Saúl Hernández Bolívar
El Mundo, Medellín
Noviembre 9 de 2009
No cabe duda de que la justicia colombiana se ha politizado y de que la han convertido en un arma de guerra jurídica contra los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía. Gracias a eso es que pruebas estrafalarias, como la firma espuria del almirante Arango Bacci en un recibo, bastan para abrirle un proceso insólito a un servidor con una hoja de vida intachable. Pero el caso más representativo es el del coronel Alfonso Plazas Vega, a quien buscan convertir en el chivo expiatorio por los hechos del Palacio de Justicia mientras los verdaderos culpables gozan de absoluta impunidad.
En primer lugar, el proceso del coronel Plazas está plagado de irregularidades como los falsos testigos. Uno de ellos, un tal Tirso Sáenz, cabo retirado del Ejército que está recluido en Cómbita por dos homicidios y que para la fecha de los acontecimientos se hallaba detenido por hurto, dice haber conducido un tanque Cascabel a bordo del cual transportaron a seis de los hoy ‘desaparecidos’. Sin embargo, en un Cascabel sólo caben los tres tripulantes. Sáenz reconoce en una carta escrita de su puño y letra, que le ofrecieron “beneficios jurídicos y económicos”, incluyendo la reubicación de toda su familia en el exterior, a cambio de declarar contra Plazas Vega.
En segundo lugar, el tema de los desaparecidos del Palacio se ha cimentado con base en videos difusos que parecieran demostrar que algunos de los que fallecieron en el asalto salieron vivos. En 1986, el Tribunal Especial de Instrucción, que se creó para investigar los hechos, estableció que “existía un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos y es sensiblemente igual al de la lista (de personas desaparecidas)”, concluyendo que “los llamados desaparecidos perecieron en el holocausto”.
En tercer lugar, suponiendo que sí hubo desaparecidos, o sea personas que salieron vivas y fueron torturadas y asesinadas por organismos del Estado, el hecho incontrovertible es que el coronel Plazas sería necesariamente inocente porque él no tenía línea de mando sobre los organismos de inteligencia (B-2, F-2, DAS) que interrogaban a los liberados en
Pero vamos más allá. Mientras a algunos les interesa reescribir la historia, los testigos presenciales dicen otra cosa. La fiscal Ángela Buitrago viene a decir ahora que el incendio del Palacio no lo provocó la guerrilla sino el Ejército con sus rockets. Pero la falsedad es evidente pues el incendio antecedió el famoso rocketazo en la fachada. Por su parte, la ‘investigadora’ irlandesa Ana Carrigan niega la comprobada relación entre narcos y subversivos para ejecutar la toma y asegura que los magistrados Manuel Gaona Cruz y Carlos Urán (amigo personal) salieron vivos.
Hay tres magistrados, testigos de excepción, que coinciden en que la entrada de los tanques a Palacio fue la salvación para casi 300 personas y que el coronel Plazas es inocente. El ex magistrado del Consejo de Estado Samuel Buitrago, afirma que vio con sus propios ojos “como Carlos Horacio Urán, el magistrado Gaona y Luz Stella Bernal cayeron tras los impactos de bala que recibieron, (…) y se quedaron ahí tirados en el piso…”.
El también ex consejero de Estado Carmelo Martínez Conn, recuerda que “los guerrilleros no estaban dispuestos a rendirse y a entregar sus armas. Por el contrario, su ‘misión’, aparte de hacerle un juicio político al ex presidente Betancur, era quemar a como diera lugar todos los expedientes de las personas que por delitos de narcotráfico serían incluidas en el tratado de extradición con los Estados Unidos. (…)ellos comenzaron a prender fuego a todo el papel que se les atravesaba y así se dio inicio al incendio…”.
Y el ex magistrado auxiliar de
Sin duda, lo que hay en juego es un pulso ideológico en el que se quiere hacer prevalecer la absurda falacia de que la ‘toma’ fue cuidadosa y la ‘retoma’ sangrienta. Y la condena de Plazas será un triunfo para todos los que creen en los crímenes altruistas de la subversión y en eso de que se vale matar si es para que la gente viva mejor.
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