Rafael Guarín*
Semana.com, Bogotá
Domingo 1 Noviembre 2009
En el Cañón de las Hermosas, Alfonso Cano debe preocuparle lo mismo que antes de su extradición obsesionaba a Salvatore Mancuso y a Don Berna: ¿Cómo substraerse de la justicia penal internacional? A pesar de su soberbia, heredada de Jacobo Arenas, la cosa debe causarle tremendos salpullidos, más aún, cuando el 1 de noviembre finalizan los siete años consagrados en la cláusula 124 del Estatuto de Roma, en virtud de la cual el Estado colombiano declaró que no aceptaba competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) respecto a los crímenes de guerra.
El tema conlleva también otro tipo de reacciones. Sectores de oposición pretenden utilizarla como “coco” para intimidar al gobierno, otros la emplean dentro de un discurso que quiere deslegitimar las instituciones democráticas. El caso de Piedad Córdoba ilustra ambas cosas: sugirió el absurdo de que antes que las Farc comparecieran ante ese tribunal por el secuestro de los llamados “canjeables”, lo harían los funcionarios del gobierno por la misma razón.
Por otro lado, hay una fuerte inquietud en las filas de la fuerza pública. Entre los militares hay temor, aún antes de que se develaran los “falsos positivos”. Al hablar con oficiales de diferente rango, con facilidad se percibe la preocupación de que luego de sacrificarse durante años enfrentando el narcotráfico y el terrorismo terminen injustamente en la cárcel.
Esa predisposición no es gratuita. Se piensa que la Corte se convertirá en una pieza de la guerra jurídica que la guerrilla adelanta contra el Estado, con la ayuda de farianos y elenos camuflados en la legalidad. Es racional, la combinación de todas las formas de lucha, legales e ilegales, como diría Lenin, implica el intento de utilizar las instituciones internas y foráneas para golpear al enemigo.
Los camaradas ven en el Estatuto de Roma una oportunidad para desplegar una ofensiva y generar pánico en las tropas. El tema no es menor. Si el pánico cunde en la fuerza pública, ni siquiera el firme liderazgo civil y apoyo de los ciudadanos será suficiente para contener un declive de la Política de Seguridad Democrática. Las Farc lo saben, al igual que sus aliados, y hacen todo lo posible por jugar esas cartas.
A pesar de eso y de las campañas de propaganda y rumor, desplegadas con el fin de producir aprensión en las fuerzas armadas con relación a la jurisdicción penal internacional, los soldados y policías no deben tener el más mínimo temor. Son varias las razones: Primero, en Colombia no hay una política de Estado de violación de los derechos humanos. Segundo, la CPI actúa subsidiariamente, es decir cuando la justicia del país no lo haga.
Y, tercero, en ambos aspectos el Estado está trabajando para garantizar el respeto absoluto de los derechos humanos, lo certifican las cifras del CINEP que registran un descenso en las denuncias sobre supuestos falsos positivos, al tiempo que existe un esfuerzo muy grande por dilucidar judicialmente las responsabilidades de casos que se enmarquen en crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Así, pues, no debe haber miedo alguno en la medida que se aplique justicia y las fuerza pública cumpla con sus deberes constitucionales, comenzando por que no haya ni una sola violación de derechos humanos. ¡Esa debe ser su real preocupación!
Quienes en realidad deben desvelarse son los cabecillas de los grupos armados ilegales. Jojoy y compañía insistirán en la supuesta “salida negociada al conflicto social y armado”, al tiempo que pretenderán que el primer acuerdo sea la impunidad total. El detalle está en que frente a la justicia penal internacional no tiene ninguna validez cualquier medida que signifique perdón y olvido, así provenga del voto directo del pueblo.
La consecuencia es que si el diálogo y la negociación se condicionan a impunidad, la entrada en vigencia de la Corte no solo no es una amenaza para la fuerza pública, sino una estocada a la estrategia guerrillera. También a sus recurrentes montajes de “salida política” y, en últimas, el más formidable refuerzo a una política de firmeza contra el terrorismo y a la acción legítima de la fuerza pública. A las Farc, con pena de Alfonso Cano, solo les queda el sometimiento a la justicia o desfallecer en el Cañón de las Hermosas. ¡Escojan!
*Rafael Guarín es abogado y analista político
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