Editorial
El Heraldo, Barranquilla
Marzo 18 de 2010
La ponencia negativa por parte del magistrado Iván Palacio sobre la constitucionalidad de la Emergencia Social no asegura un camino fácil y corto de transitar para que la Sala Plena de dicho alto tribunal de justicia ratifique la decisión de declarar inexequible tan controvertido estado excepcional. Según Palacio —el magistrado, no el Ministro de la Protección Social—, la ponencia negativa obedece a que la crisis de la salud es estructural y no hay elementos que sustenten un hecho concreto que amerite declarar la Emergencia Social. Sin embargo, parece que la Sala Plena de la Corte Constitucional se tomará unos cuantos días más para expresar su acuerdo o desacuerdo con esta postura. Con toda certeza, la decisión final no será tan expedita como la que condujo a la inexequibilidad del referendo reeleccionista.
Si la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, seguramente en su sesión del próximo miércoles, llegase a confirmar la negativa del magistrado ponente Iván Palacios, este hecho tendría varias implicaciones que merecen considerarse en esta especial circunstancia. Primero, ratificaría lo que muchos actores del sector argumentaron cuando el gobierno declaró la Emergencia Social a través del Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009. Entre estos actores estaban el gremio hospitalario, los profesionales de la salud, las asociaciones de usuarios y expertos constitucionalistas como José Gregorio Hernández y Carlos Gaviria Díaz. De igual forma esta decisión, que tumbaría los decretos legislativos que más controversia han suscitado entre los colombianos en los últimos años, concordaría con el concepto del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, que manifestó que el sistema de salud adolece de fallas estructurales, debiéndose además haber utilizado por el ejecutivo las vías ordinarias para proponer y construir las soluciones que dicho sistema necesita.
La decisión de la Corte Constitucional acabaría así con la discusión de si los colombianos deben utilizar o no sus cesantías para cofinanciarse los servicios de salud que requieran pero que no estén en el POS. También cesaría la discusión de si los profesionales de la salud pierden o no su autonomía intelectual, lo mismo que si se les quitaría a los galenos el temor que les generó el tener que pagar sanciones por no cumplir con los estándares que habrían de ser reglamentados por el Ministerio de la Protección Social para el manejo de las diferentes enfermedades.
Esta ‘caída’ de la Emergencia Social sería un duro golpe para el gobierno y principalmente para el presidente Uribe y su ministro Palacio, pues precisamente el desgaste que les significó convencer a propios y extraños sobre las ‘bondades’ de ese estado excepcional se tradujo en la mayor pérdida del capital político acumulado por el primer mandatario en sus ocho años de gobierno y la afectación de manera muy importante de la popularidad que igualmente ganó en sus dos períodos presidenciales.
Igualmente, de confirmarse la inconstitucionalidad de la Emergencia Social, se generaría un status de incertidumbre generalizado para el sector salud en el país, que incluso podría ser peor que el mismo caos que se generó cuando el gobierno decretó la Emergencia Social en diciembre pasado. Las entidades territoriales, las EPS del contributivo y del subsidiado, los hospitales públicos y las clínicas privadas iniciaban un nuevo esquema de financiación del sistema en los próximos días, y dicho escenario quedaría sin piso si hay declaración de inexequibilidad por la Corte.
De caerse la Emergencia Social, el gobierno probablemente deberá recurrir a su bancada parlamentaria para que en lo que queda de la actual legislatura, vía Congreso de la República, se puedan ‘salvar’ los incrementos tributarios que se definieron en dicho estado excepcional, de tal modo que el escenario financiero que se había construido para aportarle nuevos recursos al sistema de salud no se caiga igualmente.
Por los lados de Barranquilla sólo se espera que si se llegase a caer la Emergencia Social, quienes están en el régimen subsidiado y que desde el pasado mes de febrero vienen recibiendo el mismo POS del régimen contributivo no llegasen a perder estos nuevos derechos que empezaron a disfrutar por este mes y medio de prueba piloto de igualación del POS, sin duda uno de los grandes aciertos de la administración de Alejandro Char. Se esperaría que por parte de los gobiernos nacional y distrital se les garantizara la total certeza de la existencia de recursos suficientes para culminar dicha prueba piloto de un semestre de duración, pero que también continuarán recibiendo esos mismos servicios una vez se supere esta fase de experimentación. Al margen de lo que ocurra en la Corte, es preciso garantizar estos recursos.
Barranquilla, que puso la cara por el gobierno, no puede quedar ahora en el aire.
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