Juan José Perfetti Del Corral
El Colombiano, Medellín
Noviembre 13 de 2009
La discusión que se ha venido dando en el país a raíz de las denuncias periodísticas sobre las irregularidades que se han presentado con la asignación de recursos del Programa Agro Ingreso Seguro ha ido cayendo en terrenos que van más allá de la preocupación por la eficiencia, la eficacia y la equidad en el uso de los recursos.
En esos términos, la discusión, al final, termina distorsionando la realidad y desvía el debate de fondo.
La literatura internacional y la experiencia colombiana en materia de políticas de crédito de fomento agropecuario han enseñado e ilustrado cómo las tasas de interés subsidiadas no necesariamente se manifiestan en mayor crecimiento y desarrollo sectorial.
Aunque en algunos casos los recursos crediticios otorgados en condiciones favorables se dedican a la ejecución de nuevos proyectos productivos o de transformación, en otros, que terminan siendo la mayoría, dichos recursos lo que hacen es sustituir la fuente de recursos propios de las empresas o de los productores individuales y, por ende, no aportan beneficios incrementales en términos de producción o de empleo.
En no pocas ocasiones, los recursos subsidiados son desviados hacia actividades de consumo o de lujo. Por ello, desde hace unos años el país decidió que, antes que disponer de tasas preferenciales o subsidiadas para las actividades agropecuarias, lo que importa es ajustar el financiamiento a las características de los proyectos y a asegurar el acceso amplio y suficiente a los recursos de crédito.
Cosa similar se ha adoptado en muchos países en desarrollo. Por ello, hablar en la actualidad de crédito de fomento es un anacronismo, pues lo que se impone es el desarrollo, el fortalecimiento y la ampliación del sistema financiero, en su sentido amplio, en los sectores agropecuario y rural.
Por lo tanto, cuando la prensa habla con nombre propio de las personas que han recibido beneficios de la línea de crédito del AIS, se equivoca pensando que aquellos han hecho algo indebido, como lo que aconteció en la convocatoria de riego. En el caso del crédito, lo que las personas y las empresas hacen es aprovechar, hábil y legítimamente, un beneficio que les otorga el Estado.
El error está, como se señaló anteriormente, en la concepción de la política sectorial, esto es, suponer que la relación entre crédito barato y crecimiento agropecuario indefectiblemente se cumple.
El acto aparentemente doloso que se denuncia en los casos de algunos proyectos beneficiados con la convocatoria de riego, aunque pueden responder a fallas en los filtros legales, manifiestan un riesgo muy común en los programas públicos que tienen un alto componente de subsidio y en donde las exigencias y las condiciones requeridas para su acceso no son suficientemente estrictas.
En el caso del riego, con un subsidio del 80%; con la posibilidad de utilizar contrapartidas en especie; sin exigencias más allá de la ejecución de las obras físicas de los sistemas de riego, como podría ser, en proyectos nuevos, la realización efectiva del proyecto productivo propuesto; con sólo la exigencia de la evaluación privada, y no la social del proyecto; y con la posibilidad de realizar proyectos individuales, y no únicamente colectivos, se dieron los incentivos suficientes para aprovechar la oportunidad de sacar el máximo provecho posible de los recursos públicos.
Sin embargo, al final, los proyectos de riego individuales, al igual que los créditos subsidiados, terminan beneficiando más a las personas que los demandan que a la sociedad como un todo, que es lo deseable, pues, con los requisitos establecidos, se corre el riesgo de apoyar proyectos que no aportan beneficios sociales incrementales, como es el caso de cultivos ya establecidos de tiempo atrás, pero que sí valorizan los predios.
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