miércoles, 17 de marzo de 2010

Desenmascaran los terroristas

Editorial

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 17 de 2010

El comandante Hugo Chávez de Venezuela, molesto y acorralado por las decisiones de la justicia española contra la Eta y las Farc, recurre a la turbulenta diplomacia del micrófono y dice: “Si se rompieran relaciones perdería España sus inversiones en Venezuela, el gas y el petróleo, ¿quieren dañar eso?”. Lo que prueba una vez más que considera que los intereses económicos que lo ligan a otras naciones le favorecen y le dan carta blanca para hacer lo que le venga en gana. Él se refiere al caso que se ventila en los tribunales españoles y que compromete seriamente a su gobierno, como si se tratara de una querella política de fuerzas extranjeras que lo adversan y que, Madrid tendrá que detenerse a considerar las grandes inversiones que ese país tiene en Venezuela, para no sufrir las eventuales consecuencias de una las medidas punitivas que contra los intereses de ese país puede tomar el Gobierno de Chávez. El mandatario venezolano se remonta a los acuerdos entre el ex presidente del Gobierno Español, Felipe González, y el ex presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, cuando -según afirma- se acordó que elementos de la Eta fuesen recibidos en Venezuela. El vasco de la Eta, Cubillas Fontán, fue detenido en 1989 en Argelia y el país norteafricano deporta al etarra a Venezuela. Según el auto de proceder del juez español, casi desde el mismo momento de la llegada a Venezuela, el destacado miembro de la Eta reanuda su implacable actividad terrorista y asume la jefatura de esa organización en el vecino país. Cubillas se convierte en funcionario importante del Gobierno venezolano al ser nombrado en 2005 como director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela. Lo curioso es que el comandante Chávez, en cuanto a los efectos de las relaciones de su Gobierno con las Farc, puestas al descubierto por el juez español, y, en particular con Raúl Reyes, dice que lo recibió en el Palacio de Miraflores por petición expresa del entonces presidente Andrés Pastrana, lo que éste y ex funcionarios suyos de confianza niegan rotundamente.


A su vez, el embajador de Venezuela en España asegura que algunos grandes medios de comunicación, como de sectores adversos a la República Bolivariana, buscan enturbiar las buenas relaciones entre los dos países. También, sostiene que se trata de una campaña internacional contra el comandante Hugo Chávez, al que descalifican y se olvidan de que ha sido electo democráticamente. Lo mismo que condena que se desconozca, según él, la independencia de las autoridades judiciales venezolanas. Y afirma, igualmente, en coincidencia con el Gobierno de Caracas, que el régimen no acepta lo que diga la justicia española, mientras no conozca de pruebas irrefutables que demuestran objetivamente el compromiso de los acusados con el terrorismo.


Como se sabe, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investiga los planes de la Eta y las Farc de atentar contra la vida de varias personalidades colombianas, entre otros el presidente Álvaro Uribe, el ex presidente Andrés Pastrana y la ex embajadora Noemí Sanín, procedió a ordenar la captura internacional contra once presuntos miembros de esos grupos terroristas. Se destaca entre los procesados el supuesto miembro de la Eta, Cubillas Fontán, vinculado en el pasado con el Gobierno venezolano y el colombiano Rodrigo Granda, junto con otros sujetos de alta peligrosidad. El juez les imputa varios cargos graves, como tenencia de explosivos, conspiración para cometer asesinatos terroristas, colaboración con organización terrorista y pertenencia. En el mismo auto de procesamiento el juez Velasco acusa al Gobierno de Venezuela de colaborar con los terroristas de Eta y las Farc. Al mismo tiempo el jefe de la oposición en España, el prestigioso dirigente político del PP, Mariano Rajoy, condena severamente la pasividad y pusilanimidad de la Cancillería de su país, dado que considera que el Gobierno tiene el deber ineludible de apoyar a la justicia española. En el mismo sentido se pronuncia el ex presidente José María Aznar, quien rechaza las distintas manifestaciones del terrorismo internacional, los atentados contra la población civil, exige respeto por la justicia de su país y manifiesta la activa solidaridad con Colombia.

A todas estas el gobierno colombiano se ha mantenido discreto en momentos en los cuales el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, de manera infructuosa trató de ejercer sus buenos oficios entre Colombia y Venezuela, para mejorar las relaciones bilaterales, lo que provocó un insolente portazo de parte de la Cancillería de la Casa Amarilla.

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