Editorial
Noviembre 16 de 2009
El debate debe continuar, entonces, sobre la base de que quienes abusaron del programa sean investigados y castigados con todo el rigor de la ley, pues pusieron en jaque toda una estrategia de redención del campo que estaba empezando a dar frutos.
Hoy se estrena en el Congreso de
Antes era necesaria la votación del Congreso en pleno, Senado y Cámara, para que hiciera curso la moción, ahora la mayoría de una sola de las cámaras es suficiente para castigar la gestión de un ministro.
En el proceso ha habido dos sesiones, la primera que debió suspenderse por exceso de animación en las barras tuvo como protagonista al senador Jorge Enrique Robledo, quien con habitual facilidad de expresión y seriedad para documentar sus alegatos presentó un panorama que dejó grandes interrogantes sobre la forma en que se entregaron los subsidios del programa.
En la segunda, el martes pasado, tuvo su turno el ministro Fernández quien, en un particular estilo, pudo desvirtuar la mayoría de las acusaciones que se le hicieron, reconoció que el programa había fallado en unos pocos casos y tuvo tiempo para criticar el manejo que los anteriores gobiernos, desde Gaviria hasta Pastrana, le dieron al tema agropecuario y a los subsidios que se entregaron en esos períodos.
Después de escuchar con atención tanto los cuestionamientos como la defensa del Ministro, quedan algunas cosas bastante claras. De entrada, hay que reconocer que las ayudas, estímulos, o subsidios para los empresarios del campo siempre han existido, como también los ha habido para los industriales, los comerciantes y en general para todos aquellos que generan empleo en este país. Eso ni es nuevo, ni es pecado, siempre y cuando se haga con reglas claras y objetivos que persigan el bienestar general.
El AIS tiene dos modalidades de ayuda, el incentivo a la capitalización rural, que consiste en créditos condonables en una cuantía determinada una vez se cumplen unos compromisos de inversión, y los subsidios en tasa de interés a los créditos, que no implican perdonar el capital prestado sino que la ayuda se aplica al pago por los intereses de los créditos que se le otorguen al agricultor.
La falla, grave y protuberante, del AIS se presentó con los créditos solicitados por algunas empresas o familias, 10 dice el Ministro, que abusando de la reglamentación fraccionaron las solicitudes para obtener más recursos de los que a ley podrían aspirar para distritos de riego no reembolsables, incurriendo en un claro delito.
Alrededor de esta falla se tejieron todo tipo de historias, se politizó la discusión y se inventaron fantasmas en cada subsidio entregado. Todos los beneficiarios fueron escudriñados en sus antecedentes partidistas para deducir favores inexistentes o relaciones prohibidas. La intervención del Ministro pudo poner las cifras en su real dimensión, y reconociendo los errores, dar una perspectiva más precisa de lo que significa el AIS.
El debate debe continuar, entonces, sobre la base de que quienes abusaron del programa sean investigados y castigados con todo el rigor de la ley, pues pusieron en jaque toda una estrategia de redención del campo que estaba empezando a dar frutos. No se puede seguir satanizando a quienes recibieron ayudas por el simple hecho de que son empresarios del agro, pues si cumplieron con objetivos que llevan a una mayor generación de empleo están contribuyendo a mejorar el campo.
Por las cifras conocidas, la mayor parte de los subsidios entregados hasta ahora se han destinado a campesinos pobres, y hay que mantener esa tendencia pues son ellos quienes más necesitan de la mano del Estado. Eso sí, hay que afinar muy bien los mecanismos de evaluación y entrega de las ayudas para que no se presenten más casos de avivatos y los dineros lleguen en su justa proporción a quienes los solicitan.
Por lo demás, seguramente el mecanismo de la censura no se podrá estrenar hoy, pues después de la defensa del Ministro la semana pasada y del llamado de atención del Gobierno a su bancada para que actúe como tal, las mayorías votarán negativamente la moción y Fernández podrá seguir en su cargo.
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