Su majestad, la CSJ

Edmundo López Gómez

El Nuevo Siglo, Bogotá

Noviembre 6 de 2009

Aquí existe un reinado judicial. Un gobierno de jueces. Un Tribunal infalible, y, para más señas, prepotente.

Sus decisiones y actuaciones jamás deben controvertirse. Y quienes se atrevan, pueden pagarlo caro. Si es un columnista de prensa quien corre ese riesgo, el gobierno de jueces podrá expulsarlo del territorio de la libertad de expresión. Habría cometido el delito de opinión, y dentro del reinado judicial, semejante conducta, resulta intolerable.

Acaba de suceder. La columnista de El Tiempo, María Isabel Rueda, premio Simón Bolívar del periodismo, lo ha revelado, con estas palabras:

“Nunca, en los 34 años de periodismo…, me ha sucedido que un magistrado o un juez objete la publicación de mis opiniones. Quedo notificada de que eso ocurrió hace quince días, cuando cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia encabezados por su presidente, aprovecharon una visita de cortesía al director de este periódico para quejarse de dos columnistas, Mauricio Vargas y yo, a quienes consideran ‘quintacolumnistas’ de los intereses del Presidente de la República. Ambos hemos sido críticos de recientes decisiones de la Corte, especialmente de la de mantener en interinidad la Fiscalía. Hasta hoy, emitir ese tipo de críticas ha sido una alternativa libre y legítima de este país. Por lo cual espero que la irrespetuosa descalificación haya sido un acto de torpeza y no de arrogancia judicial…”.

Participo del concepto de la prestigiosa periodista, en cuanto a que la Corte ha abusado al impedir que hoy no tengamos Fiscal General de la Nación, en propiedad.

El abuso ha consistido en que la CSJ le ha agregado a las exigencias que señala la Constitución Nacional para ser elegido Fiscal, la de “su parecer”, como la que alegan los mandones del absolutismo, en todos los tiempos, para imponer su voluntad.

La Constitución señala los requisitos: son los mismos que se exigen para ser Magistrado de la CSJ (Art. 249 de la C.P). Y en ninguno de estos, al referirse a la profesión, se dice cosa distinta que la de “ser abogado” (Art. 2322 de la misma Constitución).

La exigencia de especializaciones, no está contemplada para poder ser elegido a ninguna de las Cortes, como tampoco para ser elegido Fiscal General. Deberá acreditarse, sí, el haber ejercido esa profesión diez años con buen crédito, amén de otras experiencias en la rama judicial.

La idoneidad se acredita en la forma contemplada en la ley y sus reglamentos y los juristas postulados por el Presidente, lo hicieron, y no hay norma que señale la condición de que para ser viable la elección de Fiscal, deben existir previos acuerdos o mangualas entre el postulante y el órgano elector. ¡Faltaba más!

Con todo, el choque institucional le está haciendo daño al país. El Presidente, más allá de la rabieta que le sacó la CSJ, debe buscar soluciones institucionales. ¿Una Constituyente? Porque todo está poniéndose patas pa’rriba: la administración de Justicia, el órgano legislativo; y el gobierno, debe reconocer que unos “uribitos”, desde el poder, han actuado con laxitud improvidente.

Pensar en el gobierno de los jueces, produce náuseas. Y Su Majestad, la CSJ imperial, está en eso.