Ricardo Plata Cepeda
El Heraldo, Barranquilla
Marzo 18 de 2010
A mediados de 2008 la Corte Constitucional emitió dos sentencias, una ordenaba elevar las prestaciones del régimen subsidiado al nivel de las del contributivo, y la otra, atender los requerimientos por encima del POS para ambos regímenes. Ello generó una escalada de costos que se estima llegarán pronto a nueve billones de pesos anuales. Además, en los últimos siete años mientras el número de beneficiarios del régimen subsidiado pasó de 12 a 24 millones, el de cotizantes del régimen contributivo (los que pagan) pasó de 6 a sólo 10 millones. Todo lo anterior tenía a muchos de los actores públicos y privados del sistema al borde del despeñadero financiero.
Ante la crisis y el vencimiento del plazo de la Corte, el ministerio del ramo expidió en enero quince decretos de rescate. En cápsulas veamos algunos: El 115 hace un poco de reingeniería burocrática para atender los demás decretos; el 126 privilegia las urgencias para acabar con los ‘paseos de la muerte’; el 127 adiciona impuestos a varios vicios poco saludables; el 128 intenta regular las “prestaciones excepcionales en salud”, nueva jerga para el No-POS, para lo cual crea, entre otras iniciativas, la pesadilla kafkiana de tener que hacer estudios financieros en la antesala del quirófano; el 129 pretende meter en cintura a quienes debiendo cotizar no lo hacen, especialmente independientes y contratistas; el 131 irritó, con razón, a la comunidad médica por la pérdida de autonomía profesional y persigue conflictos de interés entre EPS y laboratorios, y entre éstos y algunos galenos.
El Decreto 132, hasta ahora desapercibido, crea un patrimonio autónomo nacional que “girará directamente” los recursos a las EPS y a las prestadoras de servicios públicas y privadas, y deroga todos los artículos de las leyes 100, 715 y 1122 que autorizaban a municipios y departamentos a suscribir contratos con EPS para el régimen subsidiado. Esta atesada de la rienda centralista está basada en la presunción, con fundamento, de corrupción e ineptitud de la administración del sistema en muchos entes territoriales, aunque va en contravía del espíritu de la Constitución y del Voto Caribe.
Finalmente, hay que destacar la importancia del plan piloto en marcha en Barranquilla para el régimen subsidiado: El plan de Alex Char y Alex Moscoso, secretario de Salud, está basado en la hipótesis de que estructuralmente el Régimen Subsidiado tiene gastos administrativos inferiores a los del Contributivo, y costos por demanda de servicios también inferiores, para un 20% de menor costo total. Además, gracias a los Paso, se busca proveer un servicio con calidad y 95% de cobertura. Si el sistema funciona, se requeriría menos de un billón de pesos adicionales para unificar el nivel de servicio de los dos regímenes a nivel nacional, en lugar de los varios billones estimados por diversos analistas. El éxito del plan en Barranquilla constituye una esperanza nacional.
En síntesis, la reforma llegó tarde, no por la vía más democrática, pues no pasó por el Congreso, y varios de los decretos requieren enmiendas, sin estar claro cómo efectuarlas. Pero la reforma era necesaria y está en general bien orientada a allegar más recursos, constreñir la corrupción y poner algunos límites al aseguramiento que viabilicen la universalización. Aparte de privilegiar las urgencias, el país sigue en mora de un debate sobre cómo priorizar entre diversas enfermedades, tratamientos y pacientes. Con recursos que siempre serán limitados, no hacerlo implica dejar las prioridades al azar y, por darle todo a todos, se corre el riesgo de un colapso que impediría darle mucho a todos.
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