Luis Ernesto Ruiz Cardozo
Vanguardia Liberal, Bucaramanga
Marzo 17 de 2010
Sólo con el título de esta columna ya alguno debe estar incendiando mi opinión, pero es un tema que merece ser dialogado. Las sociedades a lo largo de la historia se han construido de leyes, de fueros especiales para las personas que cumplían una función especial dentro de la misma. En nuestros tiempos los congresistas lo usan, los sindicalistas usan de él para defenderse en su trabajo, las autoridades religiosas gozan de él en ciertos casos y la pregunta sencilla es por qué la gente del común ve cómo imposible que los miembros militares gocen de este fuero, de la Justicia Penal Militar. Cada uno mira la Justicia dependiendo de los intereses que estén en juego. Se ha acomodado ella en épocas coyunturales para resolver grandes conflictos, ejemplo: el holocausto del Palacio de Justicia y la admitía solo para el M19; la Ley de Justicia y paz de creación reciente para juzgar crímenes de los mal llamados paramilitares incluso a los Narcoterroristas desmovilizados; de este conflicto ha nacido dentro de la guerra jurídica los llamados falsos positivos para comprometer a quienes están de lado de la institucionalidad y se han abierto los anaqueles para atizar las llamas del Palacio de Justicia, para jugar a la parte que dentro las instituciones hizo frente a los hechos acaecidos.
Alguno dirá que la Justicia soporta al Estado y es ineficaz, pero sí sirve cuando protege a aquellos que se acusa de terrorismo y visten de miembros de organismos sociales y no gubernamentales; pero, debe ser implacable con quien en su momentos los enfrenta.
Vamos a ver si el Consejo de Estado hace valer su decisión del pasado 15 de Enero cuando admitió demanda y suspendió provisionalmente el acto Administrativo que fue suscrito entre el ministro Camilo Ospina y el fiscal Mario Iguarán para que la Fiscalía tuviera la prioridad de investigar a los militares.
Lo digo porque la cacería de brujas retoma fuerzas cuando se anuncia investigación contra el General en retiro, Mario Montoya, quien ha sido el comandante del ejército en uno de sus más brillantes períodos en la lucha contra el narcoterrorismo y ahora cualquier testigo perverso lo vincula con paramilitares. En este país se volvió fácil acusar, difícil sustentar y los medios dar por veraz cualquier acusación.
Estamos construyendo de manera inapropiada una legislación laxa para criminales natos y una severa para quienes defienden la institucionalidad de una sociedad. Creo y dejo la propuesta que foros académicos y políticos que debatan el tema para lograr una verdadera ley de equilibrio en justicia y paz que de verdad nos lleve a caminos de reconciliación en donde perdón, olvido y reparación a las víctimas, sea el sustento de un nuevo país justo para todos
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