los representantes a la Cámara, para neutralizar acciones penales o disciplinarias que persiguiera sus desmanes, como negarse a elegir Fiscal (delito y falta disciplinaria).
Así las cosas, cuando hay una laguna constitucional como la que conduce a que pasen tales cosas (Loewenstein), no hay salida distinta a una corrección definitiva mediante reforma constitucional. Será tan especializada, que la vía es una pequeña Constituyente, con temario restringido al intrincado tema de la Justicia. Los partidos de la coalición uribista deben proceder de inmediato, de común acuerdo con el Gobierno, a presentar el proyecto para que alcancemos a elegir a sus miembros (especializados) en marzo próximo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario