Por Eduardo Mackenzie
Blog Debate Nacional, París
Marzo 18 de 2010
Al votar como lo hicieron el domingo pasado, en la primera vuelta de las elecciones legislativas, los colombianos hablaron claro. Empero, los súbitos y misteriosos percances “técnicos” del conteo de los votos y de la transmisión de los datos, revés cuya responsabilidad recae sobre Carlos Ariel Sánchez, el Registrador Nacional del Estado Civil, podrían desfigurar la voluntad ciudadana. Es la segunda vez que ocurre en los meses recientes un fenómeno semejante, es decir, una serie de hechos extraños destinados a desviar de alguna manera las aspiraciones de la opinión.
Los colombianos dijeron con su voto que querían, en primer término, agradecer al presidente Álvaro Uribe las realizaciones de sus casi ocho años de gobierno. Las mayorías querían elegirlo por tercera vez. Ante el “niet” dado por la Corte Constitucional a esa iniciativa popular, el electorado reaccionó filosóficamente: creó la posibilidad de que la política uribista continúe y se consolide. Los partidos que más fueron votados el domingo son, en efecto, aquellos que respaldan las políticas del jefe de Estado. Sin embargo, una vez más, una extraña mano se cierne sobre el país para tratar de alterar esos resultados.
El Partido de la Unidad Nacional obtuvo 2,5 millones de votos, es decir el 25% de los votos. El Partido Conservador logró 2,2 millones (un 21,6%). El primero creció más del 70% con respecto a los comicios anteriores. Esta formación y el Partido Conservador sólo necesitarán el apoyo de un pequeño grupo para tener la mayoría calificada del Congreso. Ese grupo podría ser Cambio Radical, formación que fue un día uribista. Por oponerse a la reelección, CR alcanzó esta vez sólo un 8% de los votos. También podría ser el Partido Verde, que obtuvo, por primera vez, cuatro congresistas.
Ello muestra que la inmensa cuestión de la seguridad democrática echó raíces profundas en el país y conocerá probablemente, si no se presenta un nuevo colapso del proceso electoral, desarrollos positivos con el gobierno que saldrá de las urnas el 30 de mayo. Juan Manuel Santos, del Partido de la U, es visto desde ya como el candidato presidencial con más posibilidades de ganar.
Por el contrario, los enemigos de la seguridad democrática fueron sancionados por el electorado. El más vehemente de ellos en el Parlamento, el Polo Democrático (comunista), quien trabajó esa elección como ninguna otra formación política, se desplomó: sólo obtuvo un 7.6 % de los votos. Si los guarismos son confirmados por la segunda vuelta, esa minoría perderá tres o cuatro senadores. Sus ínfulas de ser una opción de gobierno se hunden. Jaime Dussán, presidente de ese partido, y miembro de la fracción más dura del Polo, perdió su curul en el Senado y tuvo que renunciar a la dirección de su movimiento. El electorado no olvidó las visitas de Dussán al presidente Hugo Chávez. Pese a todo, Gustavo Petro, candidato presidencial del Polo, no renuncia. El espera ser elegido gracias a una “coalición antimafia”, es decir contra la nueva mayoría parlamentaria, a la que no vacila en insultar de esa forma. Bello respeto de la ciudadanía. El quiere arrastrar a esa aventura al Partido Liberal y a los Verdes (4,3%). Pero nada asegura que él seducirá a ese electorado.
El Partido Liberal fue durante el siglo pasado una formación mayoritaria, un partido de gobierno importante. Con el Partido Conservador, fue un pilar de la democracia representativa. Empero, ocho años después de la querella con los uribistas, el PL no ha logrado superar esa crisis, ni aumentar su caudal. El PL está hoy dominado por una clique discordante que se dice socialdemócrata pero que no es capaz siquiera de ser coherente con esa doctrina. Corrientes extremistas, como la que dirige la senadora Piedad Córdoba, agente de influencia de las Farc, minan ese partido desde dentro. El 16% obtenido el domingo relega al PL a un tercer lugar y confirma la gravedad de su marasmo.
El segundo mensaje del pueblo fue enviado a las Farc. Tremenda bofetada le dieron los electores a la banda genocida de Alfonso Cano: sus asesinatos antes de los comicios, sus amenazas de nuevos atentados y secuestros, no desmovilizaron a nadie. Las elecciones del domingo fueron una de las más pacíficas de la historia de Colombia. Un ejemplo: “En Algeciras (Huila), donde el nivel de participación en elecciones anteriores solo había alcanzado un 20% por causa de la violencia, esta vez fue casi del 40%”, constató un diario bogotano. El trabajo realizado por 250 000 soldados y policías explica esto. El 14 de marzo, a través de su agencia Anncol, las Farc recomendaron votar por algunos personajes del Polo. Exactamente, respaldaron a Gloria Inés Ramírez, Piedad Córdoba, Carlos Lozano, Jorge Enrique Robledo y Fernando Garavito, por ser “candidatos honestos”. El electorado rechazó tal valoración. (Ver : http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102197)
Esa jornada también lanzó una señal hacia el presidente Chávez, quien desde hace meses intenta vetar toda candidatura presidencial uribista. Asegura que un presidente como Juan Manuel Santos arruinaría todo acercamiento entre los dos países. Sus agentes están muy activos en ese terreno. Un candidato del Polo fue filmado cuando mendigaba ante un alcalde venezolano una reunión con colombianos. Gustavo Petro tuvo que reconocer y repudiar el vergonzoso hecho. Más grave aún: un documento secreto de cinco páginas, probablemente de la Inteligencia Militar venezolana, descubierto por los servicios colombianos, le permitió declarar al presidente Álvaro Uribe que “un gobierno extranjero” (no mencionó a Venezuela) busca “hacer de Colombia un rehén (de ese país)”. Según un diario de Medellín, el mandatario colombiano tiene en sus manos ese texto y por eso “decidió denunciar ante la opinión pública internacional para pedir que no se permita que ‘Gobiernos extranjeros veten a nuestros candidatos ni impongan candidatos a la Presidencia de Colombia’” (Ver El Colombiano, Medellín, 10 de marzo de 2010). Tal texto se intitula “Hoja de ruta 2010. Relaciones bilaterales Colombia-Venezuela”.
Nadie ignora que Hugo Chávez intenta hacer en Colombia lo que ya hizo, con éxito, en Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua, y con resultados mediocres en Perú, Panamá y Honduras: impulsar sus peones como candidatos, mediante juegos financieros, propagandísticos y violentos. Por ahora, su plan no le está saliendo bien en Colombia, como se vio el domingo pasado, pero la confabulación no ha terminado. La amenaza contra las elecciones colombianas sigue viva.
Según los autores de la “hoja de ruta”, la operación destinada a “influir en el cambio de Colombia", incluye "abrir o profundizar canales de diálogo" con varios sectores, como partidos, sindicatos, movimientos indígenas y de derechos humanos. A los protervos que se presten a eso, Caracas les ofrecerá “dádivas y expectativas de negocios”, aunque el documento precisa que los anzuelos no se deben “limitar” a eso. Según el diario El Tiempo ese documento dice que “los cónsules venezolanos están jugando un papel clave en la recolección de información para [esa] estrategia”. Esos cónsules deben "estar atentos, escuchar, informar (...) Reducir las actuaciones, con discreción y sin que se den negativas directamente. La idea es que la población colombiana sienta que la decisión sobre las bases estadounidenses tiene consecuencias". (El Tiempo, Bogotá, 14 de marzo de 2010)
¿Tiene algo que ver ese plan subversivo extranjero con el súbito colapso informático, realizado por piratas cibernéticos que colapsó la transmisión de resultados de las elecciones del Congreso a la Registraduría el pasado domingo?
Andrés Guzmán, abogado de la firma contratada por la Registraduría para transmitir esos datos, aseguró que hubo un “ataque planificado y sistematizado porque se hicieron más de 75 mil accesos por segundo, lo que no ocurre ni en las páginas más visitadas del mundo” y que detrás de este ilícito había probablemente “una organización criminal de delincuentes informáticos”.
Otros hechos curiosos perturbaron la jornada electoral. Sin avisar, la Registraduría cambió el lugar de muchas mesas de votación en Bogotá. Ello ocurrió sobre todo en los barrios del Norte donde predomina un electorado uribista. Lo peor fue que el escrutinio de las consultas internas de los partidos Conservador y Verde fue brutalmente interrumpido en todo el país y los desórdenes empezaron a propagarse. Un centenar de seguidores del Polo, y del Partido de Integración Nacional, irrumpieron violentamente en Corferias, de Bogotá, donde se hacían escrutinios, para exigir nuevos datos, porque algunos de sus candidatos, dijeron, estaban perdiendo la curul. La Policía tuvo que intervenir contra un grupo que iba a romper los ventanales. El escrutinio fue suspendido “por falta de garantías”. La Policía evacuó el lugar y los delegados de los partidos se retiraron pero un grupo de 15 personas, del Polo y del Pin, se declararon en “huelga de hambre” y se negaron a salir. Miembros del Partido Conservador advirtieron a las autoridades “que no era conveniente que personas extrañas se quedaran en un recinto donde todavía hay votos por contar”. Sin embargo, los del Polo permanecieron allí varias horas. (Ver El Tiempo, 18 de marzo de 2010).
Los delitos contra la pureza del sufragio fueron relativamente pocos. El chileno Enrique Correa, jefe de la Misión de Veeduría Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), dice haber comprobado la “compra de votos en al menos seis de los 32 departamentos del país”. Empero, otra misión de observación, la del Senado español, no constató tales irregularidades, aunque después recomendó que se acataran las conclusiones de la comisión de la OEA. La misión española declaró que “ninguno” de sus miembros “fue testigo de las irregularidades reportadas por otras delegaciones e incluso por ciudadanos durante su estancia en cerca de 40 centros de votación” en Colombia. "Nuestra observación electoral nos ha permitido a lo largo del día 14 de marzo constatar que no ha habido ningún incidente digno de mención durante la jornada", subrayó la misión. (Ver Diario Exterior, Madrid, 16 de marzo de 2010).
Como la Registraduría no explicó en qué consistía la elección del Parlamento Andino, los votos en blanco fueron, en ese rubro, más altos que los otros votos. A los colombianos en Europa no se les permitió participar en la consulta interna de los partidos. En Medellín, 80 escrutadores recibieron atención médica porque presentaron síntomas de intoxicación. Siete fueron hospitalizados. En todo caso, lo decidido por las autoridades frente a las internas del conservatismo y de los verdes dejó en el aire un punto capital: saber quién será el candidato de los conservadores. El Partido de la U quiere aliarse con ese partido desde la primera vuelta de la elección presidencial. Si el candidato conservador es Andrés Felipe Arias ello es posible. Noemí Sanín tendría otra visión. Esos dos partidos perdieron casi una semana de negociaciones por esa razón. ¿Una artimaña más para bloquear al uribismo?
En otras palabras, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral actuaron como enemigos del sufragio universal. Extraño fenómeno que ocurre por primera vez en Colombia y que llama la atención del país entero. ¿Hay manos extrañas en lo que pasó? ¿Se trata de un puro desajuste de un organismo que no ha sido modernizado desde hace años? El presidente Uribe criticó, en todo caso, la actuación del Registrador y dijo que las irregularidades se deben a la “politiquería”. Muchos piden la renuncia del registrador pero éste dice no ser culpable de nada. La disposición constitucional que indica que el CNE puede remover al registrador, había sido derogada. ¿Carlos Ariel Sánchez es intocable?.
La conducta de la Registraduría es anómala. ¿Hay en este asunto una interferencia deliberada interna? Carlos Ariel Sánchez había sido nombrado por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, entidades que se oponen, cada vez con mayor virulencia, a las políticas del poder ejecutivo. El poder judicial intenta, por otra parte, poner de rodillas al poder legislativo, mediante una cascada de procesos dudosos contra los senadores y representantes, donde abundan las arbitrariedades. Todo se hace en nombre de la lucha legítima del poder judicial contra la penetración de los grupos violentos en el Parlamento.
Ello permite a pensar que la perturbación “técnica” de la elección del domingo podría ser un coletazo adicional, nuevo y muy grave de esa guerra de guerrillas que la CSJ, sobre todo, ha impuesto al poder ejecutivo y al poder legislativo. Si el gobierno no descubre el origen de lo qué está pasando nuevos disturbios deberían estallar en la segunda vuelta de las legislativas y en las dos vueltas de la elección presidencial, dentro y fuera del sistema electoral.
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