Dignidad nacional en la OEA

Editorial

El Mundo, Medellín

Marzo 20 de 2010

Tendrán que definir si actúan en derecho, como de ellos se espera, o si confirman el sesgo anti-colombiano que se ha vuelto característico de sus actuaciones, especialmente en el gobierno de Uribe

Con la dignidad que le hemos pedido a nuestra Cancillería en las tortuosas relaciones con los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez, el Embajador de Colombia ante la OEA presentó el alegato mediante el cual se pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, declarar su falta de competencia para investigar la muerte del ciudadano ecuatoriano Rafael Aisalla en el campamento de las Farc en Angostura, Ecuador. Seguidamente, el diplomático abandonó la sesión de apertura de investigación a la demanda presentada por Ecuador por lo que ese país considera son violaciones a los derechos del ciudadano que permanecía en el campamento con el jefe guerrillero alias Raúl Reyes. En la misma audiencia señaló que responderá las preguntas de la Comisión y las intervenciones del gobierno ecuatoriano, únicamente por escrito.

Colombia sustenta su solicitud a la Cidh para que declare su falta de competencia fundada en que este organismo fue instituido en 1969 para controlar violaciones a los derechos humanos por los estados signatarios del tratado de San José de Costa Rica, siendo Colombia el segundo de ellos. Ahora, en el combate a las Farc “su acción ha sido legal y legítima, enmarcada en el respeto y protección de la vida, dignidad y libertad de las personas y no pisoteando vilmente el derecho, como lo hacen sus adversarios”, como señaló el Embajador y ha sido reconocido por las distintas instancias multinacionales y otros países. Reclamar que sus actuaciones en una Operación que se cumplió siguiendo estrictamente las exigencias del Derecho Internacional Humanitario sean así reconocidas por las instituciones competentes, es el mínimo derecho que tiene un Estado obligado a defenderse de peligrosos narco-terroristas aliados a gobiernos que deberían ser amigos, pero que se convierten en peligrosas talanqueras contra esta dura lucha por conquistar la seguridad y la paz para el pueblo colombiano.

Los magistrados de la Comisión deben iniciar el proceso definiendo su competencia para atenderlo, con mayor razón si recordamos que este es apenas el segundo conflicto binacional sometido a su jurisdicción en 50 años. Aupados por la Procuraduría ecuatoriana, que se trasladó con toda su capacidad de presión a Washington, y presionados por los activistas de extrema izquierda asentados en esa capital, tendrán que definir si actúan en derecho, como de ellos se espera, o si confirman el sesgo anti-colombiano que se ha vuelto característico de sus actuaciones, especialmente en el gobierno de Uribe.

El pasado 26 de febrero, recibimos con interés la decisión del juez de Sucumbíos, Francisco Revelos, de declarar el sobreseimiento de los responsables de la Operación Fénix, el ex ministro Juan Manuel Santos y los generales del Ejército Freddy Padilla de León y Mario Montoya Uribe, y de la Policía, Óscar Naranjo, a quienes su predecesor pretendía enjuiciar. En Ecuador, esta noticia que contribuía al proceso de aproximación binacional, generó inesperadas reacciones. Alfredo Alvear, encargado de la Fiscalía General mientras su titular comparece a un juicio político, recusó al juez buscando la reapertura del proceso. De inmediato, el presidente Rafael Correa exigió que no se olvidara que se había cometido “un delito” y que “no puede haber delito sin delincuentes, sin autores, cómplices y encubridores”. La sucesión de hechos mostró, pues, que el vecino no está tan interesado en esa aproximación como lo había querido mostrar el presidente Correa cuando necesitó de nuestra energía eléctrica para salvarse de un racionamiento que para él tenía costo político.

En los últimos días, el gobierno ecuatoriano había comenzado a mostrar su reversa en el proceso de aproximación a Colombia. Ahora, y valiéndose de la actuación del embajador Hoyos al notificar su determinación de no permitir manoseos al país por la Cidh, el presidente Correa anuncia nuevas talanqueras al proceso de aproximación al revivir la exigencia, que él como Jefe de Estado sabe que es imposible de atender, de que Colombia le entregue la valiosa información de inteligencia depositada en los computadores del alias Raúl Reyes. Mientras le muestra una vez más los dientes a Colombia, las cancillerías ecuatoriana y venezolana han comenzado a preparar la reunión de mandatarios prevista para el próximo 26 de marzo en Quito, con el pretexto de afinar su cooperación económica. Una vez más, la animadversión del coronel-presidente contra Colombia y sus líderes, como el ex ministro Santos, logra un pequeño éxito –como de costumbre a costa de su poder petrolero- en la reconstrucción de su ascendiente sobre Correa, que parecía declinar.

En su declaración ante la Cidh en Washington, el embajador Hoyos notificó que “el problema de Colombia no es con el hermano Ecuador, sino con un grupo de asesinos, narcotraficantes, terroristas y secuestradores llamados Farc”. En contravía con esta postura institucionalista y a favor de las alianzas con el coronel Chávez, el presidente Correa reincide en sus señales en el sentido de que su malquerencia es con el Estado colombiano y de que sus amigos son los guerrilleros de las Farc.