Retroceso en la Registraduría

Humberto de la Calle

El Espectador, Bogotá

Marzo 21 de 2010

Es un hecho que, después de una curva de mejoramiento, la Registraduría ha tenido un serio traspié en el conteo de los votos el pasado domingo.

Un primer punto es que no vale la pena personalizar el asunto e irse contra el doctor Sánchez. Sólo me permitiría decir con todo respeto dos cosas: la decisión de dejar para el final la contabilización de las consultas internas, aunque basada en razonamientos institucionales respetables, fue un error estratégico. Si el orden hubiese sido el inverso, a las siete de la noche se habría resuelto el problema de las consultas. De allí en adelante, la gente es menos impaciente en relación con los resultados de Congreso y la insatisfacción con cualquier demora tiene menos impacto nacional. En segundo lugar, quizás faltó un plan B de comunicaciones. Como lo ha dicho el Registrador, los datos estaban allí pero hubo fallas en la difusión de los mismos.

Pero también hay problemas estructurales que escapan a la administración. No hemos logrado un sistema electoral sencillo y transparente. Como a esto se suman factores exógenos a la organización electoral, como la compra de votos o la influencia del paramilitarismo, el cuadro que resulta es inquietante. Unas fallas agravan otras y renace el fantasma del fraude, tan arraigado en el disco duro de los colombianos.

Cuestión todavía por aclarar: la ley permite la celebración de convenios interadministrativos. Si una entidad pública necesita algo que otra entidad pública puede proveer, ¿para qué acudir a los particulares? Esa es la razón por la cual se permite la contratación directa. Lo malo es que en el pasado este camino ha sido usado simplemente para evadir la licitación. La entidad pública beneficiaria del convenio simplemente subcontrata a dedo y termina por este camino favoreciendo a unos particulares. Por eso la ley 1150/07 condiciona la celebración de este tipo de convenios a que tengan “relación directa con el objeto de la entidad ejecutora”, para que no se limite a servir de comodín para beneficiar a los terceros particulares.

La pregunta es si UNE, entidad contratada por la Registraduría, tenía “relación directa” con el conteo de votos, o si simplemente ostentaba una relación indirecta, dado que su objeto genérico es la comunicación. Y que por tanto, como se afirma, acudió a subcontratar firmas privadas sin mayores antecedentes en el tema.

Más allá de una aclaración completa de esta situación, lo cierto es que un cambio abrupto de contratista en diciembre, mediante un sistema distinto a una licitación que hubiese asegurado una experiencia concreta en el conteo de votos, hacía presagiar le presencia de problemas. Problemas que a su vez la Procuraduría, por intermedio de la doctora María Eugenia Carreño, detectó a pocos días de las elecciones.

Como sigue rondando el fantasma de los contratos interadministrativos, en beneficio de empresas públicas respetables pero inexpertas, es conveniente que los administradores públicos, tanto del orden nacional, como en otras dependencias administrativas, el Distrito Capital entre ellas, piensen dos veces antes de dar un paso que, además de ilegal, cuestionable y opaco, puede resultar desastroso.

Ojalá esto no se repita en unas elecciones presidenciales que pueden resultar altamente reñidas.