Editorial
El Espectador, Bogotá
Noviembre 5 de 2009
Al cumplirse 24 anos de la toma del Palacio de Justicia perpetrada por el M-19, asistimos por estos días al desenlace de uno de los juicios más polémicos de la historia nacional. Uno de los procesados es el hoy coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien en calidad de comandante de la Escuela de Caballería formó parte de la operación de recuperación del Palacio. El ex oficial está vinculado a la investigación judicial que se abrió 20 años después de los hechos, en el capítulo específico de los 11 desaparecidos en la acción. Según el ente acusador, en sus tardías pesquisas, además de Plazas Vega se encontraron suficientes pruebas para acusar a dos generales (r), un coronel (r) y cuatro suboficiales de inteligencia de la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio, tres visitantes y una guerrillera del M-19. En criterio de la Fiscalía, además de nuevos videos, se adjuntaron testimonios que supuestamente ratifican que los procesados tuvieron que ver directamente con la desaparición de tales personas.
Sin embargo, la investigación, que en el caso de Plazas Vega ha llegado a su etapa decisiva, sigue sujeta a una controversia procesal y mediática de enconadas posiciones. La fiscal Ángela María Buitrago pidió condenar al coronel Plazas respaldando su posición en declaraciones de testigos civiles y militares que dijeron haber visto vivas a varias de las personas de cuyo rastro no volvió a saberse o que al parecer supieron que los desaparecidos previamente fueron sometidos a torturas en unidades castrenses. En ese mismo orden de ideas está basada su acusación contra los demás ex oficiales y suboficiales hoy detenidos. En contraste, la defensa sostiene que son múltiples las irregularidades cometidas durante el proceso penal, tales como la presentación de falsos testigos y la violación de los derechos de los procesados. Los abogados de Plazas resaltan que el ex oficial nunca tuvo a su cargo el manejo de rehenes y que es el narcotráfico el que quiere enlodar su nombre por la forma en que lo persiguió cuando ofició como director de Estupefacientes.
En medio del careo entre las partes, la Procuraduría pidió absolver al coronel (r) Plazas, y aunque aceptó que 11 personas resultaron desaparecidas, en su opinión no hay prueba plena para culparlo, pues no se puede comprobar que tuviera el control absoluto y exclusivo de las tropas. Una postura rechazada por los familiares de los desaparecidos, quienes a su vez han cobrado un inusual protagonismo en las audiencias y distintas etapas del nuevo proceso.Cualquiera sea la decisión, tanto en el caso Plazas Vega como en el de los demás oficiales, lo único claro es que las dudas son consecuencia de la tardanza de la justicia por encarar este suceso. Fueron muchos años en que, en sus distintas instancias y jurisdicciones, no aportó mayores luces sobre el episodio. Por eso nunca se resolvieron los principales interrogantes: ¿hubo o no participación del narcotráfico en la toma? ¿El incendio fue una acción deliberada para borrar expedientes? ¿Hubo ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros, empleados o incluso magistrados? ¿Qué tanto se entorpecieron los tímidos avances de la justicia?
El Holocausto del Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional y, 24 años después, son más las dudas que las certezas. Una Comisión de la Verdad creada por ex magistrados de la Corte Suprema procura resolver buena parte de estos interrogantes, pero la responsabilidad primordial recae sobre la justicia, que aún tiene la oportunidad, al menos, de aclarar qué pasó con 11 personas que desaparecieron en el Holocausto. Nunca es tarde para que se sepa la verdad, por dolorosa que ella sea, pero también es necesario que el debido proceso prevalezca y que las conclusiones correspondan no a las presiones mediáticas sino a la contundencia probatoria.
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